Así es el sector de la industria de Defensa española, que facturó 5.379 millones en 2017

Al cierre de 2017 la facturación de las empresas de defensa se situó en los 5.379 millones y empleaban a 22.800 personas.

Mucho se habla estos días de la venta de armas a Arabia Saudí y de los posibles efectos que cualquier veto podría tener sobre la fabricación de las fragatas que España vende al régimen alauita. Y es que estamos hablando de uno de los sectores más pujantes de nuestro país y, a la vez, de los más desconocidos.

Aunque es difícil discernir en muchas ocasiones de cuántas empresas estamos hablando y de sus ventas, puesto que en muchas ocasiones el armamento no es la única actividad de muchas de las compañías y es complicado separar en su volumen de facturación qué porcentaje corresponde a este sector, se estima que, por ejemplo, en 2016 las ventas en defensa ascendieron a 7.788 millones de euros y dieron trabajo a 30.358 personas, según datos del Centro Delàs de estudios por la paz.

Estas cifras varían en función de las fuentes y las diferencias radican, fundamentalmente, en que dentro del sector del “material de Defensa” se esconden infinidad de empresas la mayoría de las cuales no se dedican a la producción de armas, sus componentes y manufacturas, “sino que son de servicios de carácter no militar de mantenimiento del personal militar y sus instalaciones, como energía, comida y otros avituallamientos domésticos”, según el Centro Delàs. Dentro de este apartado tan genérico estaríamos ante alrededor de 580 empresas.

Si se entiende exclusivamente como industria militar o de defensa aquella que fabrica armas o sistemas de armas, componentes de armas, material de defensa o empresas de tecnologías destinadas al uso militar, el número de empresas se reduce considerablemente.

Según el informe «Spain, defence & security industry» España se sitúa como el sexto exportador mundial de armas por encima de potencias como Italia, Israel o Reino Unido y solo por detrás de Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y China.

Según este informe habría en España 381 empresas armamentísticas, de las cuales 112 serían exportadoras.

Algo más de 74 de esas compañías, las agrupadas en la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio (Tedae), facturan por sí solas el 87,5% (4.900 millones) de todo el volumen. Esta patronal calcula que la productividad del sector es 3,4 veces mayor que la media española. En concreto, la productividad de la actividad supera los 320.000 euros por trabajador. Es, de acuerdo con la DGAM, lo que aporta de media a la econo, mía cada uno de los casi 20.000 trabajadores directos de la industria de defensa española.

Como dato, de estas 74 empresas 53 tienen su sede en la Comunidad de Madrid, 11 en Andalucía, 6 en el País Vasco, 5 en Cataluña y el resto están ya repartidas por el resto de la geografía nacional.

Según datos de la propia Tedae, al cierre de 2017 la facturación de las empresas de defensa se situó en los 5.379 millones de euros, creciendo el 7,1 % respecto a la de 2016, al tiempo que el empleo lo hizo en un 2,3 %, superando los 22.800 profesionales contratados.

Así, según el presidente de Tedae, Jaime de Rábago, “los buenos resultados del ejercicio 2017 reflejan lo mucho y bueno que aportan nuestras empresas a los ciudadanos y al progreso de España en términos de crecimiento económico, empleo y soberanía tecnológica. Unas empresas cuya facturación creció un 4,5% respecto al año anterior, contribuyeron al PIB con un 0,9% y con el 5,9% al PIB industrial”.

De Rabago señaló que la asociación quiere avanzar en promover el mejor desarrollo futuro de nuestros sectores, pero también en convencer a la sociedad de nuestras empresas son auténticas industrias de Estado, en tanto que son estratégicas para la economía española”.

De entre estas empresas, destacan Airbus Defence and Space y Airbus Military, al concentrar casi el 72% de todas las ventas al exterior. Si además les añadimos Indra Sistemas (6%), ITP (4,3%), Navantia (3,2%), Iveco España (3%) y Cepsa (2,7%), se alcanza el 90,9% de dicho negocio. El 9,1% restante, por tanto, se reparte entre 105 compañías.

