España recauda por IVA el 60% menos de lo que podría

Es el país europeo con mayor pérdida de ingresos potenciales por este impuesto, según destaca un informe del Banco de España.

- La presión fiscal en España, medida como porcentaje de recaudación impositiva sobre el PIB, ha sido tradicionalmente inferior a la de los países de la Unión Europea. Es el argumento favorito de quiénes –como parte de la izquierda, sobre todo la más radical– defienden un aumento de impuestos para mejorar las arcas estatales y disponer de más recursos para políticas de gasto. En el periodo 2014-2016, España recaudó una media de 5,4 puntos porcentuales menos con respecto a la media de los quince principales países de la Unión Europea y 2,6 puntos menos si se considera toda el club comunitario. Los últimos datos disponibles –avances de 2018– apuntan que España recaudaría un 3% menos que la media europea.

¿Por qué España recauda menos o tiene una presión fiscal más baja, una situación que además se mantiene en el tiempo? La respuesta, que quizá no será del agrado de muchos, es sencilla y contundente. España, simplemente, recauda un 75% menos de lo que podría por el IVA, impuestos especiales y otros impuestos, según el informe «Estrategia impositiva de España en el contexto de la Unión Europea», elaborado por David López Rodríguez y Cristina García Gina, y publicado por el Banco de España, en sus denominados «Documentos ocasionales».

Recaudación

El informe es la actualización del que en 2014 publicaron el actual gobernador, Pablo Hernández de Cos, y López Rodríguez, con unas conclusiones prácticamente idénticas, porque los datos apenas han cambiado. Los números vuelven a destrozar todas las creencias generalizadas sobre la presión fiscal en España, porque la realidad es que los impuestos directos –sobre la renta y el trabajo– son más altos que la media europea, así como los del capital y sobre la propiedad, y más bajos los impuestos indirectos y los medioambientales.

La Comisión Europea analiza de forma periódica el llamado «policy gap», que mide la pérdida de ingresos potenciales del IVA explicada por decisiones de política económica. En definitiva, por reducción de tipos y exenciones. Como explican López Rodríguez y García Gina, el «policy gap» español es el mayor de la Unión Europea y representa un 59,9%, del que un 45% corresponde al gasto exento y el 14,5% a los tipos reducidos. En total, en 2018 representó unos 41.000 millones de euros menos de recaudación y que de haber ido al erario público hubieran eliminado de un plumazo los problemas de déficit y hubieran ayudado a reducir la deuda. La Comisión Europea, no obstante, considera utópica la erradicación de ese «policy gap» y establece un criterio de corrección que determina hasta dónde sería factible disminuir la pérdida de recaudación y la bajada en 32 puntos, hasta el 27% de la recaudación potencial, lo que supondría entre 18.000 y 20.000 millones más de ingresos impositivos que también constituirían un gran alivio para el fisco. Los datos, en definitiva, demuestran que el gran agujero fiscal español está en la imposición indirecta, ya sea IVA, impuestos especiales o medioambientales, bastante inferiores a la media europea.

Redistribución

Los más críticos con los impuestos indirectos –y especialmente con el IVA– afirman que son regresivos porque los pagan por igual quienes disfrutan de mayor o menor renta. El ejemplo clásico es el pan. Los detractores de la imposición indirecta alegan que si ese alimento, ahora gravado con un 4% de IVA, pasara a estarlo con el tipo normal, un 21%, la inevitable subida de precio sería inocua para las rentas medias y altas y onerosa para las bajas, y lo mismo ocurriría con los combustibles y otro tipo de energía. La respuesta y la solución, como sugieren en el entorno de los autores del informe del Banco de España, la dio el desaparecido premio Nobel de Economía escocés Sir James Mirrles (1936-2018), con sus estudios sobre el IVA y su eficacia social. Proponía aplicar el mismo tipo de IVA para todos los productos y luego utilizar el aumento de ingresos para redistribuir vía beneficios sociales y reducción de impuestos a las familias y contribuyentes con menos recursos.