PSOE y Sumar frenan el ahorro de 1.100 millones para las familias y empresas pactado por PP y Junts al suprimir el impuesto eléctrico

El Gobierno ha puesto en marcha la maquinaria parlamentaria para evitar que salga adelante la enmienda del PP y Junts para suprimir el impuesto a la generación eléctrica. La Mesa de la Comisión, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, han convocado una reunión de última hora para aplazar sin fecha fijada la convocatoria la comisión, que en se pretendía celebrar este jueves.

El PP y Junts habían "colado" la enmienda en la ley por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que iba a votarse este jueves en la Comisión de Transición Ecológica que preside la ex ministra Cristina Narbona.

La enmienda contienen la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica cuando no haya déficit de tarifa. Actualmente este tributo está fijado en el 7% y con la reforma aprobada pasará atipo 0 siempre y cuando no haya déficit de tarifa.

Fuentes populares informan de que la suspensión de este impuesto supondrá un ahorro estimado de 400 millones para las familias españolas. En el caso de las pymes, el ahorro será de 500 millones, y de 200 millones para grandes industrias. El PP argumenta que, este impuesto, que no existe en el resto de países de la UE, hace "menos competitiva" a la industria española.

A fecha 31 de diciembre de 2023, la deuda del sistema eléctrico era de 7.866,17 millones de euros, un 21,47% inferior al importe total a fecha 31 de diciembre de 2022 (10.016,45 millones), según el Informe sobre el estado de la deuda del sistema eléctrico. Se estima que la deuda del sistema quede extinta en 2028.

Respecto al déficit, el sector eléctrico registró un déficit provisional de 849,97 millones de euros entre enero y septiembre, según la novena liquidación provisional de 2024 publicada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta liquidación se acumula a las anteriores del ejercicio 2024, sumando un total de 3.493,56 millones de euros (antes de IVA o impuesto equivalente), desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre.

Después de 14 años consecutivos de generación de déficit, en 2014 resultó un superávit en el sistema eléctrico (550,3 millones). Desde entonces, resultaron superávits en el sistema eléctrico en los siguientes ejercicios hasta 2018, si bien cada año de menor cuantía. En 2019, volvió a producirse déficit, mitigado por el superávit existente.

En 2020 se generó de nuevo un superávit de 115,7 millones de euros, tras haber aplicado la parte del superávit que aún quedaba para cubrir los desajustes. En 2021 se generó un superávit de 772,4 millones yen 2022, se registró un superávit histórico de 6.190 millones.

En 2023, el sistema se anotó un déficit de 2.212 millones por la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno para reducir el impacto de los precios de la energía. En este caso, el histórico superávirt del año previo palió el desajuste y el saldo quedó con un superávit de 3.200 millones

Revés al Gobierno

Las dos formaciones introdujeron en la fase de ponencia una enmienda transaccional con este propósito al proyecto de ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.La iniciativa prosperó porque contó además con el apoyo de Vox, ERC y PNV.

Este impuesto, calificado como medioambiental, se creó con la finalidad de reducir el déficit de tarifa del sector eléctrico tal y como aclaró la Ley de PGE de 2013 (Ley 17/2012 de 27 de diciembre).

Sin embargo, como argumenta Junts en su enmienda, recogiendo el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria de 2022, este tributo "no produce más beneficios medioambientales que los originados por sus efectos positivos sobre la eficiencia y ahorro energéticos que, en todo caso, pueden ser obtenidos por los tributos cuya fundamentación especialmente se dirige a ese efecto (IEE)".

El Gobierno llegó a suspender una primera convocatoria de la ponencia por falta de apoyos a sabiendas del riesgo de que algunas enmiendas salieran adelante.

También utilizó el poder de veto que tiene constitucionalmente reconocido sobre una enmienda de Junts para eliminar ese impuesto porque supondría una pérdida de recursos de 1.500 millones de euros; a la vez que vetó una enmienda del PP para rebajar el IVA temporalmente a determinadas entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de productos energéticos,por suponer una merma de 2.450 millones de euros.

Pero en la fase de ponencia, las formaciones de Feijóo y Puigdemont redactaron una nueva enmienda transaccional que se incorporó al texto a pesar del voto en contra del Gobierno.

En esa reunión de ponencia, que fue a puerta cerrada el lunes por la tarde, también se aprobó una enmienda del PP para favorecer la continuidad de la industria de cogeneración.

La ley, con las enmiendas aprobadas, tiene que ir a comisión, que ya se reúne en audiencia pública. El PP confía que en esto nuevo trámite el PSOE y Sumar "no intenten maniobrar" para bloquear la convocatoria de la comisión e impedir que el informe de ponencia que incorpora las enmiendas vea la luz.