Gonzalo Bernardos nos advierte de que lo peor está por venir: "Preparaos para lo peor"

El debate sobre la viabilidad y el futuro del sistema público de pensiones es una constante en la conversación social y económica en España. Las proyecciones demográficas, marcadas por una esperanza de vida creciente y una tasa de natalidad reducida, plantean serios desafíos a la estructura actual, financiada fundamentalmente por las cotizaciones de los trabajadores activos.

En este escenario de presión sobre las cuentas públicas y el equilibrio intergeneracional, las voces expertas en economía alertan sobre la necesidad de plantear reformas estructurales a medio y largo plazo. La actual configuración, según algunos análisis, podría no ser suficiente para garantizar el nivel de las prestaciones futuras si no se introducen ajustes.

Las decisiones adoptadas en otros países europeos, que afrontan retos demográficos similares, a menudo sirven como espejo y posible hoja de ruta para España. Observar cómo otras naciones abordan la longevidad de su población y la financiación de sus sistemas de bienestar puede ofrecer pistas sobre las medidas que podrían considerarse aquí.

Hacia los 70 años: ¿El futuro de la jubilación en España?

Dinamarca ha dado un gran paso al aprobar elevar la edad legal de jubilación hasta los 70 años para el año 2040, convirtiéndose en el primer país europeo en adoptar oficialmente una medida de tal calibre. Este movimiento se produce en un contexto de ajustes estructurales y el economista Gonzalo Bernardos considera "más que probable" que España siga un camino similar.

Bernardos subraya que no se trata de un caso aislado, sino de una tendencia casi inevitable para la mayoría de países europeos con sistemas de pensiones bajo presión. Las complejidades demográficas, con una población que vive más años y menos nacimientos, ejercen una tensión constante sobre la viabilidad financiera a largo plazo.

La edad legal de jubilación en España se sitúa actualmente en 66 años y 8 meses, permitiéndose el retiro a los 65 para aquellos con más de 38 años y 3 meses cotizados. Sin embargo, la presión sobre las arcas públicas, con un gasto creciente en pensiones, hace que la idea de retrasar esta edad gane peso en el debate público y entre los analistas.

Aunque el Gobierno español no ha presentado aún una propuesta formal para modificar estos plazos, las advertencias de economistas como Bernardos resuenan con fuerza. La cuestión, por tanto, parece residir no tanto en si habrá cambios, sino en cuándo y bajo qué condiciones se articularán estas nuevas medidas.

Los expertos coinciden en que, para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo, serán necesarios ajustes estructurales profundos. La experiencia de países como Dinamarca evidencia que retrasar la edad de jubilación es una de las herramientas consideradas para afrontar este desafío demográfico y financiero.