España sigue «enladrillada»: los activos inmobiliarios acaparan todavía la mitad de la inversión

La España de la que tira el ladrillo no ha muerto. A pesar de los intentos -o declaraciones- de los sucesivos gobiernos para tratar de cambiar el modelo productivo hacia uno basado en sectores de valor añadido, España sigue muy «enladrillada», según desvela el informe «El stock de capital en España y sus comunidades autónomas» elaborado por Fundación BBVA e Ivie.

El documento, que analiza la inversión en las últimas décadas, arranca por contextualizar el esfuerzo inversor en España, concluyendo de entrada que el público sigue todavía un 55% del máximo alcanzado en 2009a pesar del empujón que han supuesto los fondos Next Generation de la UE; para después ponerlo en comparación con el resto de países europeos para ofrecer una visión más profunda.

España, en cuanto al ritmo de crecimiento de inversión real, superó ampliamente a los países más desarrollados hasta 2007, según el documento. Pero a partir de entonces, con la llegada de la crisis financiera, la inversión se desacelera en todos los países, pero lo hace mucho más en España, que pasa a evolucionar de manera parecida al resto. Hasta el punto de que, según añade, la economía española es, junto con la italiana, la única que en 2022 se encuentra en niveles de inversión real inferiores a los anteriores a la crisis. «De sobresalir por encima de todos los países considerados en la comparativa internacional, España ha pasado a situarse en esfuerzo inversor en la banda baja en términos relativos, junto a Italia y Reino Unido», explica.

Salvedades

A pesar del frenazo, el informe añade que la composición de la inversión española ha mejorado considerablemente, pues el perfil inversor se ha transformado hacia «un patrón más intensivo en activos más productivos, como las TIC y la maquinaria, mientras se reducía la intensidad de las inversiones inmobiliarias». Gracias a este proceso, al final del periodo analizado, la composición de la inversión bruta nominal española es más similar a la de los países desarrollados de referencia, aunque «con algunos matices», advierte. Así, explica, «el peso de los activos inmobiliarios se sitúa en torno a la mitad de la inversión agregada (51,4%) y es más parecido al de los grandes países europeos, pero sigue siendo mayor que el de Estados Unidos».

El informe asegura que, si tenemos en cuenta el ritmo de crecimiento de las inversiones desde una perspectiva internacional, Estados Unidos y España fueron los dos países en los que más creció la inversión bruta real en activos TIC e inmateriales entre 1995 y 2020. Pero aclara que el elevado crecimiento en España se explica por «una más desfavorable posición de partida que se mantiene al final periodo, pues sus cifras de esfuerzo inversor en este tipo de activos están por debajo de las de sus principales socios europeos, con la única excepción de Italia».

Inversión pública

En cuanto a la inversión pública, el documento destaca que la caída es notable en el caso de las infraestructuras productivas, principalmente de transporte (viarias, ferroviarias, aeroportuarias, etc.), mientras que las inversiones en infraestructuras sociales (educativas, sanitarias, culturales, de servicios sociales, etc.) sufren un descenso más moderado y han concentrado la mayor parte de la recuperación de la inversión pública de los últimos años.

Para explicar los motivos de este retroceso, el informe asegura que tras el intenso proceso inversor de la primera década del siglo, se produjo un desplome inversor a partir de 2011 que achaca a los ajustes para reducir el déficit público.

El análisis advierte de que dado que las reglas fiscales van a exigir ajustes en el gasto en un futuro próximo, «es importante que contemplen cómo proteger la inversión pública mejor que en la última década». Como añade, que los ajustes de las finanzas públicas se dirijan a la inversión «puede tener efectos negativos sobre el crecimiento a largo plazo de la economía y también sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en el futuro, pues un menor crecimiento supone una menor capacidad de generar ingresos públicos». De hecho, explica que la caída de la inversión ya ha tenido efectos importantes sobre el stock de capital público disponible para prestar servicios a las empresas y a los ciudadanos. Durante la última década, según pone de manifiesto, no ha sido posible mantener el capital público acumulado, pues la depreciación de los capitales instalados ha absorbido la totalidad de la inversión bruta algunos años. En esos ejercicios la inversión no ha sido suficiente para mantener las infraestructuras existentes en buenas condiciones, con la consiguiente pérdida de capital público y envejecimiento del mismo que merman los servicios que este presta.