Bankia pedirá anular el juicio de la salida a bolsa tras resarcir ya a 10.532 afectados

Arranca el proceso contra Rato y 31 ex altos cargos de la entidad acusados de falsedad y fraude.

Pese a que el día de su estreno las acciones de Bankia aguantaron el tipo, al final la entidad tuvo que ser rescatada con dinero público
Pese a que el día de su estreno las acciones de Bankia aguantaron el tipo, al final la entidad tuvo que ser rescatada con dinero público

Arranca el proceso contra Rato y 31 ex altos cargos de la entidad acusados de falsedad y fraude.

La instrucción judicial ha durado cerca de seis años. Desde el 4 de julio de 2012, cuando el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitió a trámite una querella de UPyD por la salida a Bolsa de Bankia. Hoy comienza el juicio oral contra Rodrigo Rato y otras 31 personas más a las que acusa de falsedad en las cuentas anuales de la entidad durante los ejercicios 2010 y 2011 y fraude de inversores en el marco de la causa que investiga la salida a Bolsa de Bankia, en julio de 2011. En noviembre de 2017 Andreu acordó la apertura de juicio oral al entender que se han recabado indicios que demuestran que los administradores aprobaron unas cuentas maquilladas sobre las entidades que administraban, que no reflejaban la situación real.

La historia comienza en junio de 2010, cuando se aprueba la creación de un Sistema Institucional de Protección (SIP) para integrar la cajas de ahorros de Madrid, Bancaja, Canarias, Ávila, Segovia, Laietana y La Rioja. En 2009, CCM (Caja Castilla- La Mancha) fue intervenida por el Gobierno y el Banco de España para atajar sus problemas de liquidez. Un SIP era un instrumento que permitía a las cajas autonómicas integrar sus activos en una entidad más grande y mantener las marcas. En diciembre de 2010 se crea Banco Financiero y de Ahorros (BFA), en el que se integraron los activos de estas cajas. Un mes después, en enero de 2011, se crea Bankia con lo mejor del negocio financiero de las cajas, quedando los problemáticos en BFA, una especie de «banco malo».

Bankia debutó en Bolsa en julio de 2011. El grupo se colocó en el mercado a un precio de salida de 3,75 euros, lo que suponía de facto un descuento del 60% sobre el valor contable de la entidad. Con la salida, Bankia esperaba captar 3.000 millones. El día de su debut, con la histórica foto de Rodrigo Rato tocando la campana, las acciones salvaron el tipo. Rato dijo que la entidad «tiene un enorme potencial» y aseguró que la salida se había considerado un punto de referencia del sector bancario español «en medio de una tormenta en los mercados».

Todo lo que vino después, en el trágico 2012, cambió el destino de Bankia. Los decretos «Guindos I» y «Guindos II», destinados a mejorar las ratios de capital de las entidades, hicieron mella. Entre su publicación, febrero y mayo, dimite Rato, presionado desde Economía, y es sustituido por José Ignacio Goirigolzarri, con el aval de Luis de Guindos y del Banco de España. El 10 de mayo, el Gobierno de Mariano Rajoy nacionaliza la entidad. En junio de 2012, el Ejecutivo firmó una línea de de financiación de hasta 100.000 millones de euros para apoyar al sector financiero. En septiembre, el FROB inyectó 4.500 millones en BF, que ésta entregó a Bankia. En diciembre, Bankia recibió una inyección de 19.959 millones, de los que 10.620 millones fueron a parar a Bankia y 7.339 millones a BFA. En mayo de 2013, el Estado pasó a tener el 68,39% del capital.

La Fiscalía acusa a cuatro exadministradores de Bankia, Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú, del proceso de salida a Bolsa de Bankia y sus consecuencias para los inversores, pero no directamente al banco. Hasta el momento nadie ha podido demostrar que la entidad no hiciera los controles necesarios para llevar adelante la operación. Para el primero solicita cinco años de prisión, cuatro para Olivas, tres para Fernández Norniella, y dos años y siete meses para Francisco Verdú, exconsejero delegado, que no llegó a usar la tarjeta black.

Frente a Bankia, BFA y los 32 investigados, están, además de la Fiscalía del Estado, las acusaciones populares representadas por Fesibac-CGT, CIC y el abogado del Estado, en representación del FROB. También estarán presente las acusaciones particulares, Adicae y Aemec, representando a los damnificados por la operación. Según Bankia, fueron 10.700 personas. En su momento, la entidad solicitó acreditar el perjuicio a esas personas y ha devuelto el dinero. Aún quedarían 168 personas, que estarían legitimadas para recuperar alrededor de 2 millones de euros, a razón de 12.500 euros por persona. Ninguno ha solicitado la devolución por razones que se desconocen.

La entidad y los acusados van a pedir la nulidad del juicio. Lo que está en juego es demostrar que se trató de un engaño intencional, que hubo lucro para los que lo urdieron si así fuera y que hubo perjuicio. Según los expertos, el perjuicio está resarcido al haber devuelto Bankia 1.900 millones. Tampoco ha habido lucro. El meollo se circunscribe en si hubo engaño intencionado en la salida a Bolsa. Un debate en el que ni siquiera los peritos del Banco de España coinciden.