El Gobierno alerta de que la renta mínima «llevaría a la quiebra a la Hacienda Pública»

El responsable de Presupuestos cifra en 20.000 millones su coste, que dispararía un 1,5% el déficit.

El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, afirmó ayer que la implantación de una nueva prestación de ingresos mínimos supondría «la quiebra de la Hacienda Pública». «La nueva prestación obligaría a dedicar, o bien menos recursos en otras partidas que podrían generar efectos mucho más positivos en la lucha contra la exclusión social, como es la educación; o un aumento de los ingresos a través de los tributos», indicó Nadal.

Durante su comparecencia en el Congreso, el responsable de las cuentas públicas cifró el coste de esta nueva prestación no contributiva a costa de los Presupuestos Generales del Estado en una horquilla que va desde los 15.000 millones de euros hasta los 20.000 millones de euros, lo que tendría un enorme impacto en el gasto público, con un incremento del déficit público de hasta un 1,5% del PIB, así como en la senda de reducción de la deuda pública, estimó Nadal. «Si llega al BOE tal y como está planteada supondría la quiebra de la Hacienda Pública española, con la economía (...) y podría poner en peligro el sistema de pensiones», remarcó, pues asfixiaría –a su entender– a las arcas públicas, que ya destinan casi 7.000 millones de euros por la vía de las prestaciones no contributivas ligadas al desempleo (subsidios, Plan Prepara, Programa de Activación de Empleo, etc.). Unas ayudas a las que habría que sumar otras prestaciones para asegurar el nivel de renta y los 1.400 millones que destinan las regiones a sus políticas de Rentas Mínimas de Inserción.

Nadal remarcó que para hacer frente a este gasto adicional habría que subir el IVA general en 6 puntos o los tres tipos actuales en 3 puntos y el IRPF en un 20% de media pues supondría doblar el volumen total de recursos públicos que se destinan a protección social en España y que cuantificó en 8.400 millones, un 0,75% del PIB, cerca de la media del 0,8% de la Unión Europea.

La idea de crear una nueva prestación de ingresos mínimos proviene de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por UGT y CC OO para garantizar unos ingresos mínimos de 430 euros mensuales a prácticamente toda la población activa (18-65 años) que esté en situación de desempleo para prevenir la pobreza.