Arriaga Asociados y el fondo británico Pemberton han formalizado el principio de acuerdo previamente anunciado, mediante un pacto definitivo para la devolución del crédito pendiente, valorado en aproximadamente 35 millones de euros. Este entendimiento implicará una inminente salida del concurso de acreedores voluntario en el que se encontraba la firma, garantizando la continuidad de su labor en defensa de los consumidores.

El despacho seguirá representando a los consumidores en la recuperación de cantidades indebidamente cobradas por cláusulas bancarias abusivas, así como en otros asuntos.

Un acuerdo que refuerza la viabilidad del despacho

El acuerdo entre Arriaga Asociados y Pemberton tiene como objetivo regularizar la deuda y garantizar la estabilidad y viabilidad de la firma. En este contexto, ambas partes han pactado el pago íntegro a los acreedores restantes, lo que permitirá levantar el procedimiento concursal.

Con ello, Arriaga Asociados saldrá del concurso, reflejando la confianza de ambas partes en la capacidad del despacho para continuar su labor sin comprometer la calidad de sus servicios. De hecho, la compañía facturó más de 26 millones de euros en el último ejercicio y prevé un incremento del 25 % en 2025.

Factores que motivaron el concurso

La declaración del concurso de acreedores respondió, principalmente, a la paralización de la actividad judicial durante la pandemia de COVID-19 y a la falta de recursos humanos y materiales en los juzgados, lo que provocó una sobrecarga insostenible para los profesionales del sector. A esta situación se sumaron las huelgas de funcionarios de justicia, que agravaron aún más el colapso.

Este escenario no afecta únicamente a Arriaga Asociados, sino que también ha impactado a cientos de despachos, generando una demora generalizada en los procedimientos judiciales.

Asimismo, el bloqueo de la cuenta de consignación judicial impidió el acceso a los fondos depositados por las entidades bancarias tras las sentencias favorables, tanto a los clientes como al propio despacho. Este último opera bajo un modelo de honorarios a éxito, en el que la retribución —basada en costas e intereses— depende directamente de esos fondos.

Nuevas medidas de apoyo a los juzgados

El despacho valora muy positivamente la implementación de nuevas medidas y el refuerzo del personal judicial en el Juzgado 101 Bis de Madrid, con el objetivo de agilizar los pagos a los consumidores.

En palabras de Jesús Arriaga: “Nos satisface y agradecemos enormemente a las instituciones competentes que la situación de colapso en la cuenta de consignación judicial parezca estar en vías de solución.”

No obstante, el fundador insiste en la necesidad de seguir reforzando los recursos disponibles: “La demora en la obtención de una sentencia supone una vulneración del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva.

El nivel de retrasos acumulados de hasta seis años está generando situaciones completamente insostenibles. En muchos casos, los clientes, al no recibir novedades debido a la parálisis de sus expedientes, tienden a culpar injustamente a los despachos.

Sin embargo, esta falta de información no se debe a una ausencia de compromiso, sino a una situación estructural que escapa al control de los propios despachos de abogados. Arriaga Asociados, lejos de permanecer pasivo, continúa luchando por los intereses de sus clientes. Ha denunciado la situación ante el Defensor del Pueblo y otras instituciones, ha interpuesto acciones legales contra quienes actúan de forma injusta y respalda todas las iniciativas que llegan hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Un despacho pionero en la defensa de los consumidores

Desde su fundación, Arriaga Asociados ha sido pionero en exigir responsabilidades a las entidades bancarias en casos de abusos que, en su momento, muchos consideraban imposibles de ganar. Esta trayectoria le ha permitido consolidar una posición de liderazgo y credibilidad en el ámbito legal de la defensa de los consumidores.

A lo largo de su trayectoria, la firma ha logrado más de 233.000 sentencias favorables, representando a 328.000 personas y recuperando 2.572 millones de euros para sus clientes, especialmente en casos vinculados a productos financieros abusivos como participaciones preferentes, cláusulas suelo, gastos hipotecarios, seguros de prima única, tarjetas revolving, índice IRPH, entre otros.