El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha abierto un expediente sancionador a diversos grandes operadores de comercio electrónico por haber aplicado unas presuntas rebajas engañosas durante la campaña de Black Friday. Esta iniciativa empresarial responde a una práctica importada de EE UU, mediante la cual, cada cuarto viernes del mes de noviembre, muchos negocios y grandes almacenes buscan incentivar sus ventas ofreciendo descuentos en los precios de sus productos.

De este modo, los operadores habrían aumentado el precio de varios productos antes de la fecha de inicio del Black Friday, con el fin de rebajarlos después a su precio original. Así, durante la investigación llevada a cabo por Consumo, se ha observado que, entre los días 15 y 20 de noviembre del pasado año, un operador ofertaba un televisor por 526,99 euros, precio que ascendía hasta los 629,99 euros el 21 de noviembre con la subida aplicada por ese mismo operador. Justo después, coincidiendo con el periodo de Black Friday, entre el 22 y el 28 de noviembre la empresa bajó de nuevo el precio del televisor a los 526,99 euros.

En este sentido, desde el ministerio han manifestado que "de esta forma, las personas consumidoras se exponen a la falsa creencia de poder adquirir un producto con una rebaja de 103 euros, algo que no se corresponde con la realidad ya que se elevó su precio en los días previos". A esto han querido añadir que, asimismo, el artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista determina que "siempre que se oferten artículos con reducción de precio, deberá figurar con claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior para poder llevar a cabo una correcta comparación". En este caso, han recordado que la ley también indica que "el precio anterior debe ser el precio menor que hubiese sido aplicado sobre productos idénticos en los treinta días precedentes".

La Dirección General de Consumo, dependiente del citado ministerio, realizó una investigación previa en la que recabó información de este tipo de prácticas al considerar que "existían indicios de que dichas operadoras estarían llevando a cabo estas prácticas en sus ventas online". Unas actuaciones que pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

La investigación, que se puso en marcha en el mes de octubre de 2023, llevó a cabo la monitorización diaria de 1.140 productos en total, coincidiendo con el Black Friday. Se realizó empleando la herramienta de la Comisión Europea "Price Reduction Tool".

Sobre las medidas concretas llevadas a cabo, ya se les ha abierto expediente sancionador a dos de estos grandes operadores, mientras que continúa abierta la investigación para el resto de empresas que habrían realizado esta práctica. Además se sabe que, estos operadores que están bajo investigación, comercializan con una amplia gama de productos, desde electrodomésticos, electrónica, deportes hasta cosmética, y pueden comprarse tanto en tiendas como en grandes superficies.

Cabe mencionar que la apertura de dichos expedientes sancionadores no prejuzga el resultado final de la investigación, hay que esperar que el proceso siga su curso. Ahora se abre un periodo máximo de nueve meses para la instrucción de los mismos y para que los órganos competentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030determinen su resolución.