Los altos cargos de la Inspección de Trabajo se suman a las protestas: "No aguantamos más"

Las protestas, concentraciones y paros se extienden en la Inspección de Trabajo a todos los niveles, incluidos los altos funcionarios, ya que muchos de ellos han decidido unirse abiertamente a las protestas porque "no aguantamos más. La falta de medios y los incumplimientos reiterados del Gobierno a sus promesas nos están llevando a una situación insostenible", explicaron a LA RAZÓN fuentes de estos altos empleados públicos. Por eso, muchos de ellos han decidido apoyar "con claridad" las reivindicaciones y sumarse a las nuevas concentraciones que tendrán lugar los días 7 y 12 de junio frente a los centros de trabajo de la Inspección en todas las capitales de provincia.

Los sindicatos convocantes (CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess) dejan claro que estas manifestaciones son ya el paso previo a la huelga total y de carácter indefinido prevista a partir del 26 de junio. "No nos vale que ahora nos vendan un enfrentamiento entre el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y el de Hacienda y Función Pública de María Jesús Montero si la conclusión es que siguen sin dar una solución a los profundos déficits que padecemos y que no quieren solucionar. Estamos en el límite y por eso mantenemos la convocatoria de huelga general". Por ello, "no vamos a cejar en la denuncia, con independencia del periodo electoral en el que entramos, y en la realización de cuantas acciones consideremos pertinentes para defender a nuestra institución y a que se sustancien todas las medidas correctoras que se recogieron en el acuerdo".

Los sindicatos continúan sin dar su brazo a torcer y han vuelto a exigir la "dimisión inmediata" de Díaz y Montero por todo eso y por incumplir el acuerdo firmado en 2021 para reforzar la ITSS y que derivó en el "Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023", aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros a finales de ese año, pero que todavía no se ha implementado junto con el plan de modernización del organismo a través de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), también pendiente de aplicación.

Estas nuevas concentraciones son consecuencia del fracaso de las últimas reuniones mantenidas con representantes de Trabajo, en la que responsabilizaron directamente a sus colegas de Hacienda de la negativa para dar el visto bueno a la reforma de la RPT del organismo y al cumplimiento del acuerdo firmado en 2021 para el refuerzo de la institución, que sigue sin aplicarse. Con este acercamiento con los sindicatos por parte de Trabajo se pretendía evitar la paralización del organismo y la convocatoria de huelga, objetivo que no lograron. Ni siquiera después de último ofrecimiento de Montero de un incremento de 781 efectivos para inspectores y subinspectores y unos ingresos extras por productividad de seis millones de euros. Los sindicatos calificaron esta propuesta como "ilegal", porque solo se puede ampliar la plantilla a través de la nueva RPT, "algo que no se ha hecho pese a que está aprobada y publicada".