Actualidad

El decreto de los VTC acumula ya 8.000 reclamaciones

El plazo finaliza el próximo 31 de diciembre

Los VTC han presentado una reclamación ante la Dirección General de Transporte por el real decreto ley aprobado en septiembre que facilitará la supresión de licencias dentro de cuatro años
Los VTC han presentado una reclamación ante la Dirección General de Transporte por el real decreto ley aprobado en septiembre que facilitará la supresión de licencias dentro de cuatro años

El plazo finaliza el próximo 31 de diciembre.

Cerca de 8.000 propietarios de licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) ya han presentado una reclamación ante la Dirección General de Transporte por el real decreto ley aprobado en septiembre que facilitará la supresión de licencias dentro de cuatro años, según Unauto, la patronal que representa al 90% del sector VTC en España. La reforma, con la que el Ministerio de Fomento intentó poner fin al conflicto con el sector del taxi, estableció un plazo de tres meses para reclamar si los propietarios de las VTC consideraban que la moratoria de cuatro años que se fijó es insuficiente para amortizar las licencias. Dicho plazo finaliza el próximo lunes 31 de diciembre y, para esa fecha, Unauto estima que se alcanzarán las 12.000 solicitudes.

La organización ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de todos sus asociados «para que no quede una VTC sin reclamar», explicó ayer el presidente de Unauto, Eduardo Martín. La resolución de la Dirección General de Transportes, que llegará dentro de seis meses, pondrá fin a la posibilidad de reclamar por la vía administrativa. Aún así, Martín no descarta recursos contencioso-administrativos y, si es necesario, ante el Tribunal Supremo o el Constitucional. No obstante, Fomento asegura que el decreto ley está «blindado jurídicamente».

El decreto, que actualmente se encuentra en fase de enmiendas, se tramita como proyecto de ley principalmente por la falta de apoyos parlamentarios, pero también por la inquietud de las comunidades autónomas por la posibilidad de tener que afrontar indemnizaciones millonarias. El coste de la eliminación de las licencias ascendería hasta los 3.800 millones de euros, según los cálculos de EY. Para Fomento, las licencias de vehículos como Uber y Cabify «ni se suprimen ni se expropian, sólo cambian sus condiciones y siguen existiendo para dar servicio interurbano o para solicitar las nuevas licencias urbanas».

En cualquier caso, el texto fija que si finalmente se reconoce una indemnización, ésta no se abonará en forma de compensación económica, sino en tiempo. Es decir, se concedería un máximo de dos años adicionales para amortizar la licencia. No obstante, Fomento considera que la moratoria de cuatro años reconocida por ley es «suficiente para amortizar las licencias».

En 2022, las más de 12.800 licencias VTC que hay actualmente dejarán de estar habilitadas para realizar transporte urbano, su principal negocio. Sin embargo, los ayuntamientos que quieran, podrán seguir contando con su servicio, pero deberán fijar un límite con la concesión de una nueva licencia urbana.