El Gobierno no aclara a las patronales de VTC cómo regulará las licencias y pasa el balón a las comunidades y ayuntamientos

El Gobierno no aclara a las patronales de VTC cuál es su plan exacto para regular las licencias tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declara ilegal la ratio de un VTC por cada 30 taxis y recuerda que la exigencia de una segunda autorización, adicional a la nacional, recae sobre las comunidades y ayuntamientos.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) se ha reunido hoy con Feneval VTC y Unauto VTC para avanzar en una nueva regulación de la actividad con licencia estatal. El Gobierno ha reconocido en reuniones previas con el taxi estar preparando un decreto-ley para modificar la normativa vigente, pero todo apunta a que será una norma marco para que comunidades y ayuntamientos establezcan su propia regulación en base a la sentencia del TJUE.

En concreto, tras la reunión de hoy, Transportes ha indicado que "el marco de actuación de la Administración General del Estado sólo puede comprender el transporte interurbano, por lo que, en el ámbito urbano son las comunidades autónomas y ayuntamientos quienes deben regular las condiciones para autorizar la circulación de las VTC".

"Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto una visión compartida sobre la vigencia del marco de convivencia entre el taxi y VTC existente en España, sin perjuicio de posibles evoluciones en base a lo determinado por el TJUE y el refuerzo del marco para su control efectivo", ha añadido Transportes.

José Manuel Berzal, portavoz de la sección VTC de Unauto, señala en declaraciones a LA RAZÓN que esta reunión ha sido "una primera toma de contacto" donde el Ministerio les "ha manifestado que su intención es armonizar la convivencia del taxi y los VTC en el marco legal creado por la sentencia del TJUE".

"El Gobierno en este tema sólo puede hablar de razones medioambientales y son las comunidades autónomas las que tienen capacidades para una regulación, por lo tanto las que exijan una segunda licencia tendrán que justificarlo en base a los criterios del TJUE", ha subrayado Berzal. Según la sentencia emitida el pasado 8 de junio por el tribunal europeo, la exigencia de una segunda licencia a los VTC otorgada por el municipio donde presten servicio se debe basar en "criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que excluyan arbitrariedad, no se solapen con los controles ya efectuados para la licencia nacional y respondan a necesidades particulares de esa conurbación".

Por ejemplo, no se podría exigir que todos los VTC de una ciudad sean eléctricos, cuando no todos los taxis son eléctricos, ni que todos los VTC tengan un determinado tamaño, como ocurre en Barcelona con la exigencia de una longitud mínima de 4,90 metros a los VTC, cuando no todos los taxis tienen este tamaño. La regulación catalana es la que actualmente preocupa más a las patronales de VTC.

Ambas partes se han mostrado satisfechas con la reunión celebrada este viernes y han adquirido el compromiso de seguir debatiendo sobre la materia, aunque no hay una fecha fijada para próximas reuniones ni para presentar el borrador del decreto-ley que anunció el Gobierno.

Eso sí, en un comunicado conjunto, Ignacio Manzano, vicepresidente de Feneval, sección VTC, y José Manuel Berzal, portavoz de Unauto VTC, insisten en que "las regulaciones aprobadas no pueden fundarse en la protección del interés económico del taxi" y que no aceptarán "ningún acuerdo alcanzado a nuestras espaldas con quienes han manifestado repetidamente que sólo persigue nuestra desaparición”.

Por su parte, la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) ha alertado este viernes del "riesgo de validar las lagunas regulatorias que aprovecha el sector de los VTC", y ha instado al Gobierno a "extremar la cautela" para "evitar respaldar" un modelo de movilidad urbana basado en "el oportunismo, el acaparamiento de licencias en pocas manos, controladas por las plataformas y su poder de mercado y la laxitud en el cumplimiento de la normativa". "Debemos guardarnos de avalar las urgencias cortoplacistas y los intereses financieros de cuatro grandes empresas que buscan aprovecharse de la contingencia para subvertir el equilibrio de la movilidad urbana", ha dicho el presidente de Antaxi, Julio Sanz, antes del encuentro entre el Ministerio de Transportes y los VTC.

Desde Antaxi ven "incoherente" el discurso de las grandes propietarias de autorizaciones de VTC que, "mientras trasladan a las autoridades públicas los supuestos beneficios de su modelo, continúan solicitando miles y miles de autorizaciones de transporte". "No se sostiene su mensaje de compromiso medioambiental cuando han pedido 130.000 autorizaciones de VTC que, en caso de ser otorgadas, inundarían las ciudades con todos sus coches", ha apuntado Sanz.

Para el presidente de la asociación, el discurso de búsqueda de un equilibrio con el taxi "es falaz, pues siguen judicializando todas las medidas que buscan ordenar el transporte urbano". Antaxi confía en que se alcancen soluciones que permitan "proteger la estabilidad en el transporte urbano, evitando que se pueda generar una situación indeseada de tensionamiento en las ciudades". Y ha pedido al Gobierno que traslade a la Unión Europea que "la solicitud masiva de autorizaciones de VTC es contraria al interés general de los ciudadanos".