En vilo, el poder comercial de la UE

El futuro del comercio está en juego y las cartas se barajan a ambos lados del Atlántico. Lejos de reducir los aranceles, que ya son razonablemente bajos en la otra orilla del «charco», se persigue un reconocimiento mutuo de las diferentes homologaciones. ¿Por qué un coche seguro en la Unión Europea no va a serlo en Estados Unidos? La Asociación Transatlántica sobre el Comercio y la Inversión –TTIP, por sus siglas en inglés– es un acuerdo de libre comercio en negociación entre la UE y EE UU, los mayores socios en el área comercial y de la inversión. Este frente geográfico representa aproximadamente una tercera parte del comercio y más de la mitad del PIB mundial. Tras nueve rondas de negociación, la firma del Tratado continúa en el aire porque no se han limado todas las asperezas. Tanto la entrada de alimentos transgénicos o de carne hormonada con etiqueta estadounidense como los protocolos de estandarización de las agencias de medicamento o cláusulas como el «Buy american» –el proteccionismo estadounidense por el que se prioriza la compra de productos y bienes locales– generan bastante polémica. No obstante, las principales fuentes de la discordia se encuentran en las barreras no arancelarias.

Fortalecer los vínculos y derribar fronteras en el litoral atlántico constituye un retrocohete para la actividad económica. Según algunos cálculos, en la UE se podrían crear dos millones de empleos –en España, hasta 300.000– y su PIB crecería en torno al 0,5% –0,4% en EE UU–. Pablo Zalba, eurodiputado del Partido Popular (PP), entiende que algunos grupos políticos quieran mejorar el acuerdo, pero asegura que «torpedearlo sería una gran irresponsabilidad». Asimismo, destaca que, principalmente, se beneficiarían las pymes, ya que son las que más trabas y dificultades sufren al exportar.

Mayor fluidez del comercio, una mina de riqueza. Sin titubeos ni pelos en la lengua, Javier Santacruz, profesor de Economía de la Universidad de Essex (Reino Unido), mantiene que los efectos positivos «son infinitamente mayores que los negativos». Aunque reconoce que se trata de cálculos endebles y algo precarios, apunta que el PIB europeo podría crecer entre un 2 %y un 3%, y que el número de empleos creados escalaría hasta los tres millones. De igual modo, y como consecuencia de la alarmante dependencia, resalta que los impactos más significativos ocurrirían en el área energética. Y es que la apertura de la puerta europea a la entrada del gas y petróleo estadounidenses generaría una reducción importante de los costes y garantizaría una estabilidad del suministro.

¿Están los intereses de las multinacionales por encima del de los ciudadanos? Zalba tacha de falacia el argumento de los detractores del acuerdo. Mientras que para una gran compañía con sede en Europa homologar sus productos en Norteamérica no tendría mayores complejidades, para las pymes puede suponer un coste inasumible y una barrera infranqueable.

Lejos de los aspectos económicos, los que rehúyen el Tratado utilizan argumentos políticos. El eurodiputado indica que hay una serie de grupos que tienen en su ADN el antiamericanismo y no son conscientes del gran perjuicio económico para el Viejo Continente. Y agrega que «no es una cuestión de ser proamericano o antiamericano. Se trata de luchar por preservar los valores occidentales».

Reindustrializar la UE para que el peso en el PIB de este sector sea del 20% en 2020 requiere acceder a nuevos mercados. Las zonas de libre comercio incrementan el grado de especialización e impulsan la transformación de los modelos productivos. El impacto de la firma del Tratado, en términos puramente económicos, podría estar en torno a los 120.000 millones de euros anuales de beneficio para la UE y un aumento del volumen de exportaciones hacia Estados Unidos próximo al 30%. Javier Flores, responsable del Servicio de Estudios y Análisis de la Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver), explica que esto significa un incremento de la renta europea de casi 600 euros por familia. Pero matiza que el retorno no será uniforme o generalizado sino que se dejará notar de modo especial en sectores como la industria del automóvil, ciertas manufacturas, productos químicos e industria agroalimentaria.

Eje asia-pacífico

Desde el Atlántico hasta el Pacífico, y como si de una placa tectónica se tratara, el nuevo equilibrio geoestratégico comienza a balancearse por el peso de China, que hasta hace poco se encontraba fuera de las instituciones internacionales. Más allá de que EE UU haya alcanzado acuerdos de libre comercio con varios países, Pekín ya ha mostrado su interés en el Acuerdo de Cooperación Económica (TPP), que podría descarrilar el tren europeo. Si bien el despegue económico del gigante asiático incrementa su poderío comercial y expande su mandato, Santacruz reconoce que el eje Asia-Pacífico pesa más en tanto en cuanto el yuan empieza a ser moneda utilizada en los pagos internacionales. Además, como los precios de las materias primas han sufrido un importante revés, el centro del mercadeo mundial se ha trasladado, y las materias primas continúan teniendo una relevancia geoestratégica muy significativa a la hora de determinar el orden del comercio mundial. Zalba, por su parte, piensa que materializar este acuerdo garantizaría que los estándares comerciales del futuro los fijara el bloque UE-EE UU en detrimento de China, quien ha tomado los mandos y conduce el convoy con una velocidad de vértigo hacia Asia. «Este acuerdo también es una cuestión de valores. Si pretendemos que pervivan los de la UE es fundamental que el Tratado sea una realidad para que nuestros estándares resulten un referente en el resto del mundo y puedan frenar ese traslado del eje geopolítico. Si fracasa, Europa está condenada a la irrelevancia».

