Una multa de 7.500 euros por una oferta de empleo de “maestro pastelero”

Poner una oferta de empleo y acabar con una multa de 7.501 euros es la realidad que le ha tocado vivir a Gerard. En abril, este panadero puso en la puerta de su establecimiento, «Pa Artesà del Vallés» (Barcelona), un anuncio para buscar un «maestro pastelero» en el que se indicaba el número de teléfono al que debían llamar los «interesados». Sobre este, había otro anuncio en catalán: «Busquem personal per dependentes per a les nostres botigues», (Buscamos personal para dependientas para nuestras tiendas) para las «interesadas». Los anuncios, en apariencia inofensivos, le han costado sin embargo un disgusto a Gerard. La Inspección de Trabajo de Cataluña ha considerado que la oferta de «maestro pastelero» excluía a las mujeres, lo que, a su juicio, constituye una discriminación para el acceso al empleo por motivos de sexo.

Gerard, sin embargo, niega tal discriminación. En declaraciones a LA RAZÓN, explica que el anuncio lo que se buscaba era la «titulación concreta, no géneros» y que en el caso del otro cartel, hubo un error de traducción, ya que en vez de dependientes se puso dependientas. «Creo que no nos merecemos la sanción. La vamos a recurrir y la vamos a luchar porque no somos machistas. Pienso que es un malentendido por parte de la Inspección de Trabajo», asegura.

Gerard recalca que la persona que acabó ocupando el puesto de «maestro pastelero» fue una mujer: «Nosotros vemos que hay buenas empleadas que llevan muchos años en el obrador que podrían aprender el oficio y, aunque no tengan conocimientos, las estamos promocionando e introduciendo en el sector». El artesano añade que de una plantilla total de unos 150 trabajadores, unas son 100 mujeres. «En el obrador, son casi el 80% de la plantilla», dice Gerard.

Las explicaciones del artesano, sin embargo, no le han servido por ahora para librarse de la multa. La Inspección de Trabajo considera que ambos carteles suponen una infracción calificada como «muy grave» en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Así, el artículo 16.1 c) de este Real Decreto Ley 5/2000 establece que las infracciones muy graves son aquellas que solicitan «datos de carácter personal en los procesos de selección o establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones para el acceso al empleo por motivos de sexo», entre otros aspectos. «Lo que se sancionan son las ofertas que son discriminatorias sexualmente. El objetivo de la ley es cambiar esta cultura enraizada», aseguran fuentes de la Inspección de Trabajo.

Procedimiento

La multa de 7.501 euros, aunque abultada, es la mínima legal para una infracción muy grave, que puede acarrear sanciones de hasta 30.000 euros. «La multa siempre se pone en grado mínimo si no hay ninguna circunstancia agravante», aseguran desde este organismo.

«El procedimiento se ha realizado correctamente y la sanción está correctamente tipificada. Sin embargo, personalmente, dentro de mis competencias, hubiera requerido y quitado la sanción del trabajo. Con más razón aún si además han cogido a una trabajadora», admiten también fuentes de Inspección de Trabajo.

Los inspectores de Trabajo tienen la opción de «requerir al sujeto responsable» con el objetivo de que subsane las deficiencias que se hayan podido producir, tal y como recoge el artículo 22 de la Ley 23/2015. A pesar de que desde la Inspección de Trabajo de Cataluña requirieron al dueño de este obrador para que se personara, su trabajo le impidió ir, por lo que fue su servicio jurídico el que representó al negocio «Pa artesà del vallés». No obstante, esto tampoco salió según lo esperado: «Directamente, no nos defendieron, asumieron su error. Después me vino la sanción. No me lo hubiera esperado nunca. Lo que estamos defendiendo es que no se han cometido estos hechos», explica este profesional.

Este error de defensa le puede salir al obrador muy caro. Sin embargo, la resolución da la posibilidad de que si se acepta el pago sin presentar alegaciones, Gerard podría tener un descuento del 40% en su sanción, teniendo que abonar 5.250 euros. A pesar de que Gerard considera que todo es fruto de un «malentendido», volverá a recurrir «presentando nuevas pruebas» con el objetivo de que finalmente archiven el caso.

«Venga quien venga, si es profesional, tiene las puertas abiertas de nuestro obrador», concluye.