El Gobierno deja sin contabilizar en la información de las balanzas fiscales 179.000 millones de gasto público

Fedea ve "insuficientes" los datos sobre balanzas fiscales aportados por el Ministerio de Hacienda para la territorialización "fiable" de las cuentas públicas, lo que ha provocado que no se disponga por el momento de una contabilización preliminar de hasta 179.000 millones de euros de gasto público, después de publicarse la primera tanda de datos brutos para que analistas y administraciones públicas elaboren sus propios cálculos.

En un informe elaborado por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, se explica que en esta primera entrega "se han omitido algunas partidas relevantes de ingresos y gastos públicos". Entre ellas están "las prestaciones no contributivas y los costes de funcionamiento de la Seguridad Social y sus ingresos por conceptos distintos de las cotizaciones sociales, así como los ingresos y gastos de ciertas agencias reguladoras no incluidas en los Presupuestos, como la CNMC y la CNMV". Por tanto, entiende que los datos aportados "son todavía insuficientes para abordar la territorialización completa de las cuentas públicas" y detalló que "las lagunas tienen que ver con la cobertura de la información aportada, su nivel de desagregación y detalle y su grado de territorialización".

La mayor parte de estas "lagunas" de información tienen que ver con la cobertura de los datos aportados, con su nivel de desagregación y detalle, con el grado en el que ésta se ha territorializado y con la precisión con la que se describen su contenido y procedimiento de elaboración. Algunas de ellas "pueden cubrirse con información disponible públicamente, pero la mayoría de ellas no", señala el informe del "think tank", tras analizar los datos presentados en la web del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), sobre los que alumbra "ciertas dudas sobre la cobertura de la partida de ingresos de los Organismos Autónomos estatales y habría que completar la información aportada sobre los ingresos tributarios de ciertas administraciones".

Aunque Hacienda ha territorializado "casi en su totalidad" los flujos de gasto ligados a los sistemas de financiación autonómica y local, las prestaciones contributivas de la Seguridad Social y las inversiones reales de ciertas entidades y empresas públicas, pero en el resto de los bloques "se han territorializado únicamente las inversiones reales, lo que nos deja con 179.000 millones de gasto público para los que no se dispone por el momento de una territorialización preliminar".

Según apunta, sobre las partidas de gasto que no se territorializan, la Fundación cree que, por su importancia, "resultan imprescindibles" algunas que no aparecen, por lo que siembra la duda sobre la intención del Fisco de ocultar información, ya que "cuesta pensar que no esté fácilmente disponible". Entre estas partidas están las pensiones de clases pasivas y de guerra, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, incluyendo las pensiones, las prestaciones por desempleo, la renta y subsidio para eventuales agrarios en Andalucía y Extremadura, las ayudas para el fomento del empleo, las becas y ayudas a estudiantes y la asistencia sanitaria del mutualismo administrativo.

Por otro lado, Fedea ha cotejado datos sobre la Seguridad Social y las mutuas y ha detectado que la información publicada por el IEF recoge únicamente las transferencias corrientes que corresponden al pago de las prestaciones contributivas. Por tanto, señala que faltarían por incorporar las prestaciones no contributivas -en torno a 13.200 millones de euros- y los costes de funcionamiento del sistema recogidos en otros capítulos presupuestarios -unos 3.900 millones-.

En cuanto a los ingresos, la situación es similar pese a que la territorialización preliminar es claramente menor que para los gastos y su imputación sólo puede hacerse en base a la localización del pago en el caso del IRPF y las cotizaciones sociales, que son las partidas para las que generalmente sí se dispone de la información necesaria o de alguna aproximación útil. Algo similar sucede con los ingresos de la Seguridad Social, pues se advierte de que ofrecen sólo los que provienen de cotizaciones sociales. En este caso, el problema que aprecia el experto es menor porque las partidas de ingresos omitidas son de una cuantía muy limitada, con la excepción de las transferencias del Estado, que habría que omitir en cualquier caso para el cálculo de las balanzas por tratarse de transferencias internas dentro del sector público estatal.

En la misma línea, podría haber algún problema con los ingresos ofrecidos dentro del bloque de Organismos Autónomos para las mutuas de funcionarios, que son claramente inferiores a los consignados dentro de la liquidación de los PGE y convendría seguramente ampliar este bloque para incluir otras partidas de ingresos de los Organismos, entre las que destacan las multas cobradas por la Jefatura de Tráfico, que superan los 1.000 millones de euros.