Control al fraude de los cursos de formación

Una unidad especial de inspección operará en las 21 provincias que más fondos gestionan.

El Gobierno aprobó ayer la esperada reforma de la Formación Profesional para el Empleo con el objetivo de acabar con los escándalos en la gestión de los fondos y mejorar la empleabilidad y formación profesional de los trabajadores. Sin el respaldo de los empresarios, que pierden el control de los fondos pese a que aportan la mayoría de la financiación (1.700 millones euros de los 2.100 millones dedicados el pasado ejercicio), el Gobierno aprobó ayer el Real Decreto Ley que introduce un nuevo régimen sancionador que imposibilita a los beneficiarios que cometan fraudes volver a trabajar para la Administración pública en el ámbito de la formación durante cinco años.

Con el objetivo de extremar la vigilancia de un servicio cuya ejecución pasará a estar bajo control exclusivo del Estado –a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de las comunidades autónomas (que tienen asignadas las competencias en materia de formación para desempleados, más de la mitad de todos los fondos de formación)– se creará una unidad específica con equipos especializados. Esta unidad de «vigilancia» comenzará a trabajar ya en las 21 provincias que registran un mayor volumen de gestión de fondos, tanto en la formación bonificada (la que gestionan las empresas para formar a sus trabajadores) como en la de oferta o subvencionada (que se dirige a desempleados y a ocupados pero cuyas materias no tienen que ver directamente con su desempeño profesional).

Además, dentro de las medidas introducidas para mejorar la eficiencia y transparencia del sistema se establece que los cursos de formación no podrán ser objeto de subcontratación y, en el caso de la formación subvencionada, sólo se adelantarán el 25% de los fondos. Otro 35% se entregará cuando se demuestre fehacientemente que los cursos se han puesto en marcha y el 40% restante, a la finalización del mismo. Hasta ahora se podía adelantar el 100% y eso, según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, había dado lugar a irregularidades que la reforma pretende subsanar.

La reforma suprime la Fundación Tripartita (Estado, patronales y sindicatos) y crea la Fundación Estatal para la Formación, cuyo Patronato, como adelantó LA RAZÓN, estará constituido al menos en un 51% por miembros de la Administración General del Estado y en el que se integrarán también representantes de las comunidades autónomas.

Entre las novedades, el modelo implanta la teleformación como un sistema más flexible y elimina la formación a distancia.

El nuevo sistema reconoce por fin el derecho de los trabajadores autónomos a recibir formación y por ello sugiere que coticen por esa materia. En este caso, tanto las patronales como las asociaciones de autónomos podrán acceder a los fondos previstos a tal efecto.

Por otra parte, y como también desveló este diario, se introduce mayor flexibilidad en la formación bonificada dirigida a las necesidades específicas de las empresas y sus trabajadores al eliminar la limitación de bonificación de los cursos, que hasta ahora debían de tener al menos seis horas de duración. Desde la entrada en vigor de la reforma, se bonificarán los cursos de hasta una hora, un guiño que la patronal CEOE había reclamado al Ministerio de Empleo.

En todos los casos, en el ámbito de los recursos directos que se destinan a subvenciones la reforma garantiza que habrá concurrencia competitiva «cien por cien» y se establece un precio máximo por hora de formación (lo que hasta ahora no ocurría) en todos los cursos, también en los dirigidos a la pequeña empresa.

Respecto a la creación del denominado «cheque formación», que las regiones podrán o no poner en marcha según su criterio, podrá aplicarse en el futuro tanto a desempleados –como recoge el texto de la reforma– como a trabajadores ocupados. Así lo explicaron fuentes de Empleo, quienes han incidieron en que la nueva norma pone en marcha el cheque-formación para que pueda ser el desempleado quien elija la entidad de la que recibe formación, sin perjuicio del asesoramiento previo y seguimiento por parte del SEPE. El cheque-formación hará que las comunidades autónomas seleccionen los centros que impartirán la formación y se conectarán por internet con ellos.

Otra de las novedades es que mientras hasta ahora la formación se concentraba en los últimos tres meses del año, el nuevo modelo garantiza la realización de cursos a lo largo de todo el ejercicio. Asimismo, se conocerán de forma pública las evaluaciones de los centros de formación, «para que quien lo haga bien se vea recompensado».

El texto se tramitará como proyecto de ley y se podrán introducir modificaciones en la tramitación parlamentaria.