España cumple, pero no es suficiente

446 mil millones de euros ingresó el Estado en 2017 frente a los 483.000 millones de euros de gasto público. 7,8 puntos del PIB se ha reducido el déficit desde 2009

Tras los resultados de 2017, España se encuentra cada vez más cerca de abandonar el Protocolo de Déficit Excesivo
Tras los resultados de 2017, España se encuentra cada vez más cerca de abandonar el Protocolo de Déficit Excesivo

446 mil millones de euros ingresó el Estado en 2017 frente a los 483.000 millones de euros de gasto público. 7,8 puntos del PIB se ha reducido el déficit desde 2009.

El déficit público español cerró 2017 en el 3,07% del PIB, por debajo del objetivo para el conjunto del año (3,1%) y muy cerca del porcentaje que nos permitirá escapar –por fin– del Protocolo de Déficit Excesivo (3%). El dato es, por consiguiente, una buena noticia, pues revela que poco a poco nuestras administraciones públicas van recuperando la solvencia que jamás debieron perder.

En este sentido, recordemos la situación desde la que partíamos: en el año 2009, el conjunto del Estado español acumuló un déficit equivalente al 10,9% del PIB, esto es, 118.000 millones de euros. La razón detrás de ese gigantesco agujero presupuestario (el mayor de nuestra historia) es que gastábamos 493.000 millones de euros (el 45,7% del PIB) y recaudábamos 375.000 (el 34,8% del PIB). Debido a la persistencia de este diferencial entre ingresos y gastos, la deuda pública aumentó ininterrumpidamente desde representar el 52% del PIB hasta copar el 100% de toda nuestra producción interior. Debido a ese explosivo crecimiento de los pasivos de nuestro sector público, nuestros acreedores internacionales entraron en pánico y a punto estuvimos de caer en el foso de la bancarrota soberana.

Por fortuna, y merced a los necesarios recortes del gasto público y a las sádicas subidas de impuestos, las Administraciones Públicas han conseguido estrechar el boquete del déficit hasta el ya mencionado 3,07% del PIB (es decir, desde 2009, hemos bajado el desequilibrado presupuesto en 7,8 puntos del PIB). Los ingresos hoy ascienden al 38,5% del PIB (unos 446.000 millones de euros) y los gastos al 41,6% del PIB (unos 483.000 millones). Dicho de otro modo, el ajuste de los casi 8 puntos del PIB se ha producido a partes iguales entre ingresos y gastos: la recaudación se ha incrementado en unos cuatro puntos del PIB y los gastos también se han reducido en otros cuatro puntos del PIB.

Sucede que, por positivos que puedan parecernos estos datos, hemos de ser cautos a la hora de valorarlos, tanto por la situación en la que nos encontramos como por el futuro que podría llegar a materializarse.

Primero, aunque hemos sido capaces de reducir significativamente nuestro déficit, no hemos podido disminuir de manera apreciable el peso de nuestra deuda pública sobre el PIB. Desde que en 2014 la economía comenzó a expandirse con fuerza, hemos recortado los pasivos estatales desde el 100% del PIB hasta apenas el 98,6%. En contrapartida, fijémonos en el extraordinario caso de Irlanda: su deuda pública alcanzó un valor máximo del 120% del PIB en 2012 y hoy ya ha caído hasta el 70%.

Segundo, aunque hemos logrado controlar el déficit hasta el momento, día a día presenciamos exigencias de los más variados grupos de presión –pensionistas, profesores, médicos, constructoras, feministas, investigadores, etc– para disparar el gasto público. De hecho, el Gobierno ha relanzado los desembolsos estatales en varios frentes (salario de los funcionarios, promoción del alquiler, nuevas infraestructuras, etc), si bien en un importe que no ha generado todavía un descuadre del déficit. Por desgracia, no resulta descartable que en algún momento –especialmente si ciertas formaciones populistas llegan al poder–, el volumen de gasto público se dispare con respecto a unos niveles que, como los actuales, ni siquiera nos garantizan el equilibrio presupuestario.

En suma, nuestro país ha hecho importantes avances en materia de consolidación fiscal, hasta el extremo de que estamos a punto de abandonar el Protocolo de Déficit Excesivo. Pero podemos y debemos hacer mucho más para blindarnos frente a los posibles comportamientos irresponsables del futuro.

Standard and Poor’s sube el rating español

Después de que Moody’s y Fitch incrementaran el rating de España hasta el notable alto, le ha tocado ahora el turno a Standard and Poor’s. La tercera de las grandes agencias de calificación ha movido ficha tras constatar que la situación de conflictividad en Cataluña no ha terminado afectando gravemente al ritmo de expansión de la actividad del conjunto del país. Al contrario, hace apenas unos días, el Banco de España incrementó su previsión de crecimiento para 2018 hasta el 2,7%, constatando que, de momento, no se ha frenado la recuperación. Por consiguiente, en la medida en que nuestro país está solventando la mayor parte de los desequilibrios que lo arrastraron a la crisis, las agencias de calificación también están empezando a revisar al alza sus estimaciones de solvencia.

Adiós al superávit de los ayuntamientos

El nivel administrativo que ha efectuado la más profunda consolidación fiscal en España durante los últimos años han sido los ayuntamientos, los cuales incluso han sido capaces de amasar un superávit presupuestario agregado de 5.000 millones de euros. Gran parte de la generación de ese superávit se explica por el hecho de que el Ministerio de Hacienda ha prohibido que los consistorios dilapiden su excedente fiscal. Sin embargo, Montoro acaba de prometer que levantará la mano a partir de 2019: en ese momento, los ayuntamientos contarán con mucha mayor libertad para gastar su superávit en la adquisición de aquellos bienes que necesiten para prestar servicios públicos. ¿Y por qué en 2019? Pues porque en ese momento ya habremos salido del Protocolo de Déficit Excesivo y no necesitaremos de ese superávit municipal. Una vez cumplimos, a gastar a manos llenas.

Trump contra EEUU

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha anunciado esta semana que impondrá unos aranceles de 60.000 millones de dólares sobre las compras que sus conciudadanos efectúen en China. Su objetivo es castigar al gigante asiático por robar propiedad intelectual estadounidense y por mantener un superávit comercial «excesivo». Sin embargo, la imposición de aranceles penalizará especialmente a los ciudadanos de EE UU: a la postre, éstos deberán pagar mucho más caros los bienes que hasta ahora venían importando desde China, lo que reducirá la renta disponible de sus consumidores y la capacidad de inversiones de sus empresas (muchas de las cuales adquieren bienes intermedios y bienes de capital en el mercado asiático para incorporarlos en sus procesos productivos internos). Impedir que los estadounidenses puedan comprar mercancías más baratas allá donde internacionalmente se producen sólo vuelve más pobres a esos estadounidenses.