Desahucios: lo legal vs. lo humano

Difícil maridaje desde tiempos inmemoriales. Uno no es experto en Derecho, pero sí me enseñaron aquello de «Dura lex, sed lex», por lo que me vienen a la cabeza esos debates ancestrales de quién controla al controlador, y quién (o qué) ha de ser el (o lo) que controla a los jueces (y permítanme que no haga el doblete de género, porque «jueza» no me gusta, dado que las palabras terminadas en -ez son neutras en cuanto al género gramatical en español; no se me ocurriría decir «soeza» ni «peza», como hembra del pez). Dicho lo cual, tengo que disentir de José M. Benítez de Lugo en cuanto a esos adjetivos que utiliza en su libro «Los desahucios instados por los “Fondos Buitre”», editorial Dykinson, concretamente en su «Proemio» (prólogo, preámbulo, prefacio o introducción para los de ciencias), en su página 22, aplicados a jueces: hiperconservadores (preconstitucionalistas), eso sí, añade el autor, «sin saberlo». Porque, convendrá conmigo el profesor Benítez de Lugo que algún juez de los autoproclamados «progresistas» ha hecho también interpretaciones espurias en algunas sentencias y ha provocado que sus desatinos influyan en la marcha de otro poder del Estado. Tanto «hiperconservador» como «progresista» son marbetes que han dejado de significar para mí lo que deberían significar.

Pero la Seguridad Jurídica, la Salud y la Educación son tres pilares fundamentales de una sociedad democrática y las tres deberían tener una consideración primordial en nuestra sociedad. Si analizamos algunas de las encuestas del CIS, las que se ocupan de las preocupaciones de los españoles, podrán comprobar los lectores que la Educación jamás baja del puesto 18. Salud y Educación, además, tienen un ritmo distinto en su evolución, pero la Justicia, como la Lengua, no pueden evolucionar ni de prisa ni a gusto de los consumidores, en el primer caso, porque perderíamos esa seguridad fundamental en democracia (la certidumbre) y, en el segundo, porque acabaríamos como terminó el latín, desmembrado en una serie de lenguas que no se entienden entre sí, a pesar de tener una misma raíz común.

Como he dicho al principio, no soy experto en Derecho, sí estudioso del lenguaje jurídico-administrativo desde hace más de veinte años, por lo que suelo leer de las leyes las «exposiciones de motivos» o los «Preámbulos» para intentar comprender el porqué del legislador. Sí puedo afirmar que, en momentos concretos de la Historia, el Legislativo ha intentado subvertir la norma básica de la certidumbre. Pondré dos casos, siempre que estemos de acuerdo en el canon clásico de la técnica normativa: habla (escribe) poco, claro, cierto, bien y bello (José Leandro Martínez-Cardós, Técnica normativa, Escuela de Práctica Jurídica, UCM, 2002, opúsculo que debería ser de obligada lectura por todos los juristas). Con respecto al tercer elemento del canon, me refiero a la «Ley de los sospechosos», de septiembre de 1793, con la que «El Terror comenzó […] en cuanto ya no se trataba de lo que el hombre era o hacía, sino de la apariencia –palabras, relaciones, omisiones–, que permitían sospechar de sus pensamientos, de sus deseos, de sus sentimientos. De la apariencia sospechosa nadie podía sentirse libre» (Pabon y Suárez de Urbina, Franklin y Europa, Madrid:1985:127, extraído del librito de Martínez-Cardós). El segundo caso es la «Ley de Vagos y Maleantes», de 4 de agosto de 1933, ley del Orden Penal español aprobada por las Cortes de la Segunda República​ y de la que se apropió el franquismo para situar a todos aquellos que no eran afectos al Régimen fuera de la ley y poder perseguirlos con visos de legalidad. Como España no aprende de sus errores, esperemos que esto no se repita en la actualidad, aunque hay nubes negras en el horizonte que no parecen presagiar nada bueno.

