El déficit público se dispara un 35% en un año por los intereses de deuda y el aumento del gasto

Cumplir con las reglas fiscales impuestas por la Comisión Europeo para este año queda un poco más lejos tras informar el Ministerio de Hacienda que el déficit del conjunto de las administraciones públicas -Central, autonómicas y Seguridad Social, al margen de los ayuntamientos- cerró el primer trimestre en 4.541 millones de euros, una cifra superior en un 35% a la de un año antes, equivalente al 0,29% del PIB. Son datos de ejecución presupuestaria, que certifican que el gasto público continúa aumentando sin freno, para elevarse un 4,5% en el primer trimestre del año, impulsado básicamente por los intereses de la deuda y las inversiones del Estado, pero también porque los ingresos públicos sólo se incrementaron un 3,7%, por debajo de la cifra de gasto.

La Administración central cerró marzo con superávit de 131 millones gracias gracias a que sus organismos de la Administración central rebajaron sus números rojos un 82% respecto al mismo periodo de 2023, un saldo positivo que contrasta con el correspondiente Estado, que mantuvo un déficit de 563 millones, debido al repunte del gasto en intereses, de la remuneración de asalariados públicos por el ajuste de sus compensaciones y de los consumos intermedios.

La evolución del saldo del Estado, que según Hacienda "ha logrado el equilibrio", se ha debido sólo al avance de los ingresos del 2,8%, hasta los 84.130 millones, mientras que los gastos aumentaron un 0,2%, hasta los 84.190 millones. En el desglose se aprecia que estos recursos no financieros, los impuestos alcanzaron los 72.182 millones, la partida más importante y cerca del 86% del total de los recursos, tras crecer un 6,4% respecto a abril de 2023 gracias, sobre todo, al avance de los ingresos procedentes del IRPF en un 17,9%, hasta situarse 17.155 millones, cifra que equivale al 23,8% del total de los impuestos. También se incrementó la recaudación del impuesto sobre la electricidad en 145 millones, hasta 212 millones por la recuperación desde el uno de enero del año en curso del tipo impositivo al 2,5% y del 3,8% desde el 1 de abril, frente al 0,5% aplicado en el primer cuatrimestre de 2023. Y la recaudación seguirá subiendo ya que el tipo impositivo habitual del impuesto de la electricidad es del 5,1%.

En el caso del IVA, el incremento fue de 772 millones hasta 32.342 millones, con un crecimiento del 2,4% tras la retirada de los beneficios fiscales para contener la inflación -con la recuperación del tipo impositivo de la electricidad, el tipo del IVA del gas y de las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de gas natural, briquetas y pellets procedentes de la biomasa y la madera y también se ha reactivado el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE).

La recaudación del impuesto de Sociedades aumentó un 5,3% gracias tanto a los mayores beneficios obtenidos por las empresas como a la limitación para la compensación de bases imponibles negativas de los grupos, y a pesar de que se han tenido que devolver 300 millones por la anulación de la reforma del impuesto de 2016.

Finalmente, los ingresos por cotizaciones sociales se sitúan en 1.912 millones, con un descenso del 1,3%, y el resto de los ingresos con 10.036 millones, disminuye un 16,8%, 2.026 millones menos, debido principalmente, a que en el mes de marzo no ha habido ningún ingreso por dividendos procedente del Banco de España correspondiente a los beneficios de 2023, ya que estos fueron nulos, mientras que en 2023, procedentes del beneficio de 2022, se ingresaron 1.369 millones.

En cuanto a los gastos, estos alcanzaron los 84.190 millones, cifra superior en un 0,2% a la registrada en los cuatro primeros meses de 2023, ya que el descenso de las partidas de subvenciones, cooperación internacional y ayudas a la inversión permitió compensar el fuerte repunte experimentado por otras. El gasto en intereses de la deuda se disparó un 16,2% en un entorno de subida de tipos; el de consumos intermedios, un 9,9%, debido en parte a los gastos electorales (204 millones), y la remuneración de asalariados, un 3,8%, después de que los empleados públicos cobraran los incrementos pactados extraordinarios pactados. La partida de mayor volumen fueron las transferencias entre administraciones públicas, que representa en torno al 60% del total de empleos no financieros, 49.927 millones, un 0,1% más que el año anterior.

Las comunidades autónomas acumularon un déficit de 5.934 millones, el doble que un año antes y un 0,38 % del producto interior bruto (PIB), debido tanto a un aumento de los gastos, sobre todo salariales, como a las menores transferencias recibidas del Estado. Solo dos comunidades autónomas terminaron el trimestre con superávit, Asturias y Navarra, mientras que el déficit estuvo encabezado por Baleares, donde alcanzó el 0,89 % de su PIB.

Por lo que respecta a la Seguridad Social, logró un superávit de 1.455 millones (un 0,09 % del PIB) frente al déficit del pasado año tras registrar un fuerte aumento de los ingresos. El Estado logra estabilidad presupuestaria hasta abril

Sin embargo, el Ministerio de María Jesús Montero prefiere agarrarse a los datos en términos de contabilidad nacional, cuyo déficit fue de 60 millones, inferior en un 97,2% al del mismo periodo de 2023 (2.156 millones), lo que en términos del PIB se traduce en una "situación de equilibrio presupuestario" y una cifra "irrelevante en términos de PIB, gracias al crecimiento de los ingresos y la contención de los gastos" -destacaron fuentes ministeriales-, frente a un déficit de 0,15% en el mismo periodo de 2023. Descontando los intereses se obtiene un saldo primario con un superávit de 9.338 millones, superior en un 57,5% al resultado primario positivo de 2023.