Hacienda redobla la lucha contra el fraude con dinero en efectivo

El Ministerio de Hacienda se ha marcado entre sus objetivos para 2016 redoblar la lucha contra el fraude con dinero en efectivo. Además de la ya conocida limitación a 2.500 euros de los pagos en efectivo, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2016 se anuncia, en el apartado referido a la lucha contra el contrabando, que «se intensificarán las operaciones de control de efectivo en zonas de riesgo. Se potenciará la colaboración con los servicios aduaneros de los países de origen o destino de los fondos mediante el intercambio de información sobre la situación patrimonial o antecedentes de las personas portadoras de medios de pago».

Las operaciones en efectivo son una de las principales grietas por las que se escapan impuestos. Al realizarse, se evita el pago de impuestos como el IVA, de ahí el énfasis del Gobierno por erradicarlas. La medida más importante para tratar de frenarlas se aprobó en 2012, cuando se limitó a 2.500 euros cada operación comercial de venta o prestación de servicios para residentes en España. En el caso de que la operación comercial se realice con extranjeros, el límite se eleva a 15.000 euros –o contravalor en divisas– siempre y cuando se documente la identidad de la persona que compra. Este extremo se comprueba con una fotocopia del pasaporte o documento de identidad equivalente.

Para evitar operaciones de fraude de ley mediante el fraccionamiento de pagos, ahora se suma el total de partidas pagadas para adquisición de bienes o prestación de servicios. Esto persigue evitar que se hagan múltiples facturas de importes inferiores a 2.500 euros o que se fraccionen pagos en efectivo por debajo de esta cantidad. Si la suma total de la operación es superior a 2.500 euros, no se debe poner en práctica esta fórmula de pago.

El alcance de los pagos en efectivo se extiende más allá de las propias monedas y billetes. Se incluyen también cheques bancarios al portador y cualquier otro medio análogo de pago en el que no quede claro el origen y destino de los fondos como los titulares.

Tabaco

La Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera también prestará especial atención el año próximo al contrabando de tabaco. Cada año, esta práctica ilegal le cuesta a las arcas del Estado unos 1.300 millones de euros, según cálculos del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT). Entre las actuaciones que proyecta, Hacienda «intensificará la investigación dirigida a la detección de actuaciones de fabricación ilícita de cigarrillos en nuestro país, nueva tipología de fraude consolidada en los últimos años por parte de grupos criminales muy especializados originarios, en su mayoría, de Europa del Este», asegura el proyecto.

En el ámbito de colaboración de la Agencia Tributaria con otros organismos públicos, se van a desarrollar «actuaciones de colaboración con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) con el objetivo de obtener y tratar la información con relevancia tributaria contenida en la Base de Datos Nacional de Subvenciones».