En el computo global, según el informe de IDS, en el conjunto de todas las ventas de defensa, 11 compañías aglutinan el 90% de todo el mercado. Se trata de Airbus Defence and Space, Airbus Military, Indra Sistemas, Navantia, Industria de Turbopropulsores (ITP), Airbus Helicopters España, Iveco España, Cepsa, Santa Barbara Sistemas, Hisdesat y Telefónica de España.

Las 270 empresas restantes se reparten el 9,9% del negocio. En este punto hay que tener en cuenta que 211 compañías declaran además realizar ventas al Ministerio de Defensa a través de la subcontratación por parte de contratistas principales. En esta área se mueven 903 millones de euros, aunque no son tenidos en cuenta en estas estadísticas para evitar computar de nuevo unas cifras que ya han sido consideradas en las ventas al ministerio. El análisis del camino que sigue el dinero invertido en Defensa lleva a la conclusión, expuesta por Tedae, de que por cada euro que llega al sector se acaban generando 2,5 euros en la economía.

¿Quién controla qué se exporta? Según denuncia Greenpeace, las exportaciones como las de Arabia Saudí, “además de éticamente reprobables, son ilegales. España ha firmado y ratificado un Tratado Internacional que las prohíbe y tiene su propia ley que, si se aplicase correctamente, el Gobierno no debería autorizarlas. Todo agravado por el hecho de que el Gobierno no tiene mecanismos efectivos de control que verifiquen el uso final y se limita a confiar en la palabra del país receptor de estas armas”.

El sistema de control del comercio de armas en España, explica la ONG, “se escuda en clasificar esta información como secreto oficial, lo que permite al Ejecutivo no tener que rendir cuentas e impide al Parlamento y a las ONG saber las razones por las cuales autoriza o deniega una venta de armas. En definitiva, no nos deja comprobar si se está cumpliendo la ley lo que, en algunos casos, supone que el Gobierno español pueda ser cómplice de cometer atrocidades”.

Denuncian, por ejemplo, que desde 2016 España ha vendido 17.000 proyectiles completos de artillería de 155 milímetros a Arabia Saludí o, lo que es lo mismo, casi 7.000 toneladas de munición. También denuncian la venta otras armas de guerra, partes y accesorios por un valor superior a 22,8 millones y munición para estas armas, todo ello enviado desde el puerto de Motril.

A finales de 2007 España aprobaba una ley propia sobre el comercio de armas que pretendía “garantizar la transparencia en la información oficial” sobre exportación de armas y obligaba a denegar una exportación “cuando existan indicios racionales de que las armas puedan ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, exacerbar tensiones o conflictos, ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, para la represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, o vayan a países con evidencia de desvío”.

Sin embargo, resulta imposible verificar si se están aplicando correctamente los principios que establece la propia ley para autorizar una exportación de armas: desde la entrada en vigor de la citada ley, el Gobierno envía al Congreso de los Diputados un informe semestral con información sobre las exportaciones de material de defensa y una vez al año comparece ante la Comisión de Defensa del Congreso el titular de la Secretaría de Estado de Comercio, pero el grado de detalle de la información es tan limitado que no permite saber cómo se ha hecho la evaluación de riesgo de que las armas se utilicen para violar el derecho internacional.

Incluso cuando existen indicios de que se está quebrando la legalidad internacional, como ocurre con Arabia Saudí en su intervención en el conflicto en el Yemen, el Gobierno se escuda en compromisos y garantías reforzadas ofrecidas por la propia Arabia Saudí que nadie, ni el poder legislativo ni la ciudadanía, puede consultar ni conocer en detalle ni el Gobierno de España tiene capacidad de comprobar sobre el terreno.

Los requisitos para exportar armas desde España son básicamente dos: estar inscrito en el registro de exportadores, el REOCE, y haber recibido autorización para realizar la exportación. Ambos requisitos dependen de un mismo organismo, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), cuyos informes son preceptivos y vinculantes.

Pero, ¿qué exporta la industria española? Javier Pradere, vicepresidente de defensa de TEDAE, explicó que el 68% de la cifra de negocio es aeronáutica, el 9,2 % corresponde a electrónica y Tecnologías de la Información, el 7,7% es naval, el 6,5% terrestre, el 1,8% espacio y el resto auxiliar, misiles y armamento. Y destacó el esfuerzo del 9,9% en I+D+i realizado por la industria de defensa, frente al en el alto nivel de liderazgo tecnológico adquirido. “Liderazgo que –puntualizó- es vulnerable a la falta de impulso ya que los sistemas de defensa requieren actualización continua”.