Fuera de las leyes, también podemos encontrar algún ejemplo que reflejaba el peligro de manipular las palabras de la Ley y proponer un bodrio jurídico. Me refiero a la escena final de «Los intereses creados» de Jacinto Benavente (ejemplo deudor también de Martínez-Cardós), en donde un abogado (cuyo título le debió tocar en una tómbola), ante una sentencia condenatoria de su cliente, hace lo siguiente: Mi previsión se anticipa a todo. Bastará con puntuar debidamente algún concepto... Ved aquí; donde dice «Y resultando que si no declaró...», basta una coma y dice: «Y resultando que sí, no declaró...» Y que: «Y resultando que no, debe condenársele...», fuera la coma, y dice: «Y resultando que no debe condenársele...» [en la obra se le tilda de «Genio de la Justicia, Oráculo de la Ley, Monstruo de la Jurisprudencia»].

Hecho este «Contraproemio», he de decir que la obra del profesor Benítez de Lugo debería ser leída, sin ninguna duda, por los legisladores actuales, a pesar de tener el peor Congreso de los Diputados de la historia de nuestra todavía reciente democracia. Digamos mejor que debería ser de lectura obligatoria para aquellos miembros de los partidos políticos que saben de qué va esto. Y tengo que decir que esta obra me ha impresionado por ser un trabajo exhaustivo, muy bien documentado, escrito por alguien que narra los hechos desde la experiencia y que, además de ser un buen jurista, es un hombre con alma, sensible al sufrimiento ajeno y, como me decía el añorado Gustavo Villapalos, como el Digesto, al que nada humano le es ajeno.

A tenor de lo leído, es evidente que en la situación actual, en lo que a este derecho básico se refiere, el de una vivienda digna, no se cumple ni de lejos. Hay muchos culpables de esta situación, pero no creo que sean solo los jueces que apoyan sin reflexión las leyes vigentes al respecto. Como decía Ihering en El espíritu del derecho romano (trad. Española Buenos Aires, 1947), la Ley debe ser sencilla, clara, transparente, ordenada y natural. En cuanto a esto, en la actualidad, las leyes, en general, emanadas del Congreso en los años más recientes no son un dechado de técnica legislativa apropiada ni sus contenidos respetan ninguna de las características propuestas por Ihering. Por ello, estoy con el profesor Benítez de Lugo en que hay que replantearse toda la cuestión que afecta a los desahucios, aquellos causados por esos fondos buitres y que atentan contra ese derecho constitucional, no, por supuesto, aquellos causados por las ocupaciones ilegales (donde también se necesita un replanteamiento a fondo para recuperar otra de las esencias de la sociedad democrática, el derecho a la propiedad privada).

El libro es, a pesar de mis limitaciones en el área de conocimiento del Derecho, una obra magistral, que alivia de muchísimo trabajo a cuantos abogados se dediquen a defender a aquellas personas que sufren este mal del siglo XXI, por culpa de las crisis terribles que está padeciendo la humanidad, económicas y morales, causadas por las guerras, la falta de ética en los negocios, la desmesurada ambición de estos fondos internacionales, las políticas desacertadas en materia de vivienda y por las leyes que casi nunca protegen a los que menos tienen. Es, por tanto, de urgencia extrema que el legislador promulgue una ley en la que se prohíba taxativamente la venta de las viviendas sociales o de protección oficial a fondos buitres, y también prohibir a los propietarios de viviendas VPO la venta de sus inmuebles a precio libre, pues más de una vez han hecho negocios ilícitos con ella. Interesante el caso que extrae el profesor Benítez de Lugo (p. 223) de la obra de Gumersindo de Azcárate «Historia del derecho de propiedad» en la que en Inglaterra, gracias al cuadro de un artista que reflejó la crueldad de un desahucio, «la opinión pública se pronunció enérgicamente contra aquella ley dura e injusta, y al poco tiempo había venido abajo». Nuevas leyes auspiciadas por el derecho natural y, si fuera posible, por una opinión pública seria que huya de las algaradas pseudoelectoralistas, es de urgente necesidad.

La extraordinaria editorial Dykinson apuesta, una vez más, por una obra valiente, que pone muchas cosas en su sitio, que va a contracorriente de tirios y troyanos y que debe ser, a mi juicio, como he dicho más arriba, lectura obligatoria para los Partidos Políticos, el Poder Legislativo, la Judicatura y cuantos abogados trabajan en este complicado y difícil campo en el que se mezclan los argumentos jurídicos con los argumentos humanitarios.