Fórmulas para recaudar más

Aunque los problemas de déficit se deban, sobre todo, al nivel de gasto, el ajuste que exige Bruselas también requiere un incremento de los ingresos

Aunque los problemas de déficit se deban, sobre todo, al nivel de gasto, el ajuste que exige Bruselas también requiere un incremento de los ingresos

El Gobierno en funciones pretende recaudar 6.000 millones de euros de las grandes empresas a través de cambios en el pago adelantado del Impuesto de Sociedades para encarrilar el déficit público. Y es que en el documento que Mariano Rajoy ha presentado esta semana al resto de partidos –«Programa para el Gobierno de España»– se resalta que, además de atender a los gastos, hay que tener en cuenta los ingresos a la hora de cuadrar las cuentas. De igual modo, se insiste en la necesidad de alcanzar un pacto para la reforma fiscal y de revisar el modelo de financiación autonómica.

Pese a que los problemas de España estén estrechamente relacionados con el nivel de gasto, por el lado de los ingresos existe cierto margen de maniobra para incrementarlos. Y Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, asevera que el ajuste que exige Bruselas también puede hacerse a través del aumento de la recaudación, que no necesariamente debería o tendría por qué venir motivado por un incremento de los tipos efectivos. Sin embargo, aunque sea posible manejar esta posibilidad –sobre todo en aquellos impuestos donde aún puede haber cierto recorrido, como en Sociedades–, «la mejor opción en 2016 es, quizás, dejar a la naturaleza trabajar».

Hidalgo explica que con un crecimiento esperado que, de nuevo, se situará probablemente cerca del 3%, la recaudación aumentará «siempre y cuando no se cometan las veleidades del pasado». De hecho, con ese avance del PIB el IVA podría aportar unos 3.000 millones más a las arcas públicas (en 2015 fueron 4.131 más respecto a 2014). Asimismo, siendo prudentes, con un crecimiento salarial que estará en torno al 1% y con un aumento de la afiliación entre el 2 y el 3%, el profesor de la Universidad Pablo de Olavide piensa que la renta salarial puede crecer en unos 17.000 millones y la recaudación por IRPF, en unos 2.500 millones.

Luis de Guindos señaló que el aumento de las retenciones a cuenta del IS implicaría una mayor recaudación este año de unos 6.000 millones. Junto con los ingresos esperados por la lucha contra el fraude –se estiman en 1.000 millones–, y con los menores intereses de la deuda –unos 1.500 millones menos de gasto–, este tercer grupo elevaría la liquidez disponible en unos 8.500 millones adicionales. Así, Hidalgo calcula que, a fin de cuentas, se trataría de un incremento en la recaudación que pivotaría entre los 10.000 y los 14.000 millones.

Nadie duda de que para corregir el desequilibrio presupuestario hay que recortar gastos, aumentar ingresos o llevar a cabo una combinación de ambas fórmulas. Para acelerar la reducción del déficit y, por ende, contentar a las autoridades comunitarias, a Diego Barceló Larran, director de Barceló & Asociados, se le ocurren dos maneras. A diferencia del anuncio que se hizo el martes pasado sobre la intención de adelantar el pago de Sociedades para cumplir con los compromisos adquiridos, propone una reducción de este tributo a razón de un punto porcentual por año, hasta dejarlo en el 15%, quitando al mismo tiempo todas las deducciones y eliminando toda distinción entre pequeñas y grandes empresas. Barceló asegura que esta medida permitiría aumentar la recaudación, porque se incrementaría la inversión y se atraería a empresas del exterior.

Por otro lado, sugiere eliminar exenciones en el IVA y pasar mercancías y servicios desde el tipo reducido al general. «El total de exenciones y tipos reducidos cuesta unos 30.000 millones de euros por año, por lo que el margen para aumentar ingresos por esa vía es enorme». También recomienda rebajar las cotizaciones sociales por una cantidad equivalente al aumento de la recaudación ex-ante. El aumento ex-post de la recaudación provendría del estímulo a la producción nacional frente a las importaciones; de las menores cotizaciones, que fomentarían que parte de los ingresos hoy no declarados pasen a declararse; y de la reducción de la evasión en el IVA por las menores exenciones.

La solución fácil de subir las bases imponibles o los tipos de gravamen es contraproducente. Al menos, en opinión de José Ignacio Alemany, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), quien alerta de que únicamente pueden lograrse más ingresos tributarios mediante una lucha empedernida contra el fraude fiscal. «Si somos más los que pagamos impuestos, podremos pagar menos». En cualquier caso, «también puede y debe actuarse en el lado del gasto público, siendo más eficientes en su gestión y exigentes en su realización», apostilla.

En cuanto a la subida de cuotas, la cuestión es si los contribuyentes están dispuestos a pagar más por lo que reciben, tienen o compran. Alemany apunta que unas cuotas muy altas desincentivan el trabajo y la actividad económica, provocan la deslocalización de capitales e incluso los cambios de residencia y, en última instancia, promueven el fraude fiscal –que se reduce cuando se bajan los impuestos–.

La actividad no declarada en España ronda los 20.000-22.000 millones de euros, y todos los expertos consultados coinciden en la necesidad de actuar contra la economía sumergida. Si a las cifras del dinero que circula por cauces ajenos al erario público se les aplica un tipo medio del IVA del 15% y un tipo medio del IRPF/Impuesto sobre Sociedades del 20%, «podrían recaudarse entre 7.000 y 7.500 millones de euros». Pero para ello «hay que racionalizar el gasto público, eliminar la corrupción y educar en la responsabilidad fiscal». El presidente de la Aedaf resalta que en España tenemos que darle la vuelta al calcetín en educación fiscal. «Nuestros hijos desde pequeños tienen que aprender que es preciso pagar impuestos para sostener los gastos públicos; que las carreteras, los colegios o los hospitales no pueden sostenerse sin nuestros impuestos». Un cambio que debería ir unido al reproche social a la corrupción e, idealmente, a su eliminación de la práctica política.