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Presupuestos Generales: Récord de gasto y «sablazo» fiscal para el «sí» soberanista
El Gobierno admite el frenazo en la economía pero culpa al PP. Los ingresos por cotizaciones sociales crecerán un 7,5%, apoyados en la subida del SMI hasta los 900 euros
El Estado realizará un préstamo de 15.164 millones de euros a la Seguridad Social para pagar las pensiones.
Más gasto en año electoral, más impuestos y guiños a Cataluña para obtener el favor del PDeCAT y ERC. Estas son las claves de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que la ministra de Hacienda María Jesús Montero presentó ayer en el Congreso de los Diputados. Las cuentas públicas, aprobadas por el Gobierno el pasado viernes en Consejo de Ministros, contienen un fuerte incremento del gasto, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere compensar con un alza récord de la recaudación fiscal de casi 20.000 millones de euros.
De esa cifra, 5.654 millones de euros proceden de la implantación de nuevos tributos (tasa Google o impuesto a las transacciones financieras) o de la subida de otros ya existentes (IRPF, empresas, patrimonio y diésel). El resto, unos 14.000 millones, vendrán, según el Gobierno, del incremento de la actividad económica. Ello, a pesar del frenazo en la economía española que la propia ministra admitió. No obstante, Montero culpó de esta desaceleración al anterior Ejecutivo del Partido Popular. «Viene desde hace varios años, desde 2015», dijo. En este sentido, la ministra calificó al PP y a Ciudadanos de «irresponsables» por haber impedido 6.000 millones de euros más de gasto con su veto en el Senado a una senda de déficit más flexible.
Los Presupuestos contemplan que casi seis de cada diez euros (57%) vayan destinados a gasto social. Se trata de una subida de algo más de 12.000 millones de euros respecto al dinero destinado a políticas sociales en los anteriores Presupuestos. No obstante, buena parte de este aumento del gasto estaba ya comprometido por el anterior Ejecutivo, como es el caso del alza de las pensiones conforme al IPC, la subida del sueldo a los funcionarios o la equiparación del salario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Destaca sobre todo la factura de las pensiones, que superará por primera vez la barrera de los 153.000 millones de euros, lo que supone un 6,2% más. Las pensiones de 9,5 millones de personas aumentarán un mínimo del 1,6%, en la misma medida que el IPC, de forma que no pierdan poder adquisitivo. Las pensiones mínimas subirán un 3%y las de viudedad, un 7%. Además, se suprime el copago farmacéutico para los pensionistas que cobren menos de 11.200 euros anuales y para los perceptores de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo. Se recupera el subsidio por desempleo para mayores de 52 años y se eleva el permiso de paternidad de cinco a ocho semanas.
Estas mejoras suponen un importante aumento del gasto, que las cotizaciones sociales no serán capaces de cubrir en el caso de las pensiones, pese al aumento previsto del 7% para estos ingresos, ligado sobre todo a la subida del salario mínimo hasta los 900 euros. De hecho, el Estado tendrá que realizar un nuevo préstamo de 15.164 millones de euros a la Seguridad Social para garantizar su viabilidad.
El gasto en infraestructuras también experimenta un gran aumento, con un alza del 40%. De los 7.572 millones que se dedican a esta partida, 4.841 millones irán a parar al ferrocarril y 2.328 millones (+23%), a carreteras. Los empleados públicos verán cómo sus salarios suben un mínimo del 2,25%, más un complemento variable en función del crecimiento de la economía.
La financiación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos alcanzará un récord de 129.899 millones, siendo Cataluña la región más beneficiada, ya que obtiene 1.561 de los 6.671 millones de nuevos recursos. Es decir, uno de cada cuatro euros y casi el doble que lo que gana Madrid. Además, la intención del Gobierno de elevar las inversiones en esta autonomía hasta el 18% del total, frente al 13% que tenía en los anteriores Presupuestos, ha disparado la inversión en Cataluña en 900 millones de euros y un 80% más que Madrid.
El apoyo de los partidos catalanes es fundamental para que Pedro Sánchez logré sacar adelante sus primeras cuentas públicas, permitiéndole así estirar la legislatura hasta 2020. También es vital el respaldo de Unidos Podemos, formación con la que el Gobierno ha pactado buena parte de la medidas presentadas ayer, pero que forzará en las próximas semanas para conseguir nuevas concesiones por parte de Moncloa. Montero señaló que aún no ha hablado con ERC o el PDeCAT, pero aseguró que «son unas cuentas magníficas para Cataluña». También abrió la puerta a una eventual e improbable abstención del PP y, «sobre todo» de Ciudadanos. «Hay un periodo de tramitación en el que se pueden ver las partidas que Ciudadanos quiere mejorar», dijo en un guiño a Albert Rivera. «Apoyar estas cuentas no es apoyar al Gobierno de Sánchez».
Cuestionada sobre si las previsiones de ingresos pueden ser demasiado optimistas, la ministra de Hacienda insistió en que son «más moderadas que las de Cristóbal Montoro». En este sentido, explicó que la recaudación crecerá a un nivel parecido que con su predecesor, con la diferencia de que el Gobierno del PSOE sube ahora los impuestos y el del PP «los bajaba», lo que convierte en más creíbles las estimaciones del actual Ejecutivo.
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