Bolivia promete a España una «solución satisfactoria» para empresas expropiadas

El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, ha prometido hoy al ministro Exteriores, José Manuel García-Margallo, que se llegará a "una solución satisfactoria"con las empresas españolas que han visto expropiadas sus filiales bolivianas.

El Gobierno boliviano se ha comprometido ante el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, a llegar a una "solución satisfactoria"para indemnizar a Red Eléctrica Española, Iberdrola y Abertis, cuyas filiales en el país andino han sido nacionalizadas en los últimos meses, han informado a Europa Press fuentes diplomáticas.

El jefe de la diplomacia española ha conversado esta tarde con el ministro boliviano de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien ha reconocido "retrasos"en los procesos iniciados para pagar un justiprecio a Red Eléctrica e Iberdrola, afectadas por sendas nacionalizaciones en mayo y diciembre pasados.

Quintana ha prometido al ministro, siempre según las mismas fuentes, la voluntad del Ejecutivo de Evo Morales de "acelerar"estos dos procesos y de llegar en los tres casos, también en lo que se refiere a la reciente expropiación de Sabsa, filial de Abertis, a una "solución satisfactoria".

La conversación entre ambos se produce después de que el Gobierno español haya amenazado en un comunicado oficial con "replantearse el conjunto de las relaciones bilaterales"con Bolivia tras esta tercera nacionalización de una empresa española realizada sin previo aviso y de una forma que ha irritado sobremanera al Gobierno español, que ve innecesario haber ordenado a las fuerzas de seguridad custodiar las instalaciones de las empresas para garantizar la ejecución de la medida.

De hecho, la diplomacia española llegó a pedir públicamente a las autoridades bolivianas "más cuidado en las formas"a la hora de proceder a estas nacionalizaciones, pero el Gobierno de Morales hizo caso omiso y tras anunciar la nacionalización de Sabsa desplegó tropas del Ejército en los aeropuertos gestionados por la filial de Abertis.

El Gobierno ha reiterado en diversas ocasiones que no cuestiona el derecho soberano de un país de nacionalizar empresas en sectores estratégicos, pero lo que sí exige es que se pague una indemnización justa a la compañía afectada por la medida, lo que no ha ocurrido hasta la fecha con ninguna de las empresas españolas afectadas.

La expropiación de Sabsa ha sido la gota que ha colmado el vaso y lo que ha llevado al Gobierno a amenazar con revisar el conjunto de las relaciones bilaterales con Bolivia, sin descartar medidas en materia de cooperación al desarrollo.

De hecho, la delegación del PP en el Parlamento Europeo ha registrado sendas preguntas en la Eurocámara dirigidas a la Comisión

y al Consejo de la UE, con el fin de que estas dos instituciones valoren si "se pueden mantener"los programas de cooperación al desarrollo con Bolivia así como el acuerdo preferencial en materia de aduanas si La Paz prosigue con sus "ataques"a empresas europeas.

Mañana a las 17.00 horas la embajadora de Bolivia en España ha sido convocada a una reunión en el Ministerio de Exteriores para que dé "explicaciones"al secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, sobre esta última nacionalización. En función de esas explicaciones, el Gobierno español "actuará en consecuencia", en palabras del propio García-Margallo.

Desde que llegó al poder en 2006, el presidente boliviano, Evo Morales, ha nacionalizado una veintena de empresas de distintos sectores, principalmente el energético, que estaban en manos de compañías extranjeras, incluidas españolas.

Fiscalía boliviana confisca 94.000 dólares a Sabsa y cita a ocho ejecutivos

a Fiscalía de Bolivia confiscó 94.000 dólares durante la operación de nacionalización de la empresa Sabsa, filial de Abertis y participada por Aena, ambas españolas, y ha citado a declarar a ocho ejecutivos de la firma en relación con una denuncia sindical.

Así lo informó hoy la agencia estatal ABI, que señaló que el dinero fue confiscado en las oficinas de Sabsa en el aeropuerto de El Alto (junto a La Paz), poco después de que el presidente boliviano, Evo Morales, leyera el lunes el decreto de expropiación de las acciones de la empresa, que gestionaba los tres principales aeropuertos del país.

La denuncia sindical contra los ejecutivos de la firma es investigada por el fiscal de la División de Corrupción Pública, Aldo Ortiz, quien deberá determinar si se han producido anomalías en la Empresa de Servicios Aeroportuarios Bolivianos (Sabsa).

Ocho responsables de la compañía están llamados a declarar ante la Fiscalía entre esta semana y la próxima por supuestos delitos de incumplimiento de deberes, incumplimiento de contrato, falta de inversión y otros casos tipificados en el Código Penal, según el fiscal Ortiz.

Entre los ejecutivos denunciados hay bolivianos y extranjeros, aunque no se ha precisado su nacionalidad, según ABI.

Además, precisó que en la operación desarrollada el lunes fueron confiscados en total en las oficinas centrales de Sabsa y en presencia notarial, 294.552 bolivianos (42.300 dólares) y 51.715 dólares que han sido depositados en la Fiscalía.

El fiscal señaló que investigará si el dinero requisado corresponde a las recaudaciones de varios días.

También agregó que ha solicitado a Sabsa los informes auditados de los años 2010 al 2012 para someterlos a peritaje.