Jaime Rodríguez de Santiago (Airbnb): “En España hemos visto normativas más basadas en eslóganes que en datos”

Airbnb lleva años en el disparadero del Gobierno, pero la ofensiva regulatoria se ha intensificado en los últimos meses, en medio de una implacable crisis de vivienda de la que el Ejecutivo responsabiliza, en buena parte, a los pisos turísticos. En la misma semana en la que ha entrado en vigor el registro único de alquiler de corta duración, director general de Airbnb para España y Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago, advierte en declaraciones a LA RAZÓN de las dificultades técnicas y legales del proceso, critica la falta de coordinación normativa en España y pide regulaciones “basadas en datos y no en eslóganes”. Defiende el potencial del alquiler de corta duración para revitalizar la España vaciada y denuncia que los listados de anuncios ilegales que les exige retirar el Ministerio de Consumo son “indiscriminados” y jurídicamente cuestionables.

¿Cuántos pisos de Airbnb se han dado ya de alta en el registro?

No tenemos datos que comunicar todavía, pero vamos a vivir un periodo de transición. Esta normativa inicialmente estaba prevista para que entrara en vigor en mayo de 2026 de acuerdo a la normativa europea. En España se han adelantado y yo creo que estamos todos trabajando con la mejor voluntad para que se implemente, pero obviamente vamos descubriendo dificultades en el proceso. Va a llevar un tiempo hasta que nos asentemos en esta nueva realidad normativa.

¿Cómo se procederá con los anuncios sin código de registro? ¿La plataforma los bloqueará?

Las plataformas nos integramos en una API del Gobierno, que va a tener acceso a toda la actividad que suceda en las plataformas. Si las autoridades detectan cualquier alojamiento que no cumple con determinada normativa, nos pueden dar los datos y se retira. Eso sucedía antes y va a seguir sucediendo con normalidad.

Previamente Airbnb ha dicho que era una normativa desproporcionada que perjudicaría al turismo.

Lo que hemos señalado es que no se ajustaba a lo que inicialmente planteaba la normativa europea, un registro único. Aquí en España tenemos un registro doble y a veces triple, porque necesitas el permiso municipal, el registro autonómico y luego el registro nacional. Todo esto son trabas que dificultan el objetivo final. Lo otro a lo que nos hemos referido es la necesidad de que las normativas se basen en datos. Lo que hemos visto muchas veces en España, yo he sido muy crítico, son normativas más basadas en eslóganes que en datos. El motivo de esta normativa es que exista una compartición de datos que permita hacer regulaciones justificadas y proporcionadas.

Consumo os ha pedido retirar casi 66.000 anuncios ilegales. El TSJ de Madrid ha respaldado retirar al menos 5.800. Aún así se niegan. ¿Por qué?

El proceso sigue la vía judicial. Esos casi 66.000 pisos son el resultado de tres requerimientos. Solo ha habido un pronunciamiento sobre las medidas cautelares del primero. Es decir, el juez no ha entrado en el fondo de la cuestión. Nosotros, por supuesto, llegado el momento, acataremos.

El foco está más en que los tres listados que nos trasladó el Ministerio de Consumo estaban elaborados de una manera indiscriminada. Vimos que dentro de esos mismos listados había anuncios que tenían número de licencia, anuncios que no requerían número de licencia y se nos estaba exigiendo retirarlos todos sin justificar el porqué.

Además, se estaba haciendo de una forma que consideramos que excede a las competencias del Ministerio de Consumo y sobre una supuesta infracción que con la normativa anterior ni siquiera existía, porque el propio Tribunal Supremo en 2022 determinó que las plataformas no teníamos obligación de que los anuncios mostraran la licencia. Creo que hay más una discusión técnica que falta de voluntad de cumplir una normativa.

Se ha posicionado al alquiler turístico como un factor causante de la crisis de vivienda. ¿Se sienten chivo expiatorio?

