Esta casa es una ruina

Cuando un inversor decide arriesgar su capital en un determinado país, busca que cumpla con las cinco F, fiabilidad, facilidades, financiación, fiscalidad y flujos de caja. A cambio de crear empleo y riqueza, contribuyendo al crecimiento económico y mejorando la recaudación tributaria, espera obtener una rentabilidad adecuada a sus costes y un entorno estable y predecible, algo fundamental para el diseño de cualquier plan estratégico. Y aunque vivimos en entornos cambiantes y complejos, al menos que las reglas del juego fijadas por las administraciones no cambien a mitad de partido. De no ser así, como no se pueden poner puertas al campo, los inversores huirán hacia entornos más agradecidos.

Por tanto, el papel de cualquier gobierno es el de legislar para crear las condiciones adecuadas que permitan desarrollar el caldo de cultivo que atraiga a los capitales y empresas de otras partes del mundo, con una fiscalidad justa y reduciendo las trabas administrativas y regulatorias.

La noticia del cambio de sede de Ferrovialha desatado una tormenta de consecuencias impredecibles y, además, lo ha hecho en un momento político muy delicado con las elecciones a la vuelta de la esquina, pues abre muchos interrogantes acerca de cómo trata el Gobierno a las empresas españolas que son, a fin de cuentas, las que generan empleo y riqueza con la que luego se pueden recaudar los impuestos.

Nuestro país, que debería convertirse en un poderoso imán para los capitales mundiales, parece que se está convirtiendo en un fuerte repelente de los mismos, no sólo de los que están fuera, sino incluso de los que están dentro, medianas empresas y patrimonios que se marchan, normalmente en silencio, buscando refugio en otros países que les reciben con los brazos abiertos. Y no sólo es un tema de fiscalidad infernal sino también de riesgo país y de estabilidad normativa. Todo ello perjudica a nuestra marca España generando en un círculo vicioso difícil de romper.

Una de las razones por las que una empresa puede tomar este tipo de decisiones es la falta de seguridad jurídica, con normativas que cambian frecuentemente, incluso 17 diferentes en algunos casos y que incapacitan a las empresas a planificar a largo plazo, algo fundamental en cualquier plan estratégico que, para estimar los flujos de caja de sus actividades, se basa en la previsibilidad de los supuestos sobre los que descansa y la estabilidad normativa.

Si además, un país comienza a convertirse en un infierno fiscal, no sólo para los ciudadanos sino para las empresas y sus directivos con altos salarios, fuertemente criticados por algunos partidos políticos que incluso plantean la posibilidad de limitar sus ingresos, los inversores buscarán refugios fiscales donde la carga impositiva sea menos lesiva y donde no haya dobles interpretaciones de las normas, a favor del Estado y que llevan a largos y tediosos juicios que terminan dañando la imagen de las compañías por presunto fraude, a pesar de que más de la mitad de los juicios los ganen los contribuyentes.

Pero no se trata únicamente de un tema fiscal pues hay razones aún más poderosas que justifican la deslocalización de una compañía como es la necesidad de liquidez que necesitan las grandes empresas que se dedican al negocio de las infraestructuras y que son intensivas en capital. Poner en marcha una obra faraónica, como puede ser la nueva terminal 1 del aeropuerto internacional de Nueva York, por parte de Ferrovial, exige adelantar cientos de millones de dólares que la empresa debe financiar acudiendo a los mercados de capitales. Sin embargo, los que invierten o prestan dinero, en los mercados internacionales, tienen objetivos de rentabilidad muy ajustados y deben analizar el riesgo del país donde se encuentran, tanto la sede de las compañías como sus operaciones. Y ese riesgo se traslada al riesgo sistemático de la empresa en cuestión, lo que conlleva mayores exigencias de rentabilidad de los inversores y prestamistas, lo que incrementa el coste del capital de la compañía, dificultando la financiación de los proyectos y disminuyendo el valor de la misma, lo que no favorece una posible salida a Bolsa.

Financiación

Es evidente que Países Bajos y Estados Unidos tienen un riesgo mucho menor que España, según las agencias de rating y los mercados. Y es evidente que el BCE va a reducir sus balances y retirar liquidez de los mercados, a partir de marzo, lo que puede suponer un aumento de la prima de riesgo de nuestro país. De igual forma, aquellos países permiten la creación de estructuras societarias más flexibles y no digamos el escaparate que representa cotizar en Wall Street, que amplía la base de potenciales inversores y le otorga una liquidez a las acciones que permite que los mercados ajusten mejor, al alza, el precio de las acciones.

Al igual que ocurre con los hermanos pequeños que siguen a los mayores, el paso dado por Ferrovial abre la puerta y muestra el camino a otras empresas que podrían seguir sus pasos, al menos analizar la posibilidad. Sin lugar a dudas, este tipo de decisiones estratégicas de deslocalización, que se cuecen a fuego lento, tienen un sentido económico-financiero para la empresa que las toma, pues responden a necesidades de crecimiento dentro de un entorno favorable, reducción de incertidumbres, mayores facilidades de financiación y creación de valor para los accionistas.

Para evitarlo, el Gobierno debería tomar nota, entonar el “Mea culpa” y generar un ecosistema que haga más atractivo nuestro país para aquellos que arriesgan, generando riqueza y empleo, en vez de demonizar a quienes buscan un entorno más favorable para los negocios y contribuyen a mejorar la marca España.