De las «subprime» al populismo

EE UU marcó el camino para salir de la crisis.

La Gran Recesión de 2008 dejó una crisis global sin precedentes, pero no trajo el apocalipsis del sistema. Dejaba, eso sí, un legado brutal de empresas en ruinas, economías descarriladas, empresarios y dueños de pisos en bancarrota y unas cifras de paro escalofriantes. También destruyó una de las instituciones financieras más importantes del mundo, Lehman Brothers. Un banco de inversión fundado en 1850, el cuarto mayor de EEUU, que fue símbolo de un cayó envuelto en llamas cuando reventó el gran banquete de las hipotecas subprime. No cuesta demasiado entender que el actual auge del populismo, el repunte nacionalista y el ataque frontal contra las viejas instituciones democráticas está relacionado con aquel maremoto. Y eso que en EEUU el presidente Trump heredó una economía plenamente recuperada. También una serie de medidas reguladoras diseñadas para intentar corregir la liberalización de ciertas prácticas bancarias. Un fenómeno que arranca con la crisis del petróleo, en 1973, y que aceleró con la llegada al poder de Ronald Reagan en 1981.

Así, la principal reacción a la crisis consistió, primero, en la nacionalización de varios bancos bajo la presidencia de George W. Bush y, ya con Barak Obama, en la ulterior aprobación de la Ley Dodd-Frank en 2010. La norma obligaba a las entidades bancarias a seguir una serie de protocolos, incluido un potente aprovisionamiento de fondos y la superación de unos rigurosos test de estrés anuales a fin de demostrar que podían sobrevivir a otra crisis como la de 2008. La frase Demasiado grande para caer vino a significar, irremediablemente, que el regulador estadounidense no estaba dispuesto a que el contribuyente asumiera otra las cargas de rescatar las entidades en crisis y/o de arriesgar la estabilidad de todo el sistema a la buena estrella de los bancos. El espíritu de las regulaciones, que extensibles con matices a Europa, lo había explicado en 2017 Sabine Lautenschläger, miembro de la Junta directiva del BCE: «Después de todo, los banqueros son personas. Al igual que cualquiera, a veces pueden sobreestimar las ganancias potenciales y subestimar los riesgos. Como dijo Alan Greenspan, “Los mercados pueden dejarse llevar” por una exuberancia irracional (...) la crisis nos enseñó que el fracaso de un solo banco puede dañar todo el sistema financiero y [por ende el resto de] la economía. En pocas palabras, por eso es que los bancos necesitan reglas».

Pero Donald Trump basó su abecedario económico durante la campaña en dos tres o cuatro promesas no necesariamente conectadas. Así, y mientras declaraba la guerra a la globalización y apostaba por subir los aranceles de ciertos productos, se juramentaba para liquidar Dodd-Frank. «Hasta hace poco tiempo», comentó Trump el pasado mes de abril, «no podías prestar debido a las reglas». En su opinión la ley castiga el crédito, lastra el crecimiento económico y entorpece el desarrollo de muchas entidades de ámbito local y regional, sometidas desde 2010 a un escrutinio similar al de los buques insignia de la banca. Este punto de vista es compartido tanto por la práctica totalidad de la bancada republicana como por bastantes legisladores demócratas. Hasta el punto que a finales de mayo 55 congresistas de la oposición unieron sus votos a los republicanos para apoyar el primero intento de desmantelar Dodd-Frank. ¿Cómo? Liberando a los bancos pequeños de algunos de los controles que siguen vigentes para la gran banca. Unas cortapisas que, según el analista de la revista Forbes, Milton Ezrti habrían perjudicado más a las entidades de tipo medio, que carecen de la garantía de que el gobierno federal intervendrá para rescatarlos y, al mismo tiempo, sufren cargas reglamentarias adicionales. En consecuencia, la ley habría enfriado la tentación de crecer y las posibles fusiones. Un estupendo regalo para los JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo y cía., que verían limitada la capacidad de acción y ambiciones de sus hipotéticos rivales.

Claro que este razonamiento casa mal con la evidencia de que los beneficios bancarios encadenan ya dos trimestres de beneficios récord, con 60 mil millones de ganancias entre abril y junio de 2018. Un incremento del 7% respecto a los beneficios del primer trimestre de este año y un aumento del 25% respecto al mismo periodo de 2017. Tampoco se entiende bien por qué los primeros interesados en tumbar las regulaciones son, precisamente, los grandes bancos.

Sea como fuere parece evidente que crece el consenso respecto a la necesidad de relajar la normativa o, cuando menos, de adaptarla a las necesidades del contexto actual. También sobresale la certeza de que los cambios serán más progresivos y, de momento, tímidos, de lo que podía sospecharse al escuchar al candidato Trump. Quizá porque la crisis, sin destruir de raíz la economía como pronosticaban los gurús del final de los tiempos, sí fue lo bastante violenta como para que pasados diez años todavía pese el miedo a repetir aquellos viejos errores.