Los empresarios pagarían 686 millones más en cotizaciones con el nuevo SMI, 343 euros por empleado

Yolanda Díaz lo ha advertido por activa y por pasiva: «Subiremos el salario mínimo esta legislatura hasta el 60% del salario medio». Ese es el objetivo marcado en su hoja de ruta, que solo puede ser desviado unos grados si el informe elaborado por el consejo de expertos no avala una subida que alcance los 1.100 euros. Fuentes gubernamentales explicaron a LA RAZÓN que la intención de los «sabios» es tomar una «posición media» que evite precisamente alcanzar esa cota, que reclaman los sindicatos, y apuestan por establecer una horquilla de subida entre 1.049 y 1.085 euros, lejos de las pretensiones sindicales de elevarlo entre un 8% y un 10%.

A la espera de este dictamen, que será presentado en los próximos días, ya que Díaz pretende presentar su propuesta de SMI en el último Consejo de Ministros del año, lo que queda claro es que los más beneficiados, además de los trabajadores con ese tipo de sueldo, serán las arcas públicas. Aunque la Agencia Tributaria no podrá beneficiarse de este colectivo por el IRPF, ya que las rentas con ingresos inferiores a 14.000 euros están exentas de presentar declaración, si lo serán las arcas de Hacienda. ¿Por qué? Porque un incremento del SMI tiene como consecuencia inmediata una subida proporcional de las bases mínimas de cotización, que pasarían el próximo año del 28,3% al 28,9%, seis décimas más –las cinco correspondientes a la empresa y una que debe afrontar el empleado–, para llegar a la frontera de los 1.265 euros. Así, las cotizaciones sociales del nuevo salario mínimo pasarán de 4.046 euros al año a 4.389 euros, 343 euros más. Con una simple operación matemática, la Seguridad Social engordará sus ingresos en alrededor de 686 millones extras.

Pero este es solo uno de los aspectos negativos que los empresarios aducen para rechazar esta subida «en una situación económica como la actual», advierte Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, cuya patronal presentó ayer un estudio sobre el impacto de las subidas del SMI desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, en el que detallan que se han quedado por el camino 217.500 empleos, los correspondientes a los 71.600 trabajadores que han perdido su puesto de trabajo y los 145.900 que no se han creado. Por ello, el estudio alerta sobre las «nocivas consecuencias» de esta subida para el tejido empresarial, especialmente para las pymes, «en un contexto en el que los costes de las empresas llevan subiendo varios trimestres consecutivos por encima del 20%, mientras que las ventas se desaceleran».

La patronal de las pymes teme que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, decida en los próximos días aumentar esta renta mínima para 2023 de forma unilateral por segunda vez, bajo el único soporte de los sindicatos CC OO y UGT y con el rechazo frontal de los empresarios. El estudio señala como razón principal para este rechazo el incremento del 35,9% que ha experimentado el SMI desde 2018, desde los 735,9 euros mensuales a los 1.000 euros actuales. Además, el compromiso del Gobierno de situarlo en el 60% del salario medio español en 2023 está casi conseguido, ya que en la actualidad está ya casi en el 56% del salario medio –incluso en varias comunidades está ya por encima de esta cifra–, mientras que en la mayoría de países europeos está en el 40% de media.

Recuerdan también en el informe que elevar el salario mínimo conllevará una nueva subida de cotizaciones. Así, las bases mínimas se han elevado cerca de un 40% desde 2018. «Y con la nueva subida del SMI sumarán un incremento del 46% desde ese año», apunta. Asimismo, los expertos de Cepyme alertan sobre que esta situación afectará sobre todo a los trabajadores con menor cualificación y los más vulnerables. En concreto, la tasa de creación de empleo en tareas elementales se ralentizó hasta el 2,8%, frente a la tasa registrada entre 2013 y 2018, que se situaba en el 13,4%.