Dentro de los distintos programas de defensa en España, destacan dos grandes programas en los que la industria ya está inmersa y que suponen la apertura de un nuevo ciclo inversor: el desarrollo del futuro vehículo de combate sobre ruedas (VCR) 8x8 y el de la fragata F-110.

El programa de vehículos VCR 8x8 para el Ejército de Tierra, en el que se trabaja sobre la base del Piraña 5 de Santa Bárbara Sistemas - General Dynamics European Land Systems, avanza hacia un proyecto que contará con siete variantes y 12 configuraciones y dentro del que la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) calcula que se adquirirán 348 unidades.

El coste estimado total es de 3.800 millones de euros, incluidos el mantenimiento y la futura modernización.

El programa está liderado por la citada Santa Bárbara Sistemas, junto a Sapa e Indra.

Entre tanto, Navantia ya se prepara para la futura fabricación de las fragatas F-110 de la Armada española. La empresa ha anunciado, entre otras mejoras, la construcción de un dique seco cubierto en Ferrol por 140 millones de euros. La operación está ligada al desarrollo de este programa que tiene previsto poner a flote sus cinco buques multimisión durante la próxima década.

En un ámbito más internacional lidera las exportaciones Airbus Defence and Space (Airbus DS), que junto a Airbus Military concentra casi la tercera parte de todas las ventas al exterior de defensa durante 2015. El ensamblaje en Sevilla de los aviones A400M, C-295 y CN-235, la preparación de los aviones cisterna A330 MRTT en Getafe y la participación mayoritaria del grupo en el programa Eurofighter sobresalen en su actividad.

Tecnobit es otra de las empresas que destaca por su presencia internacional. Los responsables del grupo Oesía, del que es filial, destacan que sus componentes aeronáuticos están presentes en uno de cada cuatro aviones de uso para defensa en el mundo, a través de los suministros que procuran a corporaciones como Airbus, Boeing y Lockheed Martin, entre

otras. Además, su catálogo cuenta, entre otros, con sistemas tecnológicos como simuladores, adquiridos por Brasil (sistema de simulación de ayuda al disparo, SSIMAF, por sus siglas

en portugués), entre otros clientes. De hecho, Tecnobit es líder en España, y uno de los más importantes referentes mundiales, en las sofisticadas tecnologías de Optrónica, con presencia en Europa, Estados Unidos, Oriente Medio, Latinoamérica y África.

Otro de sus productos estrella es el Simulador de Artillería de Campaña (SIMACA), considerado uno de los mejores Centros de Simulación de Artillería a nivel mundial. La misión de este simulador virtual es la instrucción, adiestramiento y evaluación del personal que ocupa todos los puestos operativos de un grupo de Artillería de Campaña.

Expal Systems también cuenta con una importante presencia internacional (más de 100 países) en buena parte, en su caso, dentro de una actividad tan singular como la de la desmilitarización, sector en el que son el número 1 de Europa. Sólo en la planta que tiene en Bielorrusia lleva destruidos desde 2014 tres millones de minas antipersona. El pasado 2016 su filial Expal USA ha abierto su tercera planta de desmilitarización en Estados Unidos, y cuenta con otras en España, Dinamarca, Bulgaria, Italia y Brasil.

Esta empresa, ahora filial del grupo Maxam, nació en 1872 fundada por Alfred Nobel y, desde entonces, se ha convertido en un gran conglomerado que fabrica desde sistemas de mortero ( presentes en ejércitos de todo el mundo) hasta granadas pasando por sistemas contracarro, munición de artillería, armas ligeras o de mortero, espoletas, bombas de aviación o bombas aéreas de penetración, además de cargas de demolición o material pirotécnico. Asimismo, fabrican una amplia gama de munición de caza y tiro.

