¿Cómo se regularán las licencias de VTC tras la sentencia europea que rechaza la limitación de un VTC por cada 30 taxis? Estos son todos los escenarios

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) recientemente declaró ilegal la limitación del número de licencias VTC, utilizadas por compañías como Uber, Cabify o Bolt, en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) a una por cada treinta permisos a servicios de taxi, al concluir que supone una restricción a la libertad de establecimiento "desproporcionada". No obstante, el tribunal consideró que exigir la obtención de un permiso adicional al previsto a nivel nacional, como hacen Cataluña y otras regiones, "puede resultar necesario para la buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como para la protección del medio ambiente".

La sentencia del TJUE responde así a una cuestión prejudicial remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) respecto al caso de Prestige and Limousine SL, filial de Cabify, que llevó a los tribunales el reglamento local de ordenación de VTC en el Área Metropolitana de Barcelona, que limitaba el número de licencias de VTC a una por cada 30 y exigía a estos vehículos la obtención de una doble licencia para operar en Barcelona.

Tras el pronunciamiento europeo, la sala catalana tendrá que dictar sentencia, una resolución que afectará al Área Metropolitana de Barcelona, donde la alcaldesa Ada Colau se valió del decreto ley 3/2018 y del decreto Ábalos para implantar una regulación más restrictiva de los VTC. En concreto, el decreto ley 3/2018 elevó la ratio de un VTC por cada 30 taxis a categoría de ley, una limitación que poco después fue avalada por el Tribunal Supremo, aunque ahora el TJUE considera esta restricción contraria a la libertad de establecimiento. Por su parte, el decreto Ábalos, también de 2018, permitía a las comunidades autónomas crear sus propias reglas para otorgar o denegar nuevas licencias de VTC y para ello les daba una prórroga de cuatro años, que terminó 30 de septiembre del 2022.

Emilio Domínguez del Valle, abogado y experto en movilidad y transportes, explica, en declaraciones a LA RAZÓN, que la anulación de los preceptos de aquel reglamento barcelonés dará vía libre a más de 1.000 vehículos solicitantes de autorizaciones con carácter previo a la ley nacional de 2018 y que aún están judicializadas y pendientes de sentencia. Lo mismo debería ocurrir en todos aquellos casos de autorizaciones denegadas por la limitación 1/30 que siguen pendientes de sentencia en otras comunidades. No obstante, antes de que resuelvan todos estos casos, el TJUE dará una respuesta a la cuestión prejudicial enviada por el Tribunal Supremo sobre este tema, que podría acabar resolviéndose de la misma manera.

Así, a medio plazo, el gran cambio llegará con esta respuesta, ya que existen, según indica Domínguez del Valle, 25.000 autorizaciones de VTC judicializadas pendientes de esa resolución desde que el Gobierno elevó la ratio 1/30 de reglamento a categoría de ley, lo que impide que las empresas puedan reclamar contra esta limitación, que sólo está sujeta a las decisiones del TJUE o del Tribunal Constitucional.

El taxi, por su parte, ha denunciado una avalancha de solicitud de autorizaciones que superan las 100.000 desde que el TJUE se pronunció. No obstante, Domínguez del Valle aclara que si no hay demanda, no se puede producir esa avalancha de la que habla el taxi. Sólo habrá algunas comunidades donde se pueda absorber una parte del incremento de licencias de VTC porque hay un servicio deficitario del taxi.

La cifra de VTC que operen en las ciudades dependerá de las dobles licencias

La clave de la regulación ahora está en que, aunque el TJUE se opone a la limitación de las licencias de VTC frente a las de taxi, no se muestra contrario a exigir una segunda licencia a los VTC otorgada por el municipio donde presten servicio, pero ello siempre que se base en "criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que excluyan arbitrariedad, no se solapen con los controles ya efectuados para la licencia nacional y respondan a necesidades particulares de esa conurbación". Por lo tanto, aunque la ilegalidad de la ratio 1/30 abra la puerta a la solicitud de miles de autorizaciones, la cifra real de VTC que podrán operar en las ciudades dependerá de esa segunda autorización que establezcan los ayuntamientos.

Esta es la vía para regular las autorizaciones de VTC que el taxi está reclamando al Ministerio de Transportes en su reunión de hoy. Ayer la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguró que el Gobierno está diseñando "una fórmula que garantice el equilibrio (entre el sector del taxi y del VTC) y a partir de ahí tendrán que ser las comunidades autónomas las que acaten las orientaciones de la sentencia". Teniendo en cuenta que las competencias de tráfico, circulación recaen sobre los ayuntamientos, quedará en sus manos exigir o no una segunda licencia a los VTC para operar.

Las zonas que opten por pedir esta doble autorización tendrán que hacerlo conforme a los preceptos de no discriminación marcados por el TJUE. Por ejemplo, no se podría exigir que todos los VTC de una ciudad sean eléctricos, cuando no todos los taxis son eléctricos, ni que todos los VTC tengan un determinado tamaño, como ocurre en Barcelona con la exigencia de una longitud mínima de 4,90 metros a los VTC, cuando no todos los taxis tienen este tamaño. Por lo tanto, el abogado y experto en movilidad concluye que los requisitos deberán ser cualitativos y no cuantitativos. Es decir, según Emilio Domínguez del Valle serán requisitos de formación, capacidad económica, garantías a los usuarios, calidad y condición medioambiental de los vehículos, entre otros.

¿Posible delito de prevaricación?

En su sentencia, los magistrados de Luxemburgo consideran que garantizar la viabilidad económica del taxi no es razón suficiente para establecer la ratio 1/30. Por lo tanto, María Gutiérrez, profesora titular de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid, advierte en La Vanguardia de que "perpetuar restricciones discriminatorias en contra del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad, podría conllevar incluso responsabilidades en el ámbito penal". En este sentido, recuerda que el Supremo en el caso ERE (STS 749/2022, de 13 de septiembre, consideró que "las resoluciones que integran el procedimiento de elaboración de proyectos de ley son asunto administrativo, y por tanto, susceptibles de integrar el delito de prevaricación". De la misma manera lo han advertido las patronales de VTC, que han recordado al Gobierno en funciones que si legisla para seguir protegiendo los intereses del taxi, en contra de la sentencia europea, podría estar cometiendo delito de prevaricación.