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La lista de altos cargos sospechosos de blanqueo superará los 750

El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, ha dicho hoy que su departamento maneja «la repera patatera» de datos sobre defraudadores de Hacienda

El Gobierno quiere mitigar el impacto del «caso Rato» mediante la dilución del escándalo en una lista aún más larga de altos cargos del Estado sospechosos de blanqueo. Esta medida supondrá un fuerte impulso a la lucha contra el fraude, una de las banderas que más enarbola el Ejecutivo, pero también significará un golpe aún mayor sobre el sistema nacido bajo el paraguas de la Constitución de 1978, ya que afectará tanto al PP como al PSOE. De esta forma, las futuras investigaciones dejarán corta la actual sospecha que pesa sobre 715 funcionarios con marcado carácter «político», la última estimación que el director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, anunció ayer que se acogieron a la amnistía fiscal decretada en 2012. «Y seguimos investigando», apuntó con suspense Menéndez, que dijo que Hacienda ya ha remitido esos casos al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente de Economía.

Según los cálculos preliminares y las propias previsiones de Hacienda, la polémica «declaración tributaria especial» (DTE o modelo 750) pudo dar cobijo a más de 750 contribuyentes –entre ellos, el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato– sospechosos de haber cometido delitos económicos distintos de los puramente tributarios, según informaron fuentes cercanas a la investigación a LA RAZÓN.

En términos brutos no parece una «brecha» significativa respecto a las cifras actuales, pero las mismas fuentes aseguran que la previsión es que la lista no parará de crecer en los próximos meses. El grupo investigado por supuesto blanqueo de capitales procedente del extranjero incluye tanto a altos cargos políticos –actuales y pasados– como a jueces, magistrados y hasta fiscales españoles.

En concreto, fuentes de Hacienda aclararon que los investigados responden al acrónimo de origen británico PEP (Personas con Exposición Política), y que la práctica totalidad de los integrantes de este rastreo tuvo relación laboral y económica dentro del sector público español.

Muchos datos de fraude

Menéndez evitó ayer mencionar explícitamente el «caso Rato» durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados. El director general de la AEAT explicó que la actual Ley General Tributaria –la nueva está en trámite parlamentario– no le permite «referirse a ningún contribuyente en concreto», y detalló que los datos sobre morosos y defraudadores de la Hacienda pública que maneja su departamento son «la repera patatera».

Menéndez destacó que la AEAT vela por el cumplimiento de la legalidad y añadió que el debate político no tiene que afectar a su trabajo. El director general de la Agencia Tributaria también aseguró que es consciente de que cada grupo –político– defiende sus propios intereses, frente a Hacienda que «sólo defiende los intereses de los españoles».

El portavoz socialista en la Comisión de Hacienda, el diputado Pedro Saura, arremetió con fuerza contra Menéndez al asegurar que su comparecencia fue «vergonzosa». Además, acusó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de enviarle como «cortafuegos» y de ocultar la lista de los que se acogieron a la amnistía fiscal. Además, Saura hizo una comparativa con el «caso Pujol» y se preguntó por qué en aquel caso había «alarma social y en el de Rato no la hay», en clara referencia a la pertenencia del ex vicepresidente del Gobierno al PP.

El portavoz de UPyD, Álvaro Anchuelo, apuntó otra crítica al director general de la AEAT, al que urgió a publicar cuanto antes los nombres de sospechosos de blanqueo de capitales bajo la amnistía fiscal. En su opinión, los españoles deben conocer antes de las elecciones si en las listas electorales figura alguno de los, hasta ahora, 715 altos cargos investigados por posible delito económico en el marco del modelo 750.

El diputado de Izquierda Plural Joan Coscubiela consideró que debía ser el ministro de Hacienda el que compareciera, pero que «parece que se ha acabado la chulería» con la que ha «presumido» en otras veces de tener información de contribuyentes.