Carreteras: Fondos internacionales se lanzan a participar en el plan de 5.000 millones

El gestor privado de pensiones de Canadá analiza el proyecto. Es uno de los mayores inversores del mundo con 245.000 millones en activos.

Mucha liquidez y muy barata. Eso es lo que han generado los bajos tipos de interés reinantes en el mundo en los últimos años. Con los bolsillos llenos a reventar, los fondos buscan oportunidades donde invertir y rentabilizar su dinero. Y muchos de ellos están fijando su atención en España. En concreto, en el plan de carreteras publico-privado (PIC). Presentado en julio por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su objetivo es movilizar 5.000 millones de euros de capital privado y fondos europeos para acometer actuaciones sobre más de 2.000 kilómetros de veinte vías de gran capacidad en los próximos cuatro años. El Ejecutivo calcula que el 20% de la inversión será aportada directamente por las constructoras, un 40% por el Banco Europeo de Inversión (BEI) y otro 40% por bancos y fondos de inversión. Y estos últimos ya se están posicionando. «Hay mucho interés de fondos de infraestructuras y pensiones», explican fuentes del sector. A ambos, añaden, les seduce el hecho de que el plan cuenta con el aval público. Aunque la aportación inicial de fondos será privada, el propietario de las infraestructuras será el Estado, que las abonará a lo largo de los 30 años por los que concesionará los proyectos en función de que vayan cumpliendo unos estándares de calidad y servicio que se recogerán en los pliegos.

Para los fondos de pensiones, también resulta una opción muy atractiva, explican estas fuentes. «Estos vehículos buscan, ante todo, seguridad y una rentabilidad del 5% como la que puede ofrecer este proyecto para ellos es más que suficiente teniendo en cuenta las garantías que tienen con el Estado», añaden. Uno de los fondos que está buscando oportunidades de inversión en España es el plan de pensiones de Canadá –CPPIB, por sus siglas en inglés–. Fuentes próximas al proyecto explican que el Brexit ha hecho que el CPPIB, el mayor fondo del mundo, se esté replanteando sus inversiones en Europa y que vaya a mirar «con más cariño» a otros países que no sean el Reino Unido. Y entre sus objetivos está España. La potencia de fuego del fondo es notable, pues gestiona 245.000 millones de euros en activos.

Fecha de inicio

Aunque a finales de año Rajoy anunció que el primer proyecto que se hará bajo el paraguas del PIC será la construcción de un «bypass» en la autovía A-30, en Murcia, en la práctica se da por hecho que no arrancará hasta marzo. Será entonces cuando entre en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público. «Tendría poco sentido publicar antes los pliegos de licitación y que después tuvieran que ser modificados y adaptados a la nueva normativa en caso de problemas», explican las fuentes.

El PIC pretende ser un punto de inflexión para el sector español de las infraestructuras. Entre 2009 y 2017, la inversión de todas las administraciones públicas en estos bienes ha caído un 58%, hasta los 23.432 millones de euros, según cálculos de la Fundación BBVA. Tal desplome ha provocado que en nueve autonomías ya no se cubra el nivel mínimo para su mantenimiento. Es para revertir esta atonía inversora para lo que Fomento ha puesto en marcha el PIC, que el sector espera se extienda a otros sectores y amplíe sus fondos para carreteras. Según la patronal de las grandes constructoras, Seopan, serían necesarias actuaciones por valor de al menos 60.000 millones para poner al día la red. El Ejecutivo cree que el plan no sólo servirá de revulsivo para el sector constructor en particular sino para la economía en particular. Según sus estimaciones, su retorno fiscal será de 3.000 millones de euros. Un euro de gasto en infraestructuras genera casi 0,5 euros de retorno fiscal. Seopan aseguró que inducirá 9.600 millones de actividad económica. Además, el Gobierno calcula que generará 189.200 empleos. En la fase de construcción, se esperan 48.000 puestos de trabajo directo, 30.000 indirectos y 72.000 inducidos. En la fase de mantenimiento y explotación, el empleo directo es de 12.000 puestos, el indirecto de 8.000 y el inducido de 19.200.

El Gobierno ha elegido el sistema de pago por disponibilidad porque lo considera el más adecuado para la colaboración público-privada: evita nuevos peajes, libera fondos públicos anuales para otros fines, evita que engorde el déficit, transfiere el riesgo de la financiación, construcción y explotación el concesionario y ha demostrado su fiabilidad en toda Europa. En diez años, ha pasado de representar el 5% al 90% de los proyectos ejecutados en el Viejo Continente.