Sanear el sector bancario costó más de 60.000 millones

Bankia, NovaCaixaGalicia, Catalunya Caixa y la CAM, las que más dinero recibieron.

60.718 millones de euros. Éste fue el dinero público que el Estado tuvo que desembolsar, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantías de Depósitos de Entidades de Crédito, para sanear el sector bancario entre los años 2009 y 2015. Sin embargo, esa cifra no puede considerarse definitiva, y podría ser mayor, toda vez que el coste de ese proceso no se conocerá con plena exactitud hasta que «no estén finalizadas las consecuencias de los procesos de reestructuración».

Así lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización del proceso de saneamiento de la banca. La principal partida de esos 60.718 millones utilizados en el rescate del sector bancario fue la derivada de las aportaciones al capital y cuotas participativas. Destacan, como procesos que han supuesto mayor coste, los de CX (Catalunya Caixa, con 12.676 millones), BFA/Bankia (12.347 millones de euros), CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo, 11.065 millones) y NCG (Nova Caixa Galicia, con 9.159 millones). Junto a ello, el órgano fiscalizador considera que, en líneas generales, las entidades fiscalizadas han cumplido «adecuadamente» la normativa reguladora en las actuaciones emprendidas en los procesos de reestructuración y resolución bancaria, durante los años 2009-2015.

Sin embargo, el Tribunal ha constatado una serie de deficiencias. Así, en relación con los acuerdos adoptados por la Comisión Rectora del FROB en ciertos procesos de reestructuración, resolución y venta, «no detallaron, como habría sido lo procedente, todas las garantías que finalmente fueron formalizadas en los contratos de ventas, aunque sí figuraban detalladas tales garantías en la documentación analizada por la Comisión Rectora».

Además, al Banco de España le correspondía aprobar los planes de reestructuración y de resolución elaborados por el FROB, documentos que deben detallar las medidas de apoyo en las que se concretará posteriormente la intervención del Fondo. «Sin embargo, el plan de resolución del Banco de Valencia aprobado por el Banco de España no recogió todas las obligaciones que asumió el FROB».

Un aspecto relevante que pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas es el hecho de que el FROB no definió un procedimiento para imputar los ingresos, gastos y costes incurridos en cada proceso de resolución, que hubiera permitido cumplir, sin restricciones, lo establecido en la Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito del año 2009, donde se prevé que el FROB deduzca y retenga del precio de venta los gastos incurridos. Sin embargo, realizó una interpretación restrictiva, al entender que sólo podían ser deducibles (y, por tanto, recuperables) aquellos gastos que estuvieran ligados de forma directa a la venta de la entidad. «De haber adoptado una interpretación menos restrictiva, el FROB podría haber deducido y retenido importes mayores de los que realmente efectuó en los casos de algunas entidades financieras», pone de relieve el Tribunal de Cuentas.

Informes innecesarios

El órgano fiscalizador alude al hecho de haber destinado la nada despreciable cifra de 1,4 millones en informes que realmente eran del todo punto innecesarios. Ello vino derivado de la contratación entre abril y octubre de 2011 de expertos independientes para elaborar informes de valoración de dos entidades antes de que éstas solicitaran formalmente apoyos financieros del FROB, lo que derivó en que, en la práctica, los mismos «fueran innecesarios».

Junto a las deficiencias e insuficiencias detalladas, el Tribunal de Cuentas enumera una serie de recomendaciones para el FROB, que pasan por aprobar un documento regulatorio del proceso de venta de entidades afectadas por procesos de reestructuración o resolución en el que se establezcan las reglas básicas.También aconseja al FROB y al Fondo de Garantía de Depósitos el establecimiento de un sistema de contabilidad analítica «que permita conocer de forma directa e inmediata» los recursos aplicados en cada uno de los procesos de reestructuración o resolución, así como los ingresos y gastos directamente imputables.