Hacienda y Economía fiscalizan el gasto en nuevas medicinas

En 2016 la Sanidad Pública española gastó 16.000 millones de euros en medicamentos, incluyendo tanto farmacias como hospitales.

En 2016 la Sanidad Pública española gastó 16.000 millones de euros en medicamentos, incluyendo tanto farmacias como hospitales. Si sólo tenemos en cuenta las medicinas dispensadas con receta, el gasto farmacéutico fue de casi 10.000 millones de euros, es decir, aproximadamente un 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de España. Además, registró un incremento del 4% respecto al año anterior, con 400 millones de euros más de gasto extrahospitalario. Con un volumen tan elevado de recursos públicos destinados a este fin y con la necesidad urgente de recortar el déficit en 15.000 millones de euros este año, el Gobierno ha puesto el gasto farmacéutico en su punto de mira. Trata así de evitar que se desboque nuevamente en 2017 y en los próximos años y ponga en riesgo el cumplimiento de los compromisos de estabilidad con la UE.

Más poder

Para ello, el Ejecutivo ha decidido otorgar más poder a los departamentos económicos en la aprobación de los nuevos fármacos que tienen que pasar a formar parte de la cartera del Sistema Nacional de Salud. Según un real decreto aprobado este mes y publicado en el BOE el pasado 13 de mayo, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos contará con dos miembros adicionales: uno de ellos representará al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, mientras que el otro representará al Ministerio de Hacienda.

Aunque estos dos ministerios ya disponían de un representante cada uno en esta comisión, la nueva organización dobla el peso de estos departamentos económicos en este órgano. Según el texto, el real decreto, en el que se reorganizan diversos aspectos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, nace «con el objeto de impulsar los objetivos prioritarios para España, desarrollar el programa político del Gobierno y lograr la máxima eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el funcionamiento de la Administración General del Estado».

El cometido de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos es fijar el precio industrial máximo que tendrá en toda España cada especialidad farmacéutica finaciada con cargo a fondos públicos. A este precio, que es con el que sale el fármaco del laboratorio, hay que sumarle luego el margen de distribución y el margen de la farmacia. El problema es que los nuevos medicamentos (muchos de ellos revolucionarios) son cada vez más caros y, por tanto, más gravosos para las arcas públicas. De ahí el empeño del Gobierno por fiscalizar los nuevos fármacos.

Además, está previsto que en los próximos meses lleguen al mercado nuevos medicamentos contra el cáncer y para tratar problemas hematológicos con un coste muy elevado, de cientos de miles de euros en algunos casos. Aunque España ya financia mediante la Sanidad Pública muchas medicinas de elevado coste, Hacienda y Economía quieren tener un mayor control sobre las nuevas incorporaciones, lo que no significa que no vayan a financiarse.

En lo que va de año, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos se ha reunido sólo en dos ocasiones. Estas citas son el paso previo a la aprobación final para la comercialización de los nuevos fármacos, lo que se traduce en que cuantas menos reuniones haya, menos fármacos se incorporan a la cartera y, por extensión, menor gasto farmacéutico.

La composición de la Comisión pasa así de tener ocho miembros a ampliarse hasta once. A los dos nuevos representantes del Ministerio de Economía y del Ministerio de Hacienda se suma un nuevo vocal que representará los intereses de las comunidades autónomas, que al fin y al cabo son las administraciones que poseen las competencias en materia de sanidad y, por tanto, las que abonan la factura farmacéutica.

Hasta ahora, las autonomías sólo contaban con dos representantes en la comisión de precios, que ahora quedan en tres. Estos vocales son elegidos, a propuesta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, entre sus miembros. Aunque el PNV reclamaba la presencia fija del País Vasco en la comisión por su situación de independencia tributaria (junto a Navarra), la última modificación permite que este puesto lo ocupe cualquier comunidad autónoma.

Veto del Ejecutivo

La presidencia de la comisión recae sobre el secretario general de Sanidad y Consumo, mientras que la vicepresidencia es para el director general de cartera básica del SNS y Farmacia. Sumando estos dos representantes del Ministerio de Sanidad a los dos de Economía y los dos de Hacienda el Gobierno controla directamente seis de los once asientos, lo que en la práctica le otorga poder de veto en las decisiones de la comisión de precios. En cualquier caso, y a excepción de los tres representantes autonómicos, los tres miembros restantes dependen también de la administración central, por lo que la capacidad de decisión de los entes regional está muy limitada. Los cambios en este organismo llegan apenas tres meses después de que la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, defendiese la composición de la comisión, con una mayoría de representantes de la administración central frente a las regiones.