España cumple el déficit y la UE le abronca...

Desde la llegada del PP los objetivos pactados con Bruselas se han cumplido en los últimos años con apenas alguna décima de desviación

El enésimo roce verbal entre la Comisión Europea y España se ha saldado provisionalmente con un tirón de orejas por parte de la presidencia del Gobierno europeo hacia su ministro de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, pero no ha borrado del todo las dudas que tradicionalmente suele sembrar nuestra economía acerca del cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan de Estabilidad. Parece como si desde Bruselas se intentara transmitir una imagen de indisciplina de España hacia los rigores numéricos emanados de una fuerte política de austeridad exigida por la canciller Angela Merkel.

Nada más lejos de la realidad. España no ha sido capaz de hacer en varias ocasiones los deberes que el Gobierno comunitario había impuesto a los estados miembro, pero ni ha sido el único país ni mucho menos el peor de la clase. Sólo Finlandia, Luxemburgo y Estonia han cumplido siempre con las reglas marcadas.

El Tratado de Maastricht firmado el 7 de febrero de 1992 y que entró en vigor el 1 de noviembre de 1993 es la referencia que debe guiar las actuaciones en política económica de los 28 estados miembros. Marca los límites de cuatro parámetros económicos a partir de los cuales se hace difícil aplicar una política común. Pero entre los años 2000 y 2010, Alemania y Francia, los países «core» de la eurozona, han incumplido hasta en 14 ocasiones los límites de déficit y deuda sobre PIB, frente a las cuatro de España en ese mismo periodo. Bélgica jamás ha cumplido con el porcentaje de deuda sobre PIB (60%), lo mismo que Austria o Italia. Grecia, que acapara récords, nunca ha cumplido con ninguno de estos requisitos. Si embargo, las sospechas de incumplimiento siempre apuntan en la misma dirección: España, primero, e Italia, inmediatamente después.

Dar la vuelta a la situación

El Partido Popular llegó al Gobierno con la economía en caída libre. En abril de 2012, cuando Mariano Rajoy apenas llevaba cinco meses al frente del Ejecutivo, Eurostat, la oficina comunitaria de estadísticas, confirmó que el déficit de las administraciones públicas era del 8,51% del PIB, muy lejos del 6% comprometido por Zapatero con sus socios europeos. A pesar de todo, España no fue el peor alumno de la eurozona. Irlanda y Grecia, ambos países rescatados en 2010, llegaron al 13,1 y 9,1%, respectivamente. En términos absolutos, el déficit de 2011 es hablar de cerca de 100.000 millones de euros de desfase entre los ingresos y los gastos públicos. Al Gobierno de Zapatero le quedó el triste consuelo de que el dato fue casi tres puntos inferior al «logrado» en 2009, el 11,4% de la riqueza nacional.

A partir de ese momento la política económica y presupuestaria del Gobierno se centró en poner orden las cuentas públicas para recuperar la confianza perdida desde el comienzo de la crisis entre los inversores. Para ello no quedó más remedio que trabajar sobre diferentes reformas (la laboral y la financiera, esencialmente) que consiguieran frenar la sangría de gastos y la merma de ingresos derivados de una economía que había tocado suelo.

En abril de 2013, cuando la economía aún no había conseguido regresar a terreno positivo (no volvería a crecer en términos intertrimestrales hasta el final del verano después de siete trimestres de caída) Eurostat certifica que el déficit se había reducido por debajo del 7%, descontando los efectos de las ayudas recibidas para sanear los balances de las entidades financieras, que la UE excluyó de su contabilización a efectos computar como déficit. A pesar de lo elevado de las cifras, no se recuerda en el pasado reciente un esfuerzo de consolidación fiscal tan elevado (dos puntos de PIB) en mitad de una recesión y con la economía española a las puertas del rescate.

Pasado lo peor de la crisis, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, sigue con su política de austeridad controlada a medida que la confianza de los inversores en la deuda española va mejorando y la financiación de la economía se hace más asequible. En las cuentas de 2013, el Gobierno se compromete con Europa a cerrar el ejercicio fiscal con un déficit del 6,5% en términos de PIB. Sólo una décima (6,6%) separa la realidad de las intenciones.

Ganarse la flexibilidad

El rigor de la política económica y la puesta en práctica de nuevas reformas convenció a la Comisión Europea de la necesidad de flexibilizar los objetivos para dar un respiro a las economías más atacadas por la crisis. España consigue retrasar a 2016 tener un déficit por debajo del 3%. Los datos del pasado año confirmaron una vez más el cambio de tendencia de España. Frente a un objetivo ya flexibilizado del 5,8%, la economía cerró 2014 con una desfase presupuestario del 5,72%.

La batalla dialéctica entre el Comisario de Asuntos Económicos y el ministro de Economía, Luis de Guindos, se centra ahora en las cifras del presente ejercicio, para el que la Comisión Europea ni siquiera ha actualizado las previsiones económicas de los Ventiocho. Lo hará el 5 de noviembre, a menos de dos meses para el cierre. Mientras tanto trabaja con las estimaciones de primavera, cuando el crecimiento del PIB era del 2,8%, una cifra que está superada en seis décimas ya, pero que a la Comisión Europea le cuesta reconocer. Y eso que Standard & Poor’s ha subido el rating a la deuda soberana. ¿O quizás por eso, precisamente?