La UE multará a Starbucks y Fiat por sus ventajas fiscales

La Comisión Europea considera ayudas ilegales los acuerdos de las firmas con Luxemburgo y Holanda para rebajar el pago de impuestos.

Regímenes fiscales a medida para Fiat y Starbucks en Luxemburgo y Holanda. La Comisión Europea considerará ayudas ilegales los acuerdos que los ejecutivos de ambos países sellaron con las dos multinacionales con el único objetivo de reducir el pago de impuestos, atentando directamente contra la competencia. El departamento dirigido por Margrethe Vestager determinará previsiblemente hoy mismo, según publicaba a principios de semana el diario británico «Financial Times», que efectivamente los acuerdos escondían ayudas públicas ilegales, que las empresas se verán obligadas a devolver a los gobiernos. El periódico habla de decenas de millones de euros que tendrían que volver a las arcas de los Estados, los mismos que prefirieron en su acuerdo dejar de tener dichos ingresos.

Starbucks y Fiat son los primeros objetivos dentro de un proceso de investigación más amplio que llega desde el anterior equipo, liderado entonces por Joaquín Almunia. El departamento de Competencia tenía previsto haber cerrado este caso en primavera, pero no contaba con la información suficiente como para haber concluido los expedientes a tiempo. Estos juegos de ingeniería fiscal entre los gobiernos europeos y las multinacionales recibieron un duro golpe cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) puso sobre la mesa el conocido caso «Luxleaks». En esta ocasión salían a la luz acuerdos de «tax rulings» entre el Gobierno de Luxemburgo con más de 340 multinacionales, entre las que figuran IKEA, Pepsi, AIG, Deutsche Bank y Procter & Gamble, que habrían reducido radicalmente su pago de impuestos entre los años 2002 y 2010 en el Gran Ducado. En ese periodo, el primer ministro del país era el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Según dicho informe, las empresas habrían desviado parte de sus beneficios a Luxemburgo, en lugar de declararlos en otros estados miembros, a cambio de reducciones fiscales. Afectaba a sectores como la banca, los medios de comunicación, la alimentación, la tecnología y la energía, entre otros. Tras el escándalo, la Comisión aseguró que tomaría medidas para evitar estos casos en un futuro, pero no quedó claro si iba a investigar la totalidad de dichos acuerdos como ha hecho en otros casos.

Por el momento, además de Fiat y Starbucks, Bruselas investiga los acuerdos que ha firmado Irlanda con Apple y los de Amazon también con Luxemburgo. En el caso concreto de Apple, la Comisión Europea sospecha que lleva 20 años sin declarar todos los beneficios de sus filiales en Irlanda. Bruselas ha abierto una investigación para recabar información sobre la tributación de la empresa en este país, que podría haber sido pactada en un acuerdo bilateral con el Gobierno irlandés de forma ilegal. En un informe de 21 páginas, enviado a las autoridades irlandesas, la Comisión Europea detallaba públicamente el origen de sus dudas sobre las cuentas del gigante estadounidense, centrándose en dos acuerdos que datan de 1991 y de 2007. Bruselas investiga si Apple ha recibido también ayudas estatales a través de «ventajas fiscales a medida».

En su caso, la CE considera que la base imponible sobre la que se le estableció el régimen fiscal también pudo ser negociada de forma bilateral, lo que supondría un trato selectivo y especial para Apple, en detrimento de la competencia. De confirmarse todas estas sospechas, Apple se vería obligado a pagar todo el dinero que se ha ahorrado en impuestos, y que ascendería a miles de millones de euros, aunque la ley no permite exigirle cuentas más allá de diez años desde que comenzara la investigación.

Esto supone que Apple sólo tendría que hacer frente al pago desde 2003, ya que las actuaciones anteriores habrían prescrito. Respecto a la posibilidad de que reciba una multa ejemplar por una supuesta mala praxis, desde la Comisión se señala que no se contempla cuando lo que se investigan son ayudas estatales.

En Bruselas se trabaja para evitar todo tipo de fraude fiscal y acabar con aquellos acuerdos que supongan ventajas para una compañía sobre la competencia. Sumado a la evasión de impuestos, la cifra alcanzaría un billón de euros al año. Se tiene en cuenta el dinero que los estados dejan de ingresar por este concepto, así como los paraísos fiscales que permiten guardar dinero sin pagar impuestos y los acuerdos que firman las grandes multinacionales que exploran los límites legales tributarios.