Hacienda retendrá fondos a las autonomías más morosas

El Ministerio de Hacienda igualará el sistema de cálculo de los periodos medios de pago (PMP) de la deuda comercial de la Administración central, las comunidades autónomas y las entidades locales, según ha podido saber LA RAZÓN, con el objetivo de evitar las «trampas» que actualmente hacen las dos últimas administraciones con la cifra. El Gobierno perfila la tramitación de un Real Decreto ley, que será aprobado en Consejo de Ministros en pocas semanas, con la metodología de cálculo del PMP y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los distintos sistemas de financiación.

En concreto, se tendrán en consideración tanto el número de días en que se efectúan los pagos como el plazo de demora que existe en las deudas pendientes de liquidar con los proveedores. El PMP empezará a computarse el día siguiente a los treinta posteriores a la entrada de la factura en el registro administrativo (contable de facturas o equivalente).

Multas burladas

Autonomías y ayuntamientos saben que se exponen a sanciones, con retenciones de fondos en los diferentes sistemas de financiación, si abonan las facturas pendientes con el sector privado con una demora de más de 30 días. Por ello, y por la falta de un modelo homogéneo de cálculo, los gobiernos regionales y los consistorios miden sus plazos de pago de forma independiente para burlar posibles pérdidas de recursos del Estado.

Además, la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial del Sector Público señala que, en caso de producirse una desviación en los PMP, Hacienda «formulará una comunicación de alerta indicándose el importe que deberá dedicar mensualmente al pago a proveedores y las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que deberá adoptar de forma que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores».

Fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda señalan al respecto que se han detectado importantes «brechas» y «disparidad de criterios» en las distintas administraciones en lo relativo a la forma de medir cuándo una factura comercial entra en periodo de mora. La regla de los 30 días contemplada en la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial del Sector Público no se cumple en prácticamente ninguna de las comunidades, ya que todas tienen déficit, gastan más de lo que ingresan y su principal prioridad sigue sin ser la reducción de la deuda comercial con los proveedores.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se reunió el miércoles con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y de Farmaindustria, dos de los principales colectivos más afectados por los impagos autonómicos, y se comprometió a que la nueva normativa que prepara el Gobierno «impedirá la morosidad».

En el caso de los entes locales, la situación mejora sensiblemente por la situación de superávit presupuestario que presentan desde 2012. El Ministerio de Hacienda conmina a los consistorios a que reduzcan su deuda comercial con este capital acumulado durante los últimos dos años, un procedimiento que algunos entes locales ya están realizando. Entre 2012 y 2013, lograron excedentes de capital por valor de 6.500 millones de euros sobre el equilibrio presupuestario.

Lejos del plazo legal

Gracias a la amenaza de sanciones por parte del Gobierno (aún por determinar) y a la aplicación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el Plan de Pago a Proveedores, los PMP del sector público acumulan dos años de caídas. Según los últimos datos publicados por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, la Administración pasó de pagar sus facturas en 162 días (2011) hasta los 111 del pasado ejercicio. La reducción es del 31,5% en dos años, pero casi triplica el plazo legal.

Además, según datos de Hacienda, la deuda comercial de las CC AA se redujo en un 70,8% entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, desde 24.835,5 hasta 7.258,9 millones de euros. En el caso de los entes locales, la caída fue del 51,7% en el mismo periodo, desde 8.759,1 hasta 4.225,9 millones de euros.