Gobierno y bancos descartan el arbitraje para las cláusulas suelo

PSOE e IU llevan la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo al Congreso de los Diputados

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a los bancos españoles a devolver el importe de las cláusulas suelo que fueron cobradas de forma poco transparente desde el año 2009 y no desde mayo de 2013, como había señalado el Tribunal Supremo español, ha abandonado el terreno meramente económico y se ha adentrado en el político en busca sin duda de algún rédito. La bolsa sigue en terreno negativo (-0,40% en la sesión de ayer), pero no con los valores bancarios como protagonistas. Popular fue el que más cayó (1,26%), mientras que Caixabank y Bankinter volvieron a las ganancias. El interés se ha trasladado al Congreso de los Diputados, donde el PSOE ha exigido una vía extrajudicial «rápida y a coste cero» para los afectados, e IU ha pedido una comparecencia urgente del ministro de Economía, Luis de Guindos, para que explique cómo se van a devolver las cantidades cobradas indebidamente desde 2009.

La solución, cuando apenas se han cumplido dos días desde que se conociera el contenido de la sentencia, va por otros caminos, según han confirmado a LA RAZÓN en fuentes de las entidades financieras y del Gobierno. Los bancos se preparan para empezar a provisionar en los próximos trimestres 2.000 millones de euros para afrontar, llegado el caso, las posibles devoluciones a sus clientes. La vía del arbitraje, que fue utilizada para resolver el caso de las participaciones preferentes de Bankia, no será replicada en esta ocasión. «No está previsto», han señalado, al tratarse de entidades privadas que no han recibido ningún tipo de ayuda pública.

Acuerdo o juicio

Aceptada la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, sólo queda su incorporación al ordenamiento jurídico español, lo que se producirá en la primera sentencia que se falle en una instancia judicial sobre los recursos que están pendientes de resolverse. A partir de ese momento, quedarán dos vías: el acuerdo entre las partes (cliente y entidad bancaria) y la vía judicial.

El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, se reunió ayer con ocho organizaciones de consumidores (Cecu, Adicae, Asgeco, Fuci, Hispacoop, Unae, Ocu y Facua) para analizar y buscar una solución. Al término de la misma, Saura manifestó que la sentencia es «clara, contundente y concluyente», al dictaminar que los consumidores no pueden verse afectados y «tienen que cobrar todo; no puede haber quitas», por lo que «aquí no hay medias tintas y los bancos tienen que pagar».

El Grupo Parlamentario Socialista denuncia que en los últimos años se han producido «excesos» por parte de las entidades financieras en lo relativo a las cláusulas suelo en las hipotecas, y ha insistido en que la Justicia europea está «de parte de los consumidores» y «no cabe posibilidad de negociación ni de quita». Saura explicó a los periodistas que el objetivo es articular vías de solución extrajudiciales de forma que sea «rápida» para que «se cumpla la sentencia y se devuelva todo lo que se tenga que devolver, y no haya quitas». El PSOE continuará reuniéndose en los próximos días con las organizaciones de consumidores para perfilar el «instrumental más adecuado», mediante una iniciativa parlamentaria.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) está más cerca de lo que puede ser la solución. Su portavoz, Ileana Izverniceanu, cree que sólo existen dos caminos: el acuerdo amistoso entre las dos partes y la vía judicial, que obligará a pagar todo a las entidades, incluso las costas judiciales. Para la OCU, esta sentencia es una buena ocasión para que el sector «lave su imagen, muy dañada en los últimos años».

IU llama a De Guindos

El coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha registrado hoy una solicitud de comparecencia urgente del ministro de Economía, Luis de Guindos, para que explique en el Congreso cómo van a devolver las entidades el dinero. Izquierda Unida pone en marcha esta iniciativa parlamentaria, «que espera que no sea vetada por el Gobierno del PP o alguno de sus socios en la Cámara Baja», tras ver la tibia respuesta dada por buena parte de los bancos afectados.

Lo que parece también claro es que el acuerdo amistoso entre las partes cierra la vía de recurso a la Justicia ordinaria.