Grecia presenta a la UE un plan contra la evasión fiscal

No gastar más de lo que se ingrese ha sido la premisa del Gobierno griego para diseñar el plan de reformas que presentará hoy en Bruselas, centrado en la lucha contra la evasión fiscal y la corrupción.

No gastar más de lo que se ingrese ha sido la premisa del Gobierno griego para diseñar el plan de reformas que presentará hoy en Bruselas, centrado en la lucha contra la evasión fiscal y la corrupción, cuya eficacia determinará el presupuesto disponible para acabar con la «crisis humanitaria». El desenlace de las negociaciones, con misérrimos resultados para Grecia, obligó al primer ministro Alexis Tsipras a maniobrar en casa para financiar su programa y a la vez contentar a los sectores más radicales del Ejecutivo tras incumplir gran parte de sus postulados iniciales.

El líder de Syriza cerró filas con sus ministros para mantener la cohesión del partido y contener cualquier escapismo del ala izquierda del partido. La crítica más sonada al acuerdo del viernes llegó por parte del eurodiputado de Syriza, Manolis Glezos, que acusó a Tsipras de «vender como carne lo que en realidad es pescado». El nonagenario político izquierdista consideró que el Gobierno «tan sólo bautiza con otros términos lo que sigue siendo un memorándum».

El Ejecutivo heleno ha vestido la entrega de la lista de reformas, un documento de tres páginas que ayer enviaron a Bruselas para una primera valoración, como el ejemplo de que «los griegos tripulan su propio destino, más que adoptar medidas impuestas desde fuera». No obstante, algunos oficiales del nuevo Gobierno griego reconocieron que «lo peor vendrá a partir del lunes, cuando empiecen las negociaciones firmes para un nuevo acuerdo».

Lucha contra la corrupción

El plan de reformas se dirige sobre todo a engrosar de forma instantánea los ingresos del Estado. El viceministro de Finanzas, Dimitris Mardas, ha elaborado un estudio que calcula en 1.500 millones de euros la recaudación combatiendo el contrabando de combustible, 800 millones dela lucha contra el contrabando de tabaco y 2.500 millones haciendo frente a la corrupción, una de las mayores exigencias de la troika desde el primer rescate y que ninguno de los anteriores Gobiernos llevó a cabo.

El Ministerio de Anticorrupción empezó a preparar un marco legal que conceda más poder a la Brigada de Crímenes Financieros (SDOE) para que pueda sancionar a los defraudadores, una medida que permitirá al Estado recaudar con rapidez 2.500 millones de euros de 3.500 evasores fiscales ya identificados.

La encrucijada contra la evasión fiscal se centrará sobre todo en la élite más ricas del país, formada por unas cuantas familias. Según datos publicados en el diario «Protothema», 18 compañías deben al Estado más de 10.000 millones de euros. En ese sentido, el Gobierno planea controlar las políticas de préstamos de los bancos para prevenir o bloquear el apoyo financiero a las grandes empresas.

El Gobierno griego también quiere poner fin a las transacciones en negro con un mayor control de los bancos, que disponen de todos los movimientos de capitales. Todo eso si las grandes fortunas todavía están en Grecia. Según datos del mismo diario, en enero las transferencias al extranjero ascendieron a 7.000 millones de euros tres días antes de las elecciones, una cantidad que se podría haber multiplicado en el último mes.

Pese a que el ministro de Anticorrupción, Panayotis Nikoloudis, matizó que «la guerra no es contra los oligarcas, sino contra los que se han enriquecido de manera ilegal», lo cierto es que el Ejecutivo izquierdista va a la caza del rico para aliviar al pobre, como demuestra su plan de reforma tributaria. Por un lado, la sustitución de la tasa unificada a la propiedad (ENFIA), una especie de IBI, por un impuesto a las grandes propiedades que se aplicará tan sólo a los bienes inmuebles con valor superior a los 300.000 euros. Por el otro, los ciudadanos con ingresos inferiores a los 12.000 euros al año estarán exentos de pagar impuestos.

Sin embargo, el Gobierno mantiene su pulso por implementar algunas promesas electorales de calado social. El ministro del Estado, Nikos Pappás, señaló que no están dispuestos a «atarse las manos y simplemente esperar a completar todos los tiempos» y añadió que «hay cuestiones de soberanía relativas a las políticas internas que están fuera de la negociación».

Entre éstas está el aumento del salario mínimo, que fuentes gubernamentales aseguran que está relacionada con el sector privado y no tiene un coste presupuestario directo. Nada más ganar las elecciones, Tsipras anunció un sueldo mínimo mensual de 751 euros. También la congelación de las pensiones y la no subida de impuestos como el IVA.

El ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, se mostró confiado en que los socios de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional «aceptarán un plan que ya se ha discutido y sólo falta completar con la lista de reformas».

Si los ministros del Eurogrupo ven adecuada la propuesta griega, mañana celebrarán una teleconferencia para aprobar la extensión del rescate, que deberá ser ratificado durante la semana por varios parlamentos europeos, entre ellos el alemán, y que sentará las bases para un acuerdo más amplio a negociar en los próximos cuatro meses.