Fomento sube hasta los 15.000 euros las multas a las concesionarias de autopistas

Cerca la especulación con terrenos en los que se construyan nuevas vías

El Gobierno va a elevar hasta un máximo de 15.000 euros el régimen sancionador en las autopistas de peaje en caso de incumplimientos por parte de las empresas concesionarias, y contempla suspender de forma cautelar las recalificaciones urbanísticas que afecten a la planificación viaria. Así figura en el anteproyecto de Ley de Carreteras, un texto llamado a sustituir a la Ley de Carreteras vigente de 1988, y que ayer fue aprobado por el Consejo de Ministros.

La nueva norma trata de impedir que se repitan casos como el de las radiales de Madrid y otras autopistas de peaje de reciente construcción, que actualmente se encuentran en situación de quiebra en parte por el sobrecoste pagado en las expropiaciones de los terrenos que fueron necesarios para su construcción. La norma, informa Ep, habilitará además al Gobierno a declarar «nula de pleno derecho» toda decisión urbanística que se ponga en marcha sin considerar las necesidades de la gestión de las carreteras. Según los datos del Ministerio de Fomento, la red de carreteras del Estado suma 26.200 kilómetros de longitud, soporta el 51% del tráfico total de vehículos y el 63% del tráfico de vehículos pesados.

Tal y como adelantó LA RAZÓN el pasado 10 de noviembre, el departamento que dirige Ana Pastor obligará además a que todo proyecto de nueva carretera se someta a un «análisis previo de eficiencia e intermodalidad», para decidir sobre su construcción, subrayó la propia ministra.

El caso más conocido

Según informó este periódico, el departamento contempla estudiar las previsiones de demanda y explotación de la carretera para valorar su viabilidad económica y la conveniencia o no de ejecutarla por fases para acomodar la inversión a las necesidades reales de la demanda. El caso más conocido en los últimos años de vías sin demanda real de tráfico ha sido el de las nueve autopistas de última generación, ahora en quiebra, y que el Estado tiene intención de rescatar.

La futura ley prevé, asimismo, la realización de evaluaciones de impacto sobre la seguridad vial de las carreteras, tanto en la fase de planificación como en su construcción y explotación. En este sentido, la Dirección General de Carreteras, de Fomento, podrá «ordenar» la retirada de publicidad de la red viaria y de las travesías urbanas en el caso de que «pueda afectar a la seguridad vial o a la explotación de la vía».

Además, la nomativa abrirá al sector privado la promoción de áreas de servicio de las carreteras y autopistas, así como a la construcción de «aparcamientos seguros». Según informó Fomento, el texto impulsará la utilización de nuevas tecnologías y sistemas inteligentes de transporte en la gestión de la red viaria, y se implementarán para ofrecer información en tiempo real a los usuarios sobre el estado de las infraestructuras y el tráfico, y para enviar información a los centros de gestión de tráfico. Pastor aprovechó la rueda de prensa del Consejo de Ministros para avanzar que se está desarrollando una prueba piloto con este tipo de sistemas en la autopista AP-9 y las carreteras A-62 y A-55.