¿Hasta cuándo se podrán pagar las pensiones en España?

Mientras el Pacto de Toledo cierra otra Legislatura fallida, el deterioro de la Seguridad Social se agudizará en los próximos años, cuando se alcancen los 15 millones de pensiones, un 60% más de nóminas todos los meses.

El gasto en pensiones continúa su escalada –9.563 millones en febrero (+7,15%) con 9,7 millones de pensiones– sin que los partidos alcancen un acuerdo para acordar una reforma que asegure la sostenibilidad del sistema a las puertas ya de la jubilación de los «baby boomers», que alcanzará su cénit en 2030. En esa fecha, según las previsiones, habrá 12 millones de pensiones a las que hacer frente con una población envejecida y con una evolución de los salarios nada halagüeña en términos de recaudación. En 2048, el sistema soportará más de 15 millones de pensiones, casi un 60% más de nóminas que abonar todos los meses. Mientras, a día de hoy, la Seguridad mantiene un agujero superior a los 17.400 millones de euros con 153.000 millones de gasto presupuestado en 2019. Algo más de cuatro euros de cada diez se destinarán a pagar las pensiones durante este año.

La AIReF calcula el déficit estructural de la Seguridad Social entre el 1,3% y el 1,5% del PIB. Un desajuste que prevé que se mantenga en el futuro en ausencia de una gran reforma que no termina de cuajar por las diferencias insalvables hasta la fecha entre los grupos de izquierda y de centro-derecha en el seno del Pacto de Toledo. En los próximos 30 años, este gasto se incrementará ligeramente por debajo de 3 puntos de PIB en el escenario central de la AIReF, llegando a representar el 13,4% del PIB en 2048 por el 10,6% que representa en la actualidad sobre la riqueza nacional.

Este esfuerzo supondrá un desembolso superior a los 340.000 millones de euros para esa fecha crítica, de acuerdo a las previsiones de crecimiento del PIB para esos 30 años realizadas por PwC, que ofrecen un alza anual media del 2,4%, lo que sutuaría el PIB en 2,5 billones de euros en 2048.

La cuenta de la AIReF no deja de ser conservadora, ya que el propio Banco de España ha asegurado que el alza de las pensiones de acuerdo a la inflación hará que para mediados de siglo el gasto se dispare al 16% del PIB, lo que se traduciría en nada menos que 400.000 millones para cumplir con el pago de las mismas.

Ante esos parámetros y con el regreso a la indexación de las pensiones al IPC, un asunto ante el que ningún grupo político se opone para no granjearse la desafección electoral de un colectivo tan numeroso, parece más que pertinente plantearse si están a salvo las pensiones del futuro.

El servicio de estudios de BBVA estima que para mediados de siglo serán necesarios nada menos que 28,5 millones de cotizantes, casi diez millones más que en la actualidad, para garantizar la sostenibilidad del sistema. Los distintos modelos demográficos prevén entre cuatro y trece millones de habitantes más en esos 30 años. En el mejor escenario, casi todos estos nuevos «españoles» deberían incorporarse al mercado de trabajo si lo que se pretende es garantizar la precaria salud de la Seguridad Social.

Un reto complicado que hará necesaria la llegada masiva de inmigración en ausencia de políticas más certeras de fomento de la natalidad. Y un desafío que se enfrenta a la posibilidad de una nueva recesión durante ese margen que frene la escalada del mercado de trabajo.

Esa inmigración deberá compensar la probable disminución de la población en edad de trabajar. Y es que aunque la AIReF prevé que en 2048 la población entre 15 y 74 años se sitúe en un nivel similar al actual (31 millones), con una previsión central de 30 millones otras instituciones, como Eurostat, estiman una contracción, que implicaría una caída de 5 millones de personas, con el consiguiente efecto negativo en la aportación del factor trabajo al crecimiento. La probable caída de la población en edad de trabajar daría como resultado un contagioso descenso de la tasa de paro, que según los estudios podría situarse entorno al 10%.

A estos factores habrá que sumar el envejecimiento, que apunta a que el número de los españoles mayores de 66 años respecto a la población en edad de trabajar se duplicará, desde el 25% actual hasta superar el 50% en 2048.

Mientras, el Pacto de Toledo ha cerrado otra Legislatura sin acuerdo después de que Podemos dinamitara cualquier avance.