Es de destacar tambén el papel de Indra, cuya filial Indra Sistemas trabaja en multitud de proyectos militares: su principal cliente es el Ministerio de Defensa y participa en casi todos los grandes programas de armas de las fuerzas armadas españolas: los sistemas de vuelo de los aviones de combate F-2000, el avión de transporte militar A400M, los Helicópteros Tigre y NH-90 que fabrica Airbus Defence and Space; toda la electrónica y sistemas de comunicación de toda clase de buques de guerra que construye la estatal Navantia; los blindados Pizarro y Leopardo que fabrica Santa Bárbara Sistemas; el guiado de misiles que disparan todos estos armamentos; así como también desarrolla sistemas de guerra electrónica, para lo cual dispone de una factoría en Madrid con 500 empleados.

También tiene contratos militares y de seguridad en múltiples países, Indra es una transnacional con presencia en 33 estados. La facturación en el ámbito militar fue de 542 millones de euros en 2015. Uno de sus últimos contratos ha sido con la Real Fuerza Aérea de Tailandia para la venta del avanzado Radar Lanza 3D de alerta temprana. Además, acaba de ser seleccionada por la Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN (NCIA) para integrarse en la red de empresas que colabora con este organismo en el intercambio de inteligencia en materia de ciberseguridad para reforzar su conciencia situacional mutua y detectar, prevenir y responder a cualquier ciberataque.

El acuerdo de colaboración industrial se cerró la semana pasada en el marco del NATO Information Assurance Symposium (NIAS18), la mayor conferencia de ciberseguridad de la OTAN que tuvo lugar en Mons, Bélgica.

Indra, a su vez, controla el 80% de la Sociedad Española de Misiles (Inmize Sistemas), que diseña y desarrolla diversos tipos de misiles, como el Meteor, que constituye el sistema de armamento de los aviones europeos EF-2000, Rafale y Gripen. En este caso, los misiles aire-aire de alcance medio (100 km) han sido adquiridos por el Ministerio de Defensa y el contrato contempla que España obtenga un 10% de retorno industrial de su fabricación, porcentaje igual a la participación española en el programa. Así, la participación española se realiza a través de Navantia, que desarrolla los contenedores del misil, Indra, que desarrolla las superficies de control, estructura delantera, misil de entrenamiento y calbeados, Inmize, que participa en la ingenieria de sistemas; Inta, que participa en las pruebas estructurales y BDELS-SBS, que trabajan en los componentes estructurales, cabeza de guerra, sistema de destrucción de los equipos de telemetría y carga del TBUS.

Es de destacar también el caso de ITPAero, que se ha convertido en una empresa líder en su segmento de mercado, siendo actualmente la novena compañía de motores y componentes aeronáuticos por ventas del mundo con centros productivos en España, Gran Bretaña, Malta, Estados Unidos, India y México y una plantilla de más de 3.600 empleados. En temas relacionados con la Defensa, trabaja en tres consorcios europoes: EUROJET Turbo GmbH (Eurojet), responsable del motor EJ200 para el avión de combate Eurofighter; EPI EUROPROP International GmbH (EPI), responsable del turbopropulsor TP400, el de mayor potencia del mundo occidental, para el avión de transporte militar de largo alcance Airbus A400M, y MTU Turbomeca Rolls-Royce ITP GmbH (MTRI), responsable del propulsor MTR390-E para el helicóptero de ataque Tigre de Airbus Helicopters, el helicóptero de ataque más avanzado de Europa.

En el caso de Navantia, la construcción de las cinco corbetas para Arabia Saudí, que asciende a más de 1.800 millones de euros y es el mayor contrato de la historia de los astilleros españoles con un cliente extranjero, ha situado a esta empresa en el centro de la polémica por la venta de armas a este país. Sin embargo, no es su único cliente internacional y, así, la Armada de Estados Unidos acaba de confirmar la prórroga de los trabajos de mantenimiento a realizar en los cuatro destructores clase DDG 51 desplegados en la Base Naval de Rota. El contrato con la US Navy entró en vigor en noviembre de 2013 con un plazo de ejecución de uno + seis años de prórroga y finalizaría en noviembre de 2020.

El importe de esta nueva ampliación alcanza los 57 millones de euros, por lo que el techo de gasto de todo el programa suma con esta prórroga los 261 millones. En total, supone 3,1 millones de horas de trabajo para la Bahía. En ella, Navantia aporta más de 1.000 empleos directos, más los 4.000 de la industria auxiliar. En conjunto, teniendo en cuenta también los puestos de trabajo inducidos, suman 12.500 empleos.