CC OO y UGT aprueban volver a echarse a la calle

Los sindicatos acordarán mañana un nuevo calendario de movilizaciones en protesta por la moderación salarial pero descartan, de momento, la convocatoria de una huelga general contra el Gobierno.

El fracaso de la última protesta que protagonizaron no parece haber hecho mella en la moral de los sindicatos. A pesar de que en la manifestación celebrada contra el Gobierno en Madrid el pasado 18 de diciembre apenas lograron congregar a 4.000 personas, UGT y CC OO han decidido volver a echarse a la calle en protesta por lo que consideran una paralización de la negociación colectiva que frena la revisión al alza de los salarios en España.

Según ha podido saber LA RAZÓN, las cúpulas de ambas organizaciones, con sus secretarios generales José María Álvarez e Ignacio Fernández Toxo a la cabeza, mantendrán mañana una reunión en Madrid en la que acordarán la convocatoria de nuevas movilizaciones. En el orden del día oficioso del encuentro, según fuentes sindicales, no figura la convocatoria de una huelga general. De hecho, «el tema no está sobre la mesa». Todavía.

La razón de fondo de esta nueva oleada de protestas en la calle en una legislatura de minorías parlamentarias y con un PP necesitado de apoyos en el Congreso para gobernar es la lejanía que aún mantienen las dos organizaciones sindicales y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en torno al alza de la remuneración que han de percibir los trabajadores en nuestro país.

Tanto UGT como CC OO defienden subidas próximas al 3%, y consideran que el dato del 3% de inflación registrado el pasado mes de enero les da la razón, pues toda subida salarial inferior haría perder un notable poder retributivo a las nóminas de los trabajadores y, también, a los pensionistas. La patronal, en cambio, apoyaría sólo un alza salarial del 1,5%, aunque aceptaría elevarla al 2% si ese incremento se vincula siempre a cuestiones como la productividad y al control del absentismo laboral, disparado durante los últimos tres años, coincidiendo precisamente con la salida de la crisis económica.

Esta tesis se alinea con la que mantiene el Gobierno, que entiende que una subida del 3% restaría parte de la competitividad ganada a la economía española y le hurtaría el atractivo internacional que ha obtenido gracias a las reformas. Atractivo que se traduce en la llegada de inversiones y en el incremento que han experimentado las exportaciones. En el Ejecutivo se considera, además, que esa subida sería incluso perjudicial para los trabajadores porque contribuiría a inflar aún más la espiral de la inflación y frenaría también la creación de empleo.

Tanto empresarios como Gobierno entienden que, más pronto que tarde, el precio del petróleo se estabilizará, no sobrepasando probablemente este año los 60 dólares el barril, y que la inflación no permanecerá mucho tiempo en niveles tan altos como los contabilizados en el mes de enero. Con respecto a la posibilidad, descartada por el momento, de huelga general, las mismas fuentes indican que el sindicato más reacio a convocarla es UGT, porque considera que «no se dan las circunstancias necesarias para celebrarla».

Quizás en un último intento para frenar la convocatoria de las movilizaciones y ofrecer una nueva muestra de su apuesta por el diálogo social, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha convocado para hoy a una reunión a las dos partes en litigio, UGT y CC OO por el lado sindical, y las patronales Cepyme y CEOE por el lado empresarial.

Calidad del empleo

Se trata de la primera reunión de la llamada mesa de diálogo social para impulsar la calidad del empleo, y se produce apenas tres días después de que el comité de sabios entregara a la propia ministra su informe con recomendaciones para acabar con el problema de la interinidad laboral en nuestro país tras la última sentencia europea. Al encuentro acudirán, previsiblemente, los altos espadas de las dos partes: Álvarez y Toxo, por una parte, y Antonio Garamendi y Juan Rosell, por la otra. En principio, durante el encuentro abordarán reformas para la mejora del empleo en España, entre las que se incluyen precisamente las variaciones salariales, las políticas de formación o la conciliación de la vida familiar y laboral.