Banca Privada de Andorra y Banco Madrid serán liquidados en abril

Los reguladores implicados lo tienen claro. La crisis de Banca Privada de Andorra (BPA) y de su filial española, Banco Madrid, se solucionará mediante la liquidación ordenada de activos de ambas entidades. La operación se cerrará en abril y, hasta entonces, los clientes que deben estar más preocupados son aquellos que tienen depósitos superiores a los 100.000 euros. Los fondos de inversión, las sicavs y otros vehículos de inversión gestionados por el grupo podrán ser recuperados por sus propietarios.

No obstante, podría darse la paradoja de que, llegado el momento de la liquidación, quedara poco que vender en cualquiera de los dos bancos. El proceso de fuga de capitales en ambas entidades vivió ayer un nuevo episodio y, aún sin cifras oficiales, fuentes financieras señalan que el «vaciado» del grupo lo están realizando ya los propios clientes. Eso sí, limitados por sus capacidades actuales tras las restricciones aplicadas por los reguladores bancarios de Andorra y España.

El orden de cobro en el concurso y la posterior disolución de Banco Madrid será el mismo que se sigue en operaciones similares. Los que tienen derecho preferente de cobro son la Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda. De ahí en adelante, los siguientes en recibir capital serían los acreedores, ya sean fondistas, inversores en sicavs o en otros vehículos financieros. Los últimos en cobrar serían los depositantes, con Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que dará un máximo de 100.000 euros por cada ahorrador. Los clientes que tengan depósitos por cuantías superiores podrían sufrir importantes pérdidas.

Según datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), Banco Madrid comercializa un total de 74 fondos de inversión. La entidad sólo es depositaria de la tercera parte de los mismos, 21 concretamente, y son aquellos cuyos reembolsos fueron suspendidos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resto, 53 instituciones de inversión colectiva (es decir, no sólo fondos, también sicav y otros productos), funcionan con total normalidad y son comercializados por Banco Mare Nostrum (BMN) y Liberbank. Representan más de las dos terceras partes del patrimonio de Banco Madrid, un total de 2.000 millones de euros. Los clientes pueden moverlos a otros bancos, como de hecho ya están haciendo.

Según informaba ayer Efe, el volumen de deuda pública en manos de Banco Madrid será clave para que los clientes de la entidad especializada en la gestión de grandes patrimonios recuperen buena parte de sus ahorros, más allá de los 100.000 euros que cubre el FGD. En el mejor de los casos, la entidad podría obtener unos 990 millones de euros que servirían para devolver a sus clientes los depósitos garantizados.

Inverco aprovechó ayer para tratar de evitar contagios en cadena. La patronal del sector recordó que las instituciones de inversión colectiva (IIC) son una fuente de ahorro «segura, supervisada, diversificada, líquida y transparente», por lo que constituyen un destino preferente del ahorro familiar en todo el mundo.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló, por su parte, que la prioridad del Gobierno con los clientes de Banco Madrid es «garantizar los derechos de los depositantes y personas que tenían sus ahorros, inversiones y fondos en esa entidad», tras ser intervenida y solicitar el concurso de acreedores voluntario.

Tal y como adelantó LA RAZÓN el lunes, la fuerte fuga de capitales en Banca Privada de Andorra (BPA) la llevará hacia su liquidación en los primeros días de abril, quizá antes. Fuentes cercanas a la negociación señalaron que ayer apenas se produjeron movimientos hacia la normalización de la operativa de la entidad andorrana, y que la situación sigue siendo de «relativo nerviosismo» entre los gestores y los propios clientes de la entidad.

Las retiradas de capital superiores a los 2.500 euros semanales seguirán restringidas mientras los reguladores diseñan su estrategia para recuperar la «normalidad operativa» en el banco. Expertos consultados por Efe valoraron ayer la rapidez de reacción de las autoridades andorranas y españolas en la crisis de BPA y ven a la entidad financiera abocada a la liquidación, ya que consideran que la marca ha quedado muy dañada y la reputación es difícil de recuperar en este sector.