Cortafuegos en el Gobierno: «Que caiga sobre él todo el peso de la ley»

Ministros y líderes nacionales se movilizan para limitar el daño electoral.

El Gobierno y el PP siguen intentando levantar un escudo frente al «caso Rato» para limitar daños colaterales en su imagen pública y en el apoyo social. Movilización de ministros, dirigentes nacionales y territoriales bajo una misma consigna, dejar clara su condena y el repudio a lo que hoy representa la figura de Rodrigo Rato, tan estrechamente vinculado a sus siglas y a la historia del partido en los últimos 20 años. Y defender con firmeza que caiga sobre él toda la fuerza de la ley. Debajo de esta movilización actúan como motor las alarmas que el miércoles ya se encendieron en el partido por el miedo a las consecuencias de este nuevo escándalo en vísperas de las elecciones de mayo. «Romper con lo que representa Rato dentro de la historia del PP es difícil. Es difícil que ese mensaje llegue a la ciudadanía y que consigamos desmarcarnos por completo de él, pero es la única estrategia posible para que esto no nos lleve por delante», sentenciaba anoche un presidente autonómico.

Ayer, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aprovechó a primera hora de la mañana su intervención ante el Pleno del Congreso, en el que se debatía una iniciativa sobre oferta pública de empleo, para subrayar el compromiso del Ejecutivo en la lucha contra el fraude fiscal y animar a los funcionarios a investigar todos los indicios de fraude sin preocuparse por «nombres, actividades, relevancia social o afiliaciones políticas». A esa hora todavía no se conocía el registro en la casa del ex vicepresidente del Gobierno de Aznar y ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero Montoro se descolgó con un contundente discurso político en el que entre líneas, porque no citó a Rato ni una sola vez, se leía la condena del que fue uno de los «pata negra» del PP.

El argumento oficial sigue siendo el mismo, marcar distancias y apelar al hecho de que la situación de Rodrigo Rato –en la lista de acogidos a la amnistía fiscal y entre los que están siendo investigados por el Sepblac por posible blanqueo de capitales– demuestra que la ley es la misma para todos, y está por encima de «amigos y compañeros». «Respetamos completamente la independencia y autonomía de la Agencia Tributaria y sólo se interviene para mejorar los medios a su disposición», sentenció Montoro en el Congreso. Añadió que el Gobierno anima a los inspectores a que busquen «bolsas de fraude o indicios de delito» sin que se tengan que preocupar «lo más mínimo» por los nombres de los «posibles defraudadores, su actividad profesional o su relevancia social».

«En la lucha contra el fraude, el respeto a la ley y el interés general están por encima de todo. También de los intereses políticos o electorales, compañeros y rivales, o amigos y enemigos». Montoro sentenció que no entiende por qué algunos se escandalizan del hecho de que las actuaciones de la Agencia Tributaria afecten a personas de relevancia social. «A mí me escandalizaría que esas actuaciones no se hicieran y que esas personas no pudieran ser investigadas, como ocurría en el pasado», argumentó en su defensa frente a las críticas de la oposición por su gestión de la amnistía fiscal.

Una vez más, el ministro de Hacienda sacó pecho por los resultados de su política en la lucha contra el fraude: en 2014, la recaudación alcanzó la cifra «récord» de 12.300 millones de euros, y esto es, según recalcó, gracias a la eficacia de los funcionarios y de las directrices con las que han trabajado. «Que cada cual responda de sus actos», concluyó el ministro. A las palabras de Montoro se sumaron las declaraciones del portavoz parlamentario del Grupo Popular, Rafael Hernando, quien defendió en Cuatro que gracias a las medidas del Gobierno se están destapando casos como el de Rato, mientras que en la etapa del PSOE se permitieron «escándalos como la emisión de participaciones preferentes o el Banco Madrid», filial de la BPA andorrana intervenida por blanqueo. Añadió que atribuir al Ejecutivo «las responsabilidades personales de este señor es chocante», porque el Gobierno ha impulsado las medidas legislativas que «están permitiendo destapar estos casos». El lema de que ahora la ley es igual para todos lo enarboló, también, el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Desde el partido, el portavoz del Comité de Campaña, Pablo Casado, afirmó que le abochorna «absolutamente y sin matices» el mero hecho de que un ex vicepresidente del Gobierno se acogiera a la amnistía fiscal para regularizar sus fondos. Rato ya no es militante del PP, recordó. «La ejemplaridad en política es fundamental», apostilló.

El director de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, acudirá el martes a la Comisión de Hacienda del Congreso para informar de la lucha contra el fraude fiscal, una comparecencia que anunció el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. «El objetivo es dar más tranquilidad a la ciudadanía y aportar transparencia», precisó.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendió que la investigación abierta a Rodrigo Rato, tras acogerse a la amnistía fiscal de 2012, demuestra que para el Gobierno «no hay excepciones» a la hora de exigir y de velar por el cumplimiento de la ley por parte de cualquier ciudadano.

El PSOE volvió a pedir ayer la dimisión de Montoro. Y la oposición en bloque cargó contra él por el escándalo que rodea al ex vicepresidente del Gobierno de Aznar y exigió que se publique la lista de defraudadores.