El Gobierno sepulta el impuesto regional sobre los depósitos

El Ministerio de Hacienda creará un impuesto estatal sobre depósitos de clientes en entidades de crédito a tipo cero para evitar que las comunidades autónomas puedan aplicar uno propio, dado que dos administraciones no pueden gravar el mismo hecho imponible. Fuentes de Hacienda han confirmado a Europa Press que la creación de este nuevo tributo a partir del 1 de enero de 2013 supone que las comunidades que ahora aplican este impuesto (Extremadura, Canarias y Andalucía) deben dejar de hacerlo y, por ello, deberán ser compensadas por el Estado por la pérdida de recaudación de acuerdo con la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas. Hace una semana el Tribunal Constitucional avaló el impuesto sobre los depósitos de Extremadura, que recurrió en su día el Gobierno de José María Aznar.

Según Hacienda, la creación del nuevo impuesto estatal, que se ha introducido mediante una enmienda del PP a la ley de medidas tributarias que está debatiendo el Senado, pretende que los depósitos de los bancos reciban un tratamiento tributario homogéneo y el sistema financiero no pierda eficiencia. El objetivo es, por tanto, «potenciar y garantizar» la unidad de mercado, según indica el Gobierno. De esta forma, el Ejecutivo se asegura de que no haya diferencias entre unas comunidades autónomas y otras a la hora de gravar los depósitos bancarios. Como el objetivo no es recaudatorio, establece un tipo de gravamen del 0%.

La Junta de Andalucía ha expresado su sorpresa, y dice que su impuesto es constitucional y autonómico y ha asegurado que no piensa tocar los Presupuestos para el próximo año. Según la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, no ha habido ninguna comunicación previa del Gobierno. Se queja de que el Ejecutivo intente vaciar la capacidad fiscal de las regiones cuando están en el punto de mira de los analistas. El PSOE, a través del portavoz en el Congreso, Pedro Saura, asegura que el impuesto gubernamental impide la implantación de mecanismos para financiar el Estado del Bienestar por parte de las comunidades autónomas.