El Gobierno infla a última hora su oferta de empleo público: pasa de 30.000 a 40.000 plazas tras el debate

Ni las 15.000 plazas que ofreció el viernes, ni las 30.000 que presentó ayer. Al final, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha confirmado tras el Consejo de Ministros que la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2023 será de 39.574 plazas, la mayor convocatoria de la historia justo antes de unas elecciones generales. En solo 24 horas, Montero ha elevado un 33% la oferta presentada a los sindicatos, un 15,8% más elevada que la de 2022, que fue de 34.151 de 2022, aunque en ese caso no se estaba metido en plena campaña electoral.

"La cifra récord se establece por la necesidad objetiva de fortalecer unas plantillas que se debilitaron por años de recortes y por tasas de reposición cero", ha apuntado la ministra, que no ha querido relacionar este incremento de última hora con las malas sensaciones que desde el PSOE se tuvieron tras el debate televisivo entre los candidatos de los dos principales partidos: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Se ha limitado a resaltar que el objetivo del Gobierno es "agilizar los plazos", y por eso se ha incluido en la normativa la obligatoriedad de que las convocatorias estén publicadas antes del 31 de diciembre de 2023. "En estos meses que quedan todos y cada uno de los órganos directivos deben tener convocadas sus ofertas de empleo", que deben culminarse antes de que transcurran dos años.

A estas casi 40.000 nuevas plazas habría que sumar las correspondientes a la tasa de reposición de 2022,que sumaría otros 20.000 empleos, por lo que la cifra total alcanzaría las 60.000. Además, hay que recordar que la oferta ordinaria de 2022 ya incluyó 24.600 empleos públicos que deben todavía incorporarse: 12.339 de ingreso libre y 9.261 de promoción interna, más una convocatoria de 2.500 plazas de urgente cobertura del Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social y con un incremento del 30% de las plazas para funcionarios de los cuerpos C1 y C2.

Según se ha detallado por parte del Ejecutivo, esta nueva OEP se distribuirá en 29.818 plazas corresponden a la Administración General del Estado y de ellas, 19.900 son de nuevo ingreso; para la Administración de Justicia se destinarán 1.907 plazas, de las que 1.215 nuevo ingreso; para el Cuerpo Nacional de Policía se abren 2.833 plazas, de las que 2.600 son de nuevo ingreso, mientras que para la Guardia Civil se habilitan 2.875 plazas, 2.520 de nuevo ingreso. También se incluyen 1.025 plazas para la Seguridad Social, que en su mayoría se destinarán a gestionar el ingreso mínimo vital, a las que sumarán tras 2.500 plazas para entidades gestoras de la Seguridad Social que faciliten la atención presencial y asistencial a la ciudadanía. Habrá 500 plazas adicionales de la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional para la administración local.

El número de nuevos funcionarios puede aumentar sustancialmente, ya que esta convocatoria incluye, con "carácter excepcional", que en aquellos ámbitos en los que se considerase necesario para una adecuada prestación de los servicios, "se podrá nombrar personal funcionario interino o personal laboral temporal", con lo que se abre la puerta a aumentar aún más la temporalidad en el empleo público.

Además, esta OEP sale adelante en plena campaña electoral y a apenas 12 días de las elecciones generales del próximo 23 de julio. Una situación muy distinta a cuando el Gobierno aprobó la última, el pasado año, en el mes de mayo, dos meses antes que ahora.

El acuerdo ha sido firmado por CSIF y UGT, mientras que CC OO se ha negado a suscribirlo por «carecer de cifras concretas en el momento de la negociación». Según fuentes de este sindicato, esta oferta "no garantiza la creación neta de empleo. Aunque la propuesta es histórica no cubre las necesidades reales de la Administración central. Se limita a cumplir con la tasa de reposición, ya que se pierden 19.000 puestos pero solo se ganan otros 19.000 en la AGE".