Pese a que exista alguna probabilidad de que descabalguen las negociaciones, Santacruz cree que, hoy por hoy, no hay discrepancias insalvables. Lo que les interesa tanto a Europa como a Estados Unidos es más que lo que les separa, y el profesor de Essex opina que la posibilidad de que las negociaciones fracasen es inferior al 5%. Una vez sentadas las bases, queda trasladarlo al papel. Santacruz augura que el Tratado estará redactado para finales de este año, que se firmará en 2016 y que entrará en vigor a lo largo de 2017. Zalba espera que las negociaciones no queden en agua de borrajas y que concluyan bajo la Administración Obama, porque la posible candidata Hillary Clinton se está desbancando de la política comercial norteamericana –tradicionalmente los demócratas se han mostrado más reticentes al libre comercio–.

Junto con Reino Unido y Suecia, España es uno de los grandes defensores del acuerdo, lo que evidencia el cambio de modelo productivo que ha experimentado nuestra economía, en la que las exportaciones son el principal motor del crecimiento y la creación de empleo. «Hemos asumido el papel de exportadores natos y nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene firmar acuerdos de libre comercio con terceros países que faciliten el acceso a otros mercados de nuestras pymes». José Luis Martín, CEO de Business Go On, recuerda que el 18,5% de las empresas españolas exportadoras guarda alguna relación comercial con EE UU, por lo que facilitar las relaciones comerciales y de inversión aumentará el porcentaje. Los aranceles entre ambos países no son muy elevados, puesto que se aplica el principio de la Nación Más Favorecida. Martín expone que las pymes tendrán menos obstáculos para introducirse y desarrollar negocio en ambos mercados, desde una y otra dirección. «Este acuerdo trata de flexibilizar las barreras de entrada e incrementar las relaciones comerciales, lo que sería muy ventajoso para Europa, para sus empresas y para su economía», concluye.

¿Una catástrofe social?

Como un sueño del neocapitalismo o una pesadilla de la socialdemocracia, el tratado está sometido al hostigamiento de sus detractores. Mientras algunos opinan que supone un gran relanzamiento para la economía europea, creando un gran espacio de intercambio comercial, otros piensan que nos puede conducir a un cataclismo social. José Manuel López, profesor de Filosofía, considera que si en el arbitraje los estados y sus legislaciones y tribunales tienen la última palabra ante posibles disputas con las multinacionales se abre un horizonte positivo de colaboración económica y comercial entre Europa y Estados Unidos. De no ser así, López cree que el Tratado perjudicará a los ciudadanos europeos y que se puede ser optimista estableciendo medidas muy exigentes para que el bienestar de cada individuo esté por encima de los intereses del capitalismo. «Este Tratado nos puede llevar a una catástrofe social, con pérdida de derechos sociales de todo tipo y la privatización de servicios públicos básicos, como la Sanidad y la Educación. También puede generar un aumento de la precariedad laboral y una reducida oferta de trabajo de escasa calidad, lo que causará un incremento de la pobreza y la exclusión social en Europa», apostilla.

Las voces más críticas arremeten contra lo que dicen que es un nuevo constitucionalismo que garantiza más derechos a los inversores que a los ciudadanos. López revela que las multinacionales buscan el mayor beneficio económico, y agrega que las propias pymes se sienten indefensas ante sistemas de arbitraje entre empresas y estados que se dirimen con abogados internacionales privados. «Es lógico que las naciones con sus leyes específicas, aprobadas democráticamente, tengan más fuerza que los intereses comerciales de las empresas».

Los más guerrilleros batallan con metralla. Aseguran que en el mercado laboral se rebajaría la protección de los trabajadores, teniendo en cuenta que

EE UU no tiene ratificadas seis de las ocho normas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según algunos estudios, el TTIP destruiría 600.000 empleos y daría lugar a una pérdida de ingresos de hasta 5.000 euros por persona al año. López corrobora que si las enmiendas que se realicen en el Tratado no favorecen los controles estatales respecto a las pretensiones de las multinacionales «puede haber pérdida de puestos de trabajo y otras consecuencias negativas para la microeconomía de los ciudadanos».

Arbitraje transatlántico

La protección de las inversiones realizadas a ambos lados del Atlántico representa una de las principales fuentes de la discordia. En el ámbito de la inversión internacional son habituales las cláusulas de salvaguarda y sometimiento a instancias supranacionales, que guardan relación tanto con la seguridad jurídica como con la simplificación del modo en que las partes queden sometidas a unas reglas conocidas. Javier Flores considera absolutamente normal que operaciones de comercio internacional y de inversiones transnacionales se sometan a arbitraje, pues resulta un procedimiento más ágil y menos costoso que la vía judicial. Aunque este proceso sea siempre voluntario, en el TTIP terceras partes (usuarios, clientes, pacientes, trabajadores...) que no han decidido, ni tan siquiera han tenido la opción de opinar al respecto –lo hacen sus representantes en el Parlamento Europeo–se ven privados de poder acudir a un juez y vinculados a un árbitro internacional. Flores vislumbra un conflicto en la suplantación de los sistemas judiciales de cada país por un convenio arbitral por encima de ellos con carácter obligatorio y sin la voluntariedad que debe tener el arbitraje, «pues con el TTIP no hablamos de un arbitraje concreto, caso a caso, sino de imponerlo de forma común como vía preferente de resolución de conflictos. Tengo mis dudas de que el Tribunal Constitucional no fuera a objetar la firma del tratado en esas condiciones».