El Gobierno blindará el bono social

Una ley lo regulará para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo. Su financiación recaerá sobre todas las compañías.

Media España se conmocionaba hace 15 días por el fallecimiento de Rosa, la anciana de 81 años que murió en un incendio provocado en su casa de Reus por una vela, con la que se iluminaba. Y la tragedia ha revivido el debate en torno a la lucha contra la pobreza energética, que se ha convertido en uno de los retos prioritarios. En ese combate, el bono social resulta esencial. Se trata de un descuento del 25% de la factura de la luz que se aplica a 2,4 millones de hogares, y cuyo sistema de financiación tumbó hace un mes el Tribunal Supremo.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró que el Gobierno redactará en las próximas semanas un Real Decreto Ley para regularlo en cumplimiento de la sentencia. Los casi 200 millones de euros que cuesta se endosarán al sector en su conjunto, no a los consumidores. Pero si desde 2013 el pago recae sobre 23 empresas, ampliarlo a todas las comercializadoras haría que la factura se repartiera entre unas 250 compañías.

El ministro explicó que además de en torno al régimen de financiación, la actuación girará sobre los requisitos para acceder a él. Es más, su adjudicación podría vincularse a criterios de renta, estableciendo diferentes baremos en función de la situación de cada familia.

Las eléctricas no lo rechazan, pero consideran que está mal enfocado. Y es que, al no aplicarse este criterio de renta en la actualidad, podría favorecer a personas que no lo necesitan. Se estima que el 80% de los casos reales de pobreza energética no están acogidos a él, y que 800.000 hogares se benefician sin necesidad.

Nadal se reunió con el resto de fuerzas políticas para buscar una solución de financiación y definir con mayor precisión a qué colectivos debería proteger. Más allá del devenir judicial del caso, el ministro tendió la mano a todos los grupos parlamentarios para consensuar, con cierto carácter de urgencia, un nuevo sistema para sufragarlo.

Hogares con menos de 3 kilovatios (kV) de potencia, pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas o familias con todos sus miembros en paro... El acuerdo de investidura alcanzado entre PP y Ciudadanos recogía el compromiso de reforzar su protección, garantizando que tengan acceso a él todos los consumidores en situación de vulnerabilidad.

El presidente de NGC Partners sostiene que la idea de ayudar a los más desfavorecidos es buena, pero no ve necesario que esa protección sea a costa de distorsionar más el precio de la electricidad y de crear un subsidio cruzado, «pues lo que no pagan unos lo pagan otros. Bastaría con que se hiciese mediante una subvención, o un impuesto negativo en el IRPF».

El concepto de pobreza energética se traduce en la exigencia de que las compañías de electricidad o de gas no corten el suministro a los clientes que no puedan pagarlo. La cuestión es quién tiene que correr con las deudas de esas personas. Pedir que lo hagan exclusivamente las compañías, piensa Mielgo, es imponerles una carga injusta e incentivar la picaresca y el fraude. «En un país seriamente organizado, los contratos se cumplen y las deudas se pagan. Y, si hay que atender a estas necesidades por imperativo de justicia, también es justo que sea la sociedad la que soporte esa carga, por alguna de las vías que son legal y prácticamente viables. Estamos ante otra distorsión de los precios y de los mercados. La justicia redistributiva y las ayudas a las rentas bajas son una misión de las administraciones públicas y no de las empresas ni de los particulares», apostilla.

Desde Unesa aseguran que las compañías están especialmente sensibilizadas con el problema que supone el alto precio del recibo eléctrico y el efecto que tiene sobre los colectivos más desfavorecidos. En este sentido, proponen redefinir los criterios de adjudicación del bono social para reforzar la protección de los clientes vulnerables. Piensan que actualmente esta ayuda no llega a quienes más la necesitan y que, por ello, deberían reajustarse los requisitos adjudicatarios, de modo que introdujeran un criterio de nivel de renta que a su vez permitiera destinar fondos a atender hogares cuya situación de pobreza esté acreditada por los servicios sociales.