Lo primero que hay que decir es que España tiene una crisis grave de vivienda. Hay mucha gente que está sufriendo por el acceso a la vivienda. Ahora creo que también es importante si queremos resolver problemas, que los abordemos con la honestidad intelectual de atribuir el peso que tiene cada uno de los factores

Cuando uno analiza las cifras ve que menos del 1% del parque de vivienda en ciudades como Madrid o Barcelona se dedica a alquiler de corta duración. En Barcelona hay tres veces más negocios en viviendas que alquileres de corta duración. En los últimos 13 años la construcción de nueva vivienda se ha desplomado. Cada vez tenemos más urbanización, núcleos familiares más pequeños, es decir, necesitamos más hogares.

Hay un desacoplamiento enorme de oferta y demanda. Y dentro de ese desacoplamiento tan grande el peso que tiene el alquiler de corta duración es menor. Es marginal, de hecho. Nunca hemos dicho que no pueda haber un efecto sobre la vivienda de los alquileres turísticos y estamos encantados de discutir si en un barrio concreto hay un efecto limitado. Pero atribuyamos el peso a cada factor porque si no no vamos a resolver el problema de base.

La plataforma defiende el papel de los pisos turísticos como impulsores económicos en pequeños municipios.

Cualquier modalidad alojativa se puede ver como una herramienta útil. El alquiler de corta duración sirve para que las familias se puedan alojar. Para distribuir los beneficios económicos del turismo entre múltiples propietarios. Para distribuir los efectos del turismo dentro de la ciudad y también en municipios rurales donde la actividad económica está desapareciendo. Por lo menos una vivienda en un pueblo permite que haya una nueva actividad económica que traiga visitantes al pueblo y que consuman otros servicios locales. En el último año más de 13 millones de turistas se han alojado en alquileres de corta duración en entornos rurales, con un impacto de 5.500 millones de euros, que es muy positivo para la España Vaciada.

¿Qué regulación sería la óptima según Airbnb para reforzar este impacto positivo?

Tenemos que tener una aproximación adaptada a las realidades de cada sitio. No tiene mucho sentido regular igual el barrio de Malasaña que un pueblo de la Serranía de Cuenca. Ahora mismo tenemos una normativa que dice que para que haya un alquiler de corta duración necesita la aprobación de más de 2/3 de la comunidad de vecinos. Esa normativa aplica igual a un pequeño pueblo que a una gran ciudad. Creemos que hay que hacer distinciones. También creemos que hay que hacer distinciones en tipos de uso. En Francia hay normativas diferentes para quienes alquilan por menos de 120 noches y quienes lo hacen por más. Nada de eso se contempla en las normativas actuales españolas y creo que son oportunidades perdidas para adaptarse a las distintas realidades.

Ponéis a los hoteles en el foco del turismo de masas e incluso les dais un papel en la crisis de vivienda.

En el debate del sobreturismo se pone mucho el foco en el alquiler de corta duración, cuando en ciudades como Madrid o Barcelona más ocho de cada 10 visitantes se están alojando en hoteles y no en alquileres de corta duración. En el tema de la vivienda, muchas veces los hoteles se construyen en terrenos residenciales a los que se podría dar otro uso. Tiene mucho más peso el sector hotelero en muchas de estas problemáticas que el alquiler de corta duración. Aún así, aunque el turismo genera externalidades tampoco podemos vivir de espaldas a algo que da de comer a tanta gente. Tenemos que encontrar los mejores encajes para todos, utilizando cada una de las modalidades alojadas de una forma inteligente.

¿Son particulares o inversores vuestros anfitriones?

Ocho de cada 10 anfitriones en Airbnb solo tienen un anuncio. La configuración de los anuncios no depende de nosotros. Defendemos facilitar el uso casual del alquiler de corta duración. Pero si se detecta un uso intensivo es un reflejo de lo que la normativa genera. También hay otro debate: muchas ciudades tienen millones de viviendas vacías que no se están dedicando al alquiler. Esa es la consecuencia de los modelos regulatorios que se han planteado, que no nos hemos planteado nosotros.

¿Qué opinión os merece el IVA del 21% que se quiere aplicar a los pisos turísticos?

A título particular, lo que puedo decir es que la actividad del alquiler de corta duración está muy fiscalizada para multitud de impuestos diferentes. Y además, personalmente me cuesta entender cuál es el motivo de si va a pagar un IVA por qué ese IVA tiene que ser superior al de, por ejemplo, el sector hotelero.