Competencia recurre en el Supremo la norma que regula a Uber y Cabify

En uno de sus informes, la CNMC, ha llegado a cifrar en 324 millones de euros el impacto económico de esta liberalización.

La guerra sin cuartel entre el taxi y plataformas como Uber y Cabify ha dado un salto exponencial en la arena judicial. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentó ayer ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo una demanda contra el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, que regula los vehículos de alquiler con conductor (VTC) con los que funcionan Uber o Cabify. El organismo que preside Marín Quemada presentó la demanda el año pasado ante la Audiencia Nacional, que desestimó su competencia en el asunto, que ha recaído finalmente en el Supremo.

La demanda de la CNMC se sustenta en un informe del mismo regulador que aboga por la liberalización total del sector. Competencia siempre ha defendido que la eliminación de trabas iría en beneficio de los consumidores porque posibilitaría una reducción de los precios al introducir más competencia. En uno de sus informes, ha llegado a cifrar en 324 millones de euros el impacto económico de esta liberalización. Los taxistas prefieren poner en cuarentena estos estudios ya que, como recuerda Fedetaxi en una nota, “fueron objeto de crítica en el propio seno de la CNMC hace un año, hasta el punto de no ser aprobados y solicitarse el cese del director de Competencia de la CNMC, Antonio Maudes, del que dependen los funcionarios que redactan los informes”.

Entre los obstáculos que, según Competencia, habría que remover están la necesidad de que para otorgar una licencia VTC tenga que haber treinta de taxi o que los vehículos de Uber o Cabify no puedan trabajar fuera de las comunidades autónomas en las que está radicada su licencia.

Tras la presentación de la demanda, se abre un periodo en el que cada una de las partes, la CNMC, Uber y Cabify, de un lado; y el Ministerio de Fomento y las asociaciones del taxi, del otro, expondrán sucesivamente sus argumentos a favor y en contra de la normativa en litigio. Se da la paradoja de que ante el hecho de que haya dos organismos públicos involucrados en el proceso, uno en cada bando, la CNMC tendrá que estar representada por un bufete de abogados privados, pues la Abogacía del Estado tendrá a su cargo los intereses de Fomento.

La guerra entre el taxi y las plataformas como Uber y Cabify se ha recrudecido en los últimos meses. El sector del taxi ha convocado varias manifestaciones para exigir que estas compañías cumplan la ley. A su juicio, no se están respetando aspectos como la ratio 1/30 de licencias ni la prohibición de que los VTC recojan clientes en la calle. Fomento, que se ha manifestado a favor de mantener la actual normativa, ha aclarado que la proporción de licencias está desbordada porque los tribunales están concediendo miles de autorizaciones VTC que las autonomías denegaron entre 2009 y 2013, cuando el sector estaba completamente regularizado. Aunque el ministerio se erige en garante del sector, la competencia de la concesión de licencias recae en las comunidades, mientras que del control de los vehículos se ocupan los ayuntamientos. Con estos se reunión hace unas semanas Íñigo de la Serna para exigirles más controles sobre los vehículos de Uber y Cabify, al tiempo que prometió a los taxistas más medidas para evitar la especulación en la compraventa de licencias VTC, una situación que está devaluando el precio de los permisos de taxi.