Fraude a la Seguridad Social: sin cobrar por estar enfermo o de vacaciones

28 detenidos por varios entramados empresariales que eludieron nueve millones de euros a la Seguridad Social en 17 provincias

La Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social por valor de 9 millones a partir de varios entramados empresariales que se extendían a 17 provincias. De las 45 personas investigadas, 28 han sido detenidas por la creación de empresas deudoras y empresas pantalla a las que se les repercutían los beneficios y el patrimonio con el fin de eludir el pago a la Seguridad Social. En algunos de los casos investigados, a los trabajadores se les pagaba en metálico y se les negaba el salario si se ponían enfermos o se iban de vacaciones.

La operación ha sido efectuada por la Policía Nacional en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social en las siguientes provincias: Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, Gerona, Huesca, La Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora. Las investigaciones comenzaron a fraguarse a finales de 2018, después de recibir varias denuncias que informaban de delitos cometidos contra la Tesorería General de la Seguridad Social. Tras un estudio de la documentación, se efectuó la detención de 28 de los 45 investigados a quienes se les han imputado delitos contra la Seguridad Social, entre los que se encuentran: fraude de cotizaciones, frustración a la ejecución, fraude de prestaciones, falsedad documental, insolvencia punible y usurpación de estado civil.

Los 45 investigados por el delito son, principalmente, los responsables de hecho de las empresas, pero también sus testaferros (algunos de ellos trabajadores que figuran en connivencia), así como familiares de los primeros. Avanzadas las investigaciones, se realizaron informes patrimoniales personales, con el fin de que pueda solicitarse el embargo de aquellos bienes localizados.

Entre las empresas y sociedades implicadas destaca una de ellas con impagos de 10 años. Desde que en el año 2009 comenzara sus actividades, jamás fueron ingresadas las cotizaciones de sus trabajadores, generando unas pérdidas de casi 380.000 euros a la Seguridad Social. La investigación considera palpable la falta de voluntad de regularizar esta situación, en la que la organización delictiva pagaba a sus trabajadores en metálico, no se les daba de alta ni se les hacía contratos donde se especificaran las horas a trabajar ni el salario que recibir por su labor. Desde el 2013, en algunos casos hasta se les negaba el sueldo si enfermaban o se iban de vacaciones, pese a trabajar todas las semanas de lunes a sábado.

Otra de las entidades investigadas, administrada concursalmente, trató de ser comprada de manera fraudelenta por una segunda sociedad, con la que supuestamente resolverían los problemas económicos vigentes. La adquirente se valió de una tercera sociedad fantasma que comunicó la aprobación de una financiación de 700.000 euros. La ausencia de trabajadores en plantilla y el hecho de que su administrador cobrara el subsidio por desempleo fueron claves para desenmascarar el entramado.