El registro de empleados apenas aflora un 2% de horas extra

Las horas computadas llegan a 3,2 millones. Las no computadas descienden a niveles de 2010, con una bajada del 23,7%. Los autónomos son el sector que más pierde, un 12%.

La puesta en marcha de la normativa del registro horario obligatorio en todas las empresas españolas –tengan uno o miles de trabajadores– ya tiene un reflejo directo en las estadísticas. Pese a que aún es pronto para sacar conclusiones –sólo se ha contabilizado un trimestre completo–, la última Encuesta de Población Activa (EPA) ha puesto de relieve que el objetivo del Gobierno de controlar la totalidad de horas extraordinarias que se hacen en España –tanto las que se contabilizan como las que no– se ha cumplido a medias. Su intención era aumentar los ingresos del erario público por cotización de horas extraordinarias y bajar exponencialmente el de las no computadas, pero los resultados –aunque aún es prematuro sacar conclusiones a medio y largo plazo– se han quedado cortos, ya que las horas de más trabajadas y pagadas por cada empleado apenas aumentaron un 2% respecto al trimestre anterior, sumando casi 3,2 millones.

Más impacto ha tenido la medida sobre las horas extra no computadas, que sí han registrado un descenso significativo, del 23,7%, el mayor desde 2008, el primer año contabilizado por el INE. Durante el último trimestre, en España se registraron un total de 5.393.700 horas a la semana, un 10,4% menos que en el segundo trimestre, cuando se alcanzaron las 6.020.700 –el peor dato desde septiembre de 2017, cuando sumaron 5.198.700, y muy lejos del máximo alcanzado en junio de 2018, 6.822.900, un 21% menos–. De ellas, 2.222.100 fueron horas extras no pagadas, cifra similar al mínimo registrado en 2010, cuando se alcanzaron los 2.212.900. En términos interanuales, la caída de horas extras realizadas a la semana fue del 12%.

También es significativo que las horas extras hayan caído especialmente entre los autónomos, casi un 12%, hasta 684.000. Las razones hay que buscarlas en que los autónomos con trabajadores a su cargo –sobre todo en hostelería– deben cubrir un espacio horario muy amplio de jornada laboral, incluso por encima del pactado por convenio, por lo que esas horas que antes no se contabilizaban pero eran pagadas como pluses ahora ya no pueden hacerse efectivas al tener que declararlas, y se han visto obligados a no cubrirlas. Por ello, se pone coto a posibles abusos, pero dejan de pagarse cantidades extras a los empleados.

Las previsiones del Gobierno podría verse acortadas en su objetivo recaudatorio. Si este año finalizara con la proyección actual, en diciembre deberían haberse alcanzado al menos 340 millones de horas extras, de las que menos 150 millones serían sin contabilizar, el 44%. Atendiendo a esta cifra y aplicando la base de cotización ordinaria, la estimación de ingresos debería rondar los 500 millones de euros –habría que restar la parte correspondiente a los cuatro primeros meses de este año, que no computan–, pero esa estimación podría quedarse corta si la cifra de horas computadas mantiene su tenue subida del 2%.

La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, reconoció la semana pasada en unas jornadas sobre el control horario en Guadalajara que la bajada de horas extras registradas era un dato incuestionable, pero que todavía era pronto para hacer una evaluación sobre cómo ha funcionado hasta ahora la medida. «Espero que para principios del año que viene puedan hacer una estimación de cómo está funcionando la norma, pero es posible que la reducción del número de horas extraordinarias que desvela la EPA del tercer trimestre se deba a este plan», afirmó.

Pasados ya seis meses desde que se puso en marcha el registro horario obligatorio, Inspección de Trabajo ha entrado de lleno en el control del cumplimiento de esta normativa y ha abierto ya cientos de expedientes a empresarios que no cumplen con ella. Aunque estos procedimientos en curso todavía no han derivado en una sanción firme, las empresas implicadas tienen unos plazos legales para rectificar las anomalías detectadas. Si no lo hacen, el expediente seguirá su curso y terminará en una sanción económica, que puede ir desde 626 y hasta 6.250 euros, en función del número de trabajadores afectados o del volumen de negocio de la compañía, y hasta 187.515 euros en sanciones muy graves sobre contabilización fraudulenta de horas extras.

El real decreto ley 8/2019 –nombre oficial de la norma– obliga a todas las empresas españolas a contar con un sistema de registro de la jornada laboral de sus trabajadores, en el que debe constar la hora de entrada y salida del puesto de trabajo de cada empleado de forma diaria. Su implantación ha sido complicada. Todavía hay procesos de negociación sindical abiertos y dificultades en algunos colectivos que han impedido su aplicación, siendo estas las dos únicas causas por las que los inspectores podrían otorgar una moratoria en una posible sanción.