La ex cúpula de Afinsa, condenada a 81 años de cárcel

Los acusados sabían que «el negocio estaba abocado al colapso», concluye la Audiencia

Manifestación del pasado mes de mayo por el 10 Aniversario del fraude de Forum Filatélico
Manifestación del pasado mes de mayo por el 10 Aniversario del fraude de Forum Filatélico

Los acusados sabían que «el negocio estaba abocado al colapso», concluye la Audiencia .

Diez años después de la intervención judicial de Afinsa, la Audiencia Nacional condenó ayer a penas que suman 81 años y medio de prisión a la ex cúpula de la compañía por la estafa piramidal de los sellos. El tribunal impone penas de entre dos y doce años de prisión a once de los trece acusados por delitos de estafa, insolvencia punible y falseamiento de cuentas, entre otros, y absuelve a dos de los procesados. Juan Antonio Cano, ex presidente de Afinsa (12 años y 10 meses), los ex consejeros Albertino y Carlos de Figueiredo (once y once años y once meses, respectivamente) y Vicente Martín Peña (ex integrante de la comisión de auditorías de la empresa filatélica) acumulan las penas más severas. Los cuatro, junto a Emilio Ballester, antiguo responsable del departamento contable, y José Joaquín Abajo, ex secretario del consejo (condenados a diez años y tres meses y seis años y tres meses, respectivamente, como cooperadores necesarios), conformaban «la alta dirección de Afinsa». Según la sentencia –que impone a los condenados multas de 36.000 a 69 millones de euros– ellos «mantenían el control del negocio» y adoptaban «todas las decisiones importantes» sobre los contratos, el valor de los sellos y su precio de adquisición y la contabilidad, un artificio que únicamente pretendía «encubrir la insolvencia genética de la entidad». Los seis deberán afrontar solidariamente una indemnización de 2.574 millones de euros a los 190.022 clientes de Afinsa.

«Intolerable sobrevaloración»

Según la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, la inversión en sellos –a los clientes se les ofrecían lotes filatélicos con un compromiso de recompra, pasado un plazo, a una «intolerable sobrevaloración»– era «el señuelo para la captación de fondos y la estrategia del negocio». Pero esa filatelia tenía en realidad «un ínfimo valor en el mercado» –señala el ponente de la sentencia, el magistrado Ramón Sáez– por lo que el negocio únicamente se mantenía con la captación de nuevos clientes («pequeños ahorradores procedentes de las clases medias») que permitían saldar las deudas con los que reclamaban la rentabilidad pactada de su inversión. «Los acusados –sostiene el tribunal– eran conscientes de que el negocio estaba abocado al colapso». El sinsentido era tal que «cuanto más crecía la actividad, mayores eran las pérdidas» (pues, para más inri, los responsables de Afinsa no destinaban el dinero recibido a inversiones con las que generar beneficios).

La intervención judicial, reconoce la Audiencia, «anticipó» ese colapso que, considera, era inevitable, «porque como estructura piramidal dependía exclusivamente de la tesorería (el dinero procedente de los nuevos inversores), que era la energía con la que funcionaba Afinsa, el fluido que alumbraba su negocio». Los clientes (190.022 en el momento de la intervención) perdieron sus ahorros víctimas de esa «maquinación engañosa idónea para inducir a error» a inversores «no informados y crédulos» (muchos de ellos entregaron más de 50.000 euros).

La Audiencia considera acreditado que Afinsa utilizó una caja oculta para retribuir en dinero negro a sus directivos, que se repartieron 16 millones en sobresueldos en siete años (de 1998 a 2005). Albertino de Figueiredo percibió en «B», por ejemplo, 2,3 millones entre 1998 y 2003 y Juan Antonio Cano, tres millones de euros.

El principal proveedor de sellos de Afinsa entre 1998 y 2003, Francisco Guijarro –condenado a seis años y cinco meses de prisión–, destinó sólo el 16% del dinero obtenido de la sociedad filatélica a la compra de sellos. Pagó retribuciones a familiares y adquirió bienes que puso a nombre de su esposa e hijos por valor de 7,7 millones, retirando en efectivo 69,5 millones, de los que se desconoce el paradero de 39. Además, en el registro de su vivienda en La Moraleja (Alcobendas), los agentes hallaron 9,5 millones en metálico «ocultos detrás de una pared». El tribunal le impone la multa más alta, de 69 millones.