El Gobierno retirará la tributación de los despidos

La modificación del apartado E del artículo 7 de la Ley del IRPF que exime de tributación las indemnizaciones por despido de los trabajadores siempre y cuando no superen los 45 días por año trabajado y tengan el visto bueno de un juez o del servicio de arbitraje se ha convertido en uno de los aspectos más polémicos de la reforma fiscal. El pasado día 20, el Consejo de Ministros dio el visto bueno a la reforma presentada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que, entre otras cosas, introduce un nuevo párrafo, según el cual el importe de la indemnización exenta «tendrá como límite la cantidad de 2.000 euros por cada año de servicio prestado».

Un tema a negociar

Cristóbal Montoro es consciente de que la medida es «delicada y controvertida» y nada más darse a conocer la reforma tendió la mano a los agentes sociales para negociar todos los aspectos y en particular éste. Las fuentes consultadas por LA RAZÓN creen que el Gobierno ha apuntado muy alto para poder ceder terreno en el periodo de consulta pública que se ha abierto hasta la aprobación definitiva del proyecto de ley que se llevará a cabo el próximo 18 de julio. Todo parece indicar que el Gobierno terminará respetando los actuales términos de la ley, aunque introducirá algún elemento para limitar a una cantidad máxima, que posiblemente no esté en función de los años trabajados, el dinero exento de tributación.

¿Por qué? De acuerdo con los datos que figuran en los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio, la exención de las indemnizaciones por despido es uno de los beneficios fiscales contemplados en el régimen de tributos e «impide» que se ingresen 137,34 millones de euros, una cantidad que es un 30,1% inferior a la del año anterior (201,48 millones) debido a la recuperación económica y a la mejoría experimentada en los últimos trimestres por el mercado laboral.

Poco efecto recaudatorio

Los expertos creen que el Gobierno ha tirado por elevación para disponer de alguna moneda de cambio para sostener con los sindicatos para prolongar un año más la moderación salarial y permitir que la economía española aumente su competitividad y gane la confianza definitiva de los mercados internacionales.

Lo normal, según las fuentes consultadas por este diario, es que el Gobierno termine dando marcha atrás en sus intenciones y trate de frenar la proliferación de pactos entre empresas y trabajadores para extinguir de mutuo acuerdo las relaciones laborales. Consideran que por poco más de 100 millones de euros anuales, que irán disminuyendo a medida que la recuperación económica se consolide en los próximos años, el Gobierno no tiene necesidad de exponerse al desgaste que puede suponer la adopción de una medida tan impopular en un año, el próximo, de marcado carácter electoral.

Montoro ha negado este aspecto y aseguró el pasado viernes que «los gobiernos no nos dedicamos a conectar con el electorado; nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer, con seriedad y rigor, y luego los electores deciden».

Nada más conocer las intenciones del Gobierno, las centrales sindicales. El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo aseguró que la medida perjudicaría mucho los procesos de negociación de expedientes de regulación de empleo, la jubilación anticipada, etc.

¿Inconstitucional?

Algunos bufetes han cuestionado incluso la constitucionalidad de la una norma que obliga a tributar todas las indemnizaciones producto de los despidos a partir del 20 de junio pasado.

El Gobierno insiste en que no hay ninguna decisión tomada en firme y en que el 80% de los despidos estaría fuera de la norma prevista en